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Créditos: DW
Manifestantes se reunían este jueves frente al Palacio Legislativo para la llamada «Toma de Lima», que rechaza la petición de despido del presidente Pedro Castillo, y exige una nueva constitución política.
La marcha ha sido convocada por organizaciones sociales, sindicales y políticas que rechazan la actuación de la oposición política al presidente Pedro Castillo y está programada para comenzar desde las 15.00 hora local de este jueves, con concentraciones en las céntricas plazas 02 de Mayo y San Martín.
Sin embargo, algunos manifestantes comenzaron a llegar horas antes hasta las cercanías al Parlamento, donde un cordón policial les impidió el paso y se generaron enfrentamientos que incluyeron el uso de gases lacrimógenos.
La Policía intervino para desalojar a grupos que ocuparon uno de los carriles de la avenida Abancay y también se vio un incremento de agentes antidisturbios, que cerraron el paso por las calles más cercanas al Palacio Legislativo.
El Congreso, que domina la oposición política, decidió este 10 de noviembre suspender el pleno previsto para este jueves ante posibles «actos de violencia» durante la manifestación, según señaló en un comunicado el oficial mayor del Legislativo, José Cevasco.
A pesar de ello, el Palacio Legislativo inició sus actividades de este jueves con normalidad y varios congresistas llegaron para participar en reuniones de bancadas y de los grupos legislativos.
El parlamentario José Cueto, del partido ultraconservador Renovación Popular, señaló que no creía «necesario que se detenga la labor del Congreso» y que la decisión de suspender el pleno se tomó para «proteger sobre todo la seguridad del personal» de trabaja en el lugar.
La convocatoria a la movilización ciudadana también se muestra en contra de la nueva moción de vacancia (destitución) presidencial que están preparando en el Parlamento varios grupos de la oposición y pide la renuncia de la Fiscal General de la Nación, Patricia Benavides.
En octubre pasado, la fiscal Benavides presentó ante el Congreso una denuncia constitucional por presunta corrupción contra Castillo, quien niega todas las imputaciones, que también salpican a varios miembros de su Gobierno y de su entorno familiar más cercano.
