La norma presidencial permite derribar aeronaves que sean «hostiles» o sospechosos de transportar drogas.
La oposición argentina criticó el decreto presidencial que declara la emergencia de seguridad pública por un año y que autoriza el derribo de aviones «hostiles», sospechosos de transportar droga.
«Las políticas de Estado en seguridad y lucha contra el narcotráfico no pueden salir por decreto sino por consenso de las fuerzas políticas», denunció la diputada progresista y excandidata presidencial Margarita Stolbizer en la red social Twitter.
«Aprobar por decreto el derribo de aviones es un enorme error institucional que puede tener consecuencias irreversibles. Mucho peor sin debate», agregó Stolbizer.
El exministro de Defensa kirchnerista Agustín Rossi, ahora diputado del Parlamento del Mercosur (Parlasur), sostuvo en declaraciones radiales que la autorización para derribar aviones «es una pena de muerte sin juicio previo».
«Primero matan y después preguntan. Otro de los ‘republicanismos’ de Macri», expresó irónicamente en Twitter el diputado del Frente de Izquierda y excandidato presidencial Nicolás del Caño.
Ante el aluvión de críticas, el secretario de Seguridad argentino, Eugenio Burzaco, aseguró que «solo en casos muy excepcionales se puede aplicar la instancia de derribo», ante un escenario que implique «una amenaza» para la población.
En diálogo con radio Diez, Burzaco señaló que el protocolo de actuación «consta de siete pasos que son previos al derribo» y afirmó que todos los países de la región tienen normas de protección del espacio aéreo.
La «Emergencia de Seguridad Pública», decretada ayer por el Ejecutivo del frente conservador Cambiemos, tiene como objetivo «revertir la situación de peligro colectivo creada por el delito complejo, el crimen organizado y el narcotráfico» y estará vigente por un año.
Entre las otras medidas contempladas por la emergencia está la creación del Gabinete de Seguridad Humana, que tendrá a su cargo «coordinar las tareas de las diferentes carteras» en lo que se refiera a la emergencia.
El decreto también autoriza al Ministerio de Seguridad «a convocar personal retirado de la Policía Federal, Prefectura, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que no hayan sido condenados por delitos de lesa humanidad, estén actualmente procesados penalmente o pasados a retiro por razones disciplinarias».
