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El meollo del debate actual

Manuel Antonio Garretón
Por : Manuel Antonio Garretón Doctor en Sociología, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Laboratorio de Análisis de Coyuntura Social Departamento de Sociología Universidad de Chile
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¿Cuales son los principales hechos en el plano político en los últimos meses y qué relación puede existir entre ellos?



En primer lugar, están los resultados y las consecuencias de las elecciones municipales.



Aquí el debate interesado y las aprensiones de unos y otros han oscurecido los hechos básicos. El primero es la alta votación, y la politización de ésta en términos de los grandes números.



La gente votó políticamente, castigando a quienes a su juicio no lo habían hecho bien y apoyando en general a quienes tenían trayectoria política, rechazando a quienes no tenían estos antecedentes. El mejor ejemplo lo constituye la elección de Santiago, donde se votó por un candidato, Joaquín Lavin, que había perdido su primera elección hace varios años por ser considerado un advenedizo. Ahora se le reconoce su carácter de político y se le prefiere frente a alguien que no tiene ningún antecedente en este campo.



Hay muchos otros ejemplos de quienes habían perdido elecciones previas por presentarse como provenientes de otros campos de la vida social, apolíticos o independientes y ahora se asumieron política y partidariamente y triunfaron.



Triunfo de la Concertación



El segundo es el resaltante triunfo de la Concertación y la derrota de la derecha en relación tanto a los resultados mismos como a los obtenidos en la última elección presidencial.



Comparadas con las elecciones municipales anteriores, la derecha sube su porcentaje, pero baja en relación a las presidenciales y queda con doce puntos menos que la Concertación. Esta se mantiene cercana a su promedio histórico, baja en relación a las elecciones municipales anteriores, sube en relación a las presidenciales y mantiene una muy cara ventaja sobre la coalición adversaria.



Los triunfos específicos de la derecha en varias municipalidades se deben a su buen aprovechamiento del sistema electoral, a negligencias dentro de la Concertación y, en ningún caso, desmienten estos hechos básicos. Por el contrario, los refuerzan.



Sin embargo, la estrategia comunicacional de la derecha y los errores de apreciación de la Concertación invirtieron esta realidad, creando la imagen de un gran triunfo de la derecha y la inminencia de una victoria en las elecciones presidenciales próximas.



El segundo conjunto de hechos se refiere a la cuestión de la justicia y reconciliación en materia de la violación de derechos humanos bajo la dictadura militar, donde los aspectos más resaltantes son el juicio por el asesinato del general Prats, en el que aparece involucrado Pinochet en los tribunales argentinos, el enjuiciamiento de un general activo por su participación en el asesinato de Tucapel Jiménez y su renuncia al Ejército.



Asimismo, forman parte de este problema las presiones del mundo empresarial y de la derecha para obtener impunidad y las declaraciones equívocas de personeros del gobierno en esta materia, la desclasificación de nuevos antecedentes por parte del gobierno norteamericano, las iniciativas de reconciliación de la Iglesia y el clima generado en torno a ello y el cierto distanciamiento que ha hecho el Ejército respecto de su previa actitud de defensa irrestricta de los crímenes y violaciones de derechos humanos en los que participó institucionalmente.



Consecuencias



Todos estos hechos prueban dos cosas. Primero, los temas de derechos humanos no son del pasado, sino que son candentes en el presente. Además, configuran todos los temas del futuro, por lo que no cabe ni «dar vuelta ninguna hoja» ni repetir que el país no quiere mirar el pasado sino el futuro.



El país quiere el término de la impunidad y justicia sobre el pasado para seguir existiendo como tal. Y en esto el Estado no puede ser neutro y asegurar sólo que formalmente «funcionen las instituciones»: debe dar una señal en el sentido que se haga efectivamente justicia.



Segundo, mientras más rápido y globalmente procedan los tribunales a enjuiciar y castigar si corresponde a todos los involucrados, más tranquilidad habrá, pues las Fuerzas Armadas no defenderán a los que están en retiro y los activos procederán, según la nueva doctrina, a renunciar a sus puestos.



Normativa e institucionalidad



En tercer lugar, todo lo ocurrido con la normativa e institucionalidad del actual régimen democrático, en especial el Estado, que va desde el tema de las idemnizaciones, pasando por actuaciones legales pero ambiguas en su ética de altos funcionarios; la presión indebida sobre los tribunales y la actuación errática y arbitraria de éstos al castigar sin juicio previo a unos de sus miembros; la incapacidad del Congreso de ejercer sus funciones y la frivolidad de algunos de sus miembros respecto del presupuesto en el caso de la Universidad de Chile, por nombrar sólo algunos los hechos en este campo, hablan de una profunda crisis no del régimen democrático, sino en él, de la mayor parte de sus instituciones.



Las reformas políticas y de la institucionalidad del Estado para asegurar el papel dirigente de éste, su control por parte de la ciudadanía y su capacidad de regular la economía, donde crecimiento y desarrollo e integración social se han separado definitivamente, son el meollo de cualquier proyecto del gobierno y los partidos que lo apoyan.



Derecha sin proyectos



En cuarto lugar, está la reacción de los actores políticos frente a todos estos hechos. Por el lado de la derecha, respaldada irrestrictamente por el grueso del sector empresarial, no hay -contrariamente a lo que se ha dicho- ningún proyecto propio de país.



Hay una sola meta a la que subordina todo, de ahí su relativa eficacia y aparente coherencia y unidad: ganar a toda costa las próximas elecciones presidenciales y el gobierno. Para ello, una sola estrategia: desprestigiar todas las instituciones del Estado y, especialmente, la actividad política. Ninguna idea seria sobre nada, ningún proyecto, total irresponsabilidad frente al futuro del país. Por ello no parece, como piensan muchos, que este sector vaya a tener grandes éxitos hacia adelante.



A su turno, el Gobierno no ha podido plasmar aún el indiscutible liderazgo presidencial en un proyecto con horizonte, metas y políticas coherentes y se ha enredado en una política principalmente comunicacional, no comunicativa, y de cálculos reactivos frente a la coyuntura y los poderes fácticos. Y la Concertación ha equivocado el debate entre autoatisfacciones y autocríticas, a veces apocalípticas y otras veces puramente tácticas.



El gran mérito del documento de Ominami y Joignant es que, más allá de cuestiones adjetivas y apreciaciones muy discutibles, señala tres cuestiones fudamentales que deben ser abordadas por el gobierno y la Concertación: Una, las carencias de un proyecto en el sentido antes indicado; la segunda, que tal carencia los deja entregados a la estrategia de despolitización por parte de la derecha y a las presiones empresariales, y la tercera, la necesidad de reconfigurar las identidades políticas, única manera de responder a la ofensiva anti-política de la derecha y al desperfilamiento político de la Concertación.



Lo que está en juego



Lo que está en juego, entonces, es la reformulación de un proyecto, del gobierno y los partidos que lo apoyan, que más allá de problemas y cálculos inmediatos devuelva al país su carácter de comunidad política y no de una suma de poderes fácticos, mercados, estrategias comunicacionales o individuos agresivos y «emprendedores».



Esto supone priorizar la política y la reforma de las instituciones, de modo de asegurar el rol dirigente del Estado, su regulación de la economÄ›a -como ocurre en todos los países desarrollados que hoy se alejan del la perversión de modelo liberal o neo-liberal-, el fortalecimiento de los partidos y de los actores de la sociedad.



Cualquier cosa en contrario significaría el predominio de quienes en la derecha, el centro o la izquierda siguen siendo nostálgicos trasnochados del neo-liberalismo privatizador que imperó por muchos años en Chile.



Sólo a partir de un proyecto serio y coherente en esta materia, defendido sin temores, no sólo se tendrá éxito electoral y politico, sino que podrá tenerse una política con raíces sólidas y no sometida a embates coyunturales frente a los problemas específicos inmediatos que afectan a la gente.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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