Dos días después del indulto, han presentado su renuncia el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.
El indulto del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori por Navidad comenzó hoy a cobrar sus primeras consecuencias, como las renuncias de funcionarios y congresistas y las primeras acciones de organizaciones de derechos humanos para devolverlo a prisión.
Dos días después del indulto y derecho de gracia a Fujimori, presentaron su renuncia el director general de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, Roger Rodríguez; el secretario técnico de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel sobre Paz, Reparación y Reconciliación (CMAN), Daniel Sánchez; y la responsable del Programa de Reparaciones Simbólicas de esa comisión, Katherine Valenzuela.
En sus cartas de renuncia, publicadas por el diario La República de Perú, Rodríguez manifestó que Fujimori «no calificaba para la concesión de un indulto humanitario», mientras que Sánchez señaló que le resulta «insostenible permanecer en la institución y, en un contexto así, vergonzoso, representar a una oficina que dialoga permanentemente con las víctimas».
Durante el día también formalizó su renuncia a la bancada del oficialismo el legislador Alberto de Belaúnde y se espera que en los próximos días lo hagan Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa.
Por su parte, la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) que solicite al Estado peruano información sobre el indulto y derecho de gracia otorgados a Fujimori y que convoque a una audiencia pública de supervisión de cumplimiento de condena.
Aprodeh hizo la solicitud como representantes de las víctimas del caso La Cantuta, uno de los procesos por los que Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel en 2009.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL) y quien defendió a los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, informó hoy que se ha hecho llegar un informe a la Corte IDH sobre el «ilegal indulto» al exmandatario y solicitó una audiencia de supervisión de cumplimiento de condena.
