Una vez el Presidente de la Corte Suprema, don Israel Bórquez exclamó: «Me tienen curco con los desaparecidos». Muchos años después es pertinente replicar: «Nos tienen curcos con Pinochet». Este general, prócer libertador para algunos, dictador asesino para otros y viejo majadero para una mayoría, ya ha copado el límite de cobertura de prensa que alguien pueda sostener. Su persona sólo interesa a su familia y a un grupo de amigos; es un anciano, que de ser más atinado ya habría muerto.
El cliché de la verdad histórica ha aparecido desde el megáfono de los conocidos de siempre, en defensa de intereses que nadie ataca, ni menos amenaza. El diagnóstico de esta dolencia debería ser objeto de exámenes médicos para determinar si es paranoia u odio crónico. La historia, como disciplina académica seria, se lleva a cabo con objetividad, documentación y fría distancia de los hechos que se analizan. Este análisis se efectuará válidamente en cincuenta años más, por lo menos.
La crónica contemporánea sólo puede destacar hechos incontrovertibles, que aún así la historia puede sopesar de una forma diferente a las percepciones actuales que contienen, inevitablemente, una carga emocional. Entre tales hechos podemos destacar que el gobierno, o desgobierno, de la Unidad Popular fue el más estrepitoso de los fracasos, tanto para sus actores y partidarios a quienes les tocó sufrir el extremo rigor de sus consecuencias, como para la nación chilena que estuvo al borde de la ruina. La administración de Salvador Allende jamás asumió su condición de minoría, intentando llevar a cabo una revolución sin apoyo popular y desviada de la tradición democrática nacional. La lista de sus errores es vasta, casi un modelo de teoría política de aquello que es preciso evitar, entre ellos la violencia verbal y algo de la otra también.
Sin embargo, como dijera Ricardo Lagos cuando aún era candidato: «Los errores no justifican los horrores». De que hubo horrores en el régimen de Pinochet no cabe duda. Baste citar que parte de la defensa del general ante el proceso de desafuero se sustentó en la admisión de homicidios para descartar la tesis del secuestro. Desde cualquier punto de vista civilizado es inadmisible e injustificable cualquier despliegue de violencia ilegal perpetrada por agentes del Estado. Si hubo guerra, tesis muy cuestionable después del 14 de septiembre de 1973, se procedió de manera gangsteril, ocultando cadáveres y mintiendo descaradamente, sin respeto alguno por las convenciones internacionales suscritas por el Estado chileno. No olvidemos que después de la caravana de la muerte este proceder criminal continuó durante largos años. Causa espanto pensar que mientras el ministro Hernán Buchi -persona irreprochable desde todo punto de vista- conducía la hacienda pública de manera brillante, la otra cara del régimen militar era capaz de montar la «Operación Albania» para asesinar a doce rodriguistas, haciendo aparecer a éstos como caídos en un entrenamiento. Digno de historias de gangsters.
Parte de la verdad histórica puede ser que la Derecha chilena le dio un cheque en blanco a los militares, y que éstos, encabezados por un hombre sediento de poder y grandes dotes de sobreviviente tuvo «chipe libre» para disparar desde la oscuridad, a espaldas del país y de tanto civiles íntegros y capaces que colaboraron con su gobierno, quienes sólo recientemente se han enterado, más allá de toda duda razonable, de la cara criminal del régimen que apoyaron. Si había que romper huevos para hacer la tortilla, faltó coraje, hombría y decencia para hacerlo de cara al país y el mundo.
