Exagente DINA Raúl Iturriaga Neumann pide cumplir sus condenas en forma domiciliaria: son 530 años

La abogada que representa al exoficial de Ejército y miembro de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Raúl Iturriaga Neumann, Constanza Barrera Silva, solicitó a la ministra en visita para causas de violaciones de los derechos humanos de la Corte de Apelaciones de San Miguel, Marianela Cisternas, que le permita al exagente, de 88 años, cumplir en forma domiciliaria las condenas que enfrenta, atendiendo al delicado estado médico que les expone su representante.

Iturriaga Neumann suma 530 años de condena, en 42 causas judiciales. La última de ellas fue dictada el 15 de junio precisamente por la ministra en visita para causas de DDHH de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza, y dice relación con el asesinato en Washington DC de Ronni Karpen Moffitt, quien fue ejecutada en la capital de Estados Unidos el 21 de septiembre de 1976, cuando estalló una bomba en el auto en el cual viajaba junto al excanciller chileno Orlando Letelier y su esposo Michael Moffitt, quien fue el único sobreviviente de dicho atentado.

Según el fallo, Iturriaga era el jefe de la Brigada Mulchén de la DINA, a la cual pertenecía a su vez la agrupación Quetropillán, de la cual dependían, entre otros, Michael Townley, que fue quien instaló la bomba (así como la que mató a Carlos Prats y a la esposa de este, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires). La secretaria de la agrupación, Alejandra Damiani, dijo en el juicio que a su entender Townley recibió instrucciones e información de inteligencia acerca de Letelier de parte de Iturriaga, que a su vez daba cuenta a los coroneles Manuel Contreras y Pedro Espinoza, los máximos jerarcas de la DINA.

El fallo, que condena a Iturriaga a 15 años, señala en ese sentido que “la instrucción para ejecutar el hecho fue entregada por Pedro Octavio Espinoza Bravo, entonces Director de Operaciones de la DINA, a Michael Townley, conocido de Iturriaga Neumann y sugerido por este. Una vez puesto en marcha el plan delictivo, Raúl Iturriaga ejerció conducción, supervisión y enlace de las actividades que posibilitaron la consumación del atentado, pues fue él quien hizo llegar información de Orlando Letelier del Solar hasta el cuartel de la Agrupación Quetropillán, incluida la imagen fotografiada de la víctima”.

Asimismo, indica que José Zara Holger e Iturriaga “formaron parte de la estructura encargada de la planificación y análisis de las acciones realizadas en el exterior que culminaron con el atentado donde falleció Moffitt. Ellos, más Espinoza Bravo, estaban en una posición que permitió asegurar la preparación y ejecución del hecho delictivo sin interferencias externas, pues habían sido analizadas y neutralizadas previamente. Si bien los acusados no ejecutan el acto homicida de propia mano, este no les es ajeno, al contrario, es común a todos, pues conocieron cada uno de los desplazamientos de Townley en territorio norteamericano, quien les reportó los avances del plan hasta la muerte de Letelier, concretándose así el objetivo que se trazaron, que causó al mismo tiempo el fallecimiento de Ronni Moffitt”. 

En síntesis, la ministra señala que, a pesar del compartimentaje de la operación (es decir, la forma en que se fraccionó la información), “hubo concierto entre los acusados, por la posición que detentaban en la organización, lo que se concretó en el aporte funcional de Espinoza, Zara e Iturriaga al fin perseguido, en la forma detallada precedentemente, desde la ideación hasta el resultado producido”.

Además de ese caso, Iturriaga ha sido condenado por los crímenes de Carlos Prats y Sofía Cuthbert, por varios homicidios cometidos en el contexto de las operaciones “Colombo” y “Cóndor”, por el homicidio del diplomático español Carmelo Soria, asesinado en el cuartel de la Agrupación Quetropillán (la casa de Lo Curro donde Townley vivía con su esposa, Mariana Callejas, y sus hijos) y por una serie de otros secuestros y homicidios.

Cabe indicar que respecto del crimen de Moffitt están pendientes peticiones de extradición a Estados Unidos respecto de Michael Townley y del también exagente de la DINA Armando Fernández Larios.

Ambos cooperaron con la justicia estadounidense en sus investigaciones respecto del atentado contra Letelier y cumplieron penas menores (cuatro años Townley y cinco meses Fernández). Este, luego de ello, se quedó viviendo en Estados Unidos, como parte de un convenio que firmó con el Departamento de Justicia de ese país.

En 2003 incluso perdió un juicio civil a que fue sometido allá, por el homicidio de una de las víctimas de La Caravana de la Muerte,Winston Cabello, pero pese a ello vivió sin mayores sobresaltos hasta que a fines del año pasado fue detenido en Miami por ICE (la policía migratoria) y exhibido como de los peores criminales latinos arrestados en ese país. 

Tras varios meses en un centro de detención, presentó un recurso de amparo y quedó en libertad, pero citado a una audiencia ante una corte de migraciones el 5 de agosto pasado. No obstante, la audiencia se reagendó para diciembre, sin que hasta este momento se sepa si Fernández se quedará para siempre en EE.UU., si será extraditado a Chile o, bien, si será expulsado hacia algún país africano, como lo está haciendo Estados Unidos respecto de muchos latinos.

Cabe indicar que, previo al crimen de Letelier, Fernández Larios viajó a Washington a hacer tareas de inteligencia respecto del excanciller chileno, junto a la agente de la DINA Mónica Lagos Aguirre, quien usaba la chapa de “Liliana Walker”, cuando formaba parte de la Brigada Femenina de la DINA, y quien luego cambió su nombre a “Paula Anik Kaister de Dior”. 

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La petición

Según la representante legal de Raúl Iturriaga Neuman, el 18 de agosto pasado este fue sometido a una revisión completa por parte del médico jefe del Departamento Clínico del Servicio Médico Legal, luego de haber estado internado durante 22 días en el Hospital Militar. Dicha revisión evidenció –indica la presentación realizada ante la ministra Cifuentes– que el exmilitar “presenta enfermedades crónicas graves avanzadas y terminales con un compromiso físico general severo” y que “se encuentra en riesgo vital permanente, con un pronóstico de vida limitado con una posible muerte súbita”.

La abogada Barrera explica que su defendido no es autovalente y que “no se encuentra en condiciones físicas compatibles con la vida en prisión”, entre otras cosas porque afirma que necesita atención médica durante las 24 horas del día, así como asistencia inmediata “en caso de descompensación”, estando además sometido a un régimen alimenticio muy estricto, debido a sus dolencias, lo que incluye consumir solo alimentos desmineralizados.

En función de lo anterior, la abogada solicitó que se ordene “que mi representado cumpla la pena que le fue impuesta en su domicilio, al cuidado de familiares, para así evitar someterlo a una pena cruel, inhumana y degradante, por las razones explicadas anteriormente y asegurar que este no muera en condiciones inhumanas”. 

Asimismo, pidió que, si no se accede a lo anterior, que “al menos se suspenda el cumplimiento de sus penas, de manera temporal, hasta que algún centro de cumplimiento penitenciario tenga los medios y el personal para asegurar la sobrevida de una persona en las condiciones de salud de mi defendido”.

Cabe indicar que el año pasado la defensa del exagente había efectuado una solicitud semejante a la jueza Plaza, quien rechazó la petición exponiendo que Gendarmería brindaba la atención médica requerida.

Ante ello, su abogada apeló de la decisión, la que fue finalmente confirmada por la Corte Suprema.

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