Su abogada Ramni Taneja indicó que Verhoeven salió de prisión el pasado 2 de julio, una semana después de que el tribunal de primera instancia que la juzga decretase su libertad condicional, ya que su equipo tenía que realizar primero arreglos de «seguridad» y reunir el dinero para su fianza.
La exguerrillera francesa Marie Emmanuelle Verhoeven, alias «comandante Ana», reclamada por Chile por el asesinato de un senador en 1991, se encuentra en libertad bajo fianza tras 16 meses encarcelada en Nueva Delhi, donde tiene en marcha un proceso para decidir su posible extradición.
Su abogada Ramni Taneja indicó hoy a Efe que Verhoeven salió de prisión el pasado 2 de julio, una semana después de que el tribunal de primera instancia que la juzga decretase su libertad condicional, ya que su equipo tenía que realizar primero arreglos de «seguridad» y reunir el dinero para su fianza.
La cantidad fijada como pago es de un millón de rupias (unos 15.000 dólares), y la exguerrilera deberá además presentarse ante el juez el segundo y el cuarto lunes de cada mes, entregar su pasaporte al tribunal, no salir de Nueva Delhi sin permiso y obtener una dirección fija en la capital india.
Taneja se mostró optimista de que su libertad no ralentizará el proceso judicial, que estima se extenderá al menos «unos pocos meses», tras lo que la defensa todavía podría apelar en caso de que el juez decida extraditarla a Santiago.
La próxima vista del juicio tendrá lugar el 26 de julio.
Verhoeven fue detenida en febrero del pasado año cuando entraba en la India desde Nepal en base a una alerta roja de Interpol que ya había conducido a su arresto en Alemania un año antes, aunque Berlín decidió no extraditarla y la puso en libertad.
La procesada está acusada de haber participado en el asesinato del senador Jaime Guzmán, cometido el 1 de abril de 1991 en Santiago de Chile por un comando del ultraizquierdista Frente Patriótico Manuel Rodríguez, grupo que combatió con las armas contra la dictadura de Augusto Pinochet.
En su objeción a la extradición, la exguerrillera alegó ser «víctima de una venganza política» por parte del Gobierno de Chile en represalia por «haber defendido valientemente los derechos de los presos» durante su estancia en el país entre 1985 y 1995, cuando trabajó para la Administración Penitenciaria.
