Mientras el proceso avanza, el juez decidió enviar a la cárcel al subcomisario Luis Fernando Pérez Borja y la subinspectora Lucinda Marroquín Carrillo, ambos de la Policía Nacional Civil, y a Brenda Chaman Pacay, extrabajadora de la Secretaría de Bienestar Social.
El titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal de Guatemala, Carlos Guerra, decretó este sábado prisión preventiva para tres de los cinco funcionarios públicos procesados por la muerte de 41 niñas en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción el 8 de marzo.
Se trata del subcomisario Luis Fernando Pérez Borja y la subinspectora Lucinda Marroquín Carrillo, ambos de la Policía Nacional Civil, y Brenda Chaman Pacay, extrabajadora de la Secretaría de Bienestar Social (SBS) de la Presidencia, el organismo que está a cargo de los albergues de menores públicos del país centroamericano.
El trío fue detenido el 12 de junio junto a Harold Augusto Flores, procurador de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría General de la Nación (PGN), y Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, quienes también se encuentran imputados.
Chaman Pacay y Flores están acusados de homicidio, Castro Gutiérrez de negligencia, y Pérez Borja y Marroquín Carrillo enfrentan cargos de abuso.
Además de estos cinco imputados, hay otros tres funcionarios señalados de homicidio culposo por el caso: el exsecretario de Bienestar Social Carlos Rodas, quien fuera su suplente, Anahí Keller, y el exdirector del refugio, Santos Torres, quienes fueron detenidos en marzo.
De hecho, a la subinspectora Marroquín se la señala de haber sido la persona que tenía la llave del aula en el que fueron encerradas 56 menores tras una rebelión, el mismo en el que se originaron las llamas.
Según la fiscalía, la agente policial se negó a abrir la puerta a las adolescentes, a pesar de que una de ellas había prendido fuego a un colchón «para llamar la atención y lograr que las liberaran».
De acuerdo a la acusación, la puerta fue abierta nueve minutos después de que se hubiera iniciado el fuego y esa tardanza hizo que 17 de las niñas quedaran calcinadas.
El resto falleció en los días consiguientes.
Durante la audiencia, la subinspectora declaró ante el juez que ella no es un «monstruo», tal como a su juicio quiere hacer ver la fiscalía y se llegó a calificar de «héroe», dado que, según recalcó, si no fuera por ella que abrió la puerta no habría ninguna adolescente viva.
El refugio empezó a funcionar en El Platanar, en San José Pinula, a 23 escasos kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala en junio de 2010, durante la presidencia del Álvaro Colom.
Y ya antes de la tragedia del 8 de marzo, contaba con un historial que incluía un asesinato, violaciones y maltratos, y las fugas eran recurrentes.
