No nos sorprende la reacción del Colegio Médico de Chile en respuesta al informe preparado por la Comisión Interministerial de la Reforma y que fue dado a conocer a la prensa por el propio Colegio.
La propuesta que ahí se señala contiene aspectos muy importantes referidos al control del trabajo funcionario en los hospitales públicos, sin embargo esta materia siempre ha sido muy conflictiva para el Colegio Médico y así quedó demostrado en el comunicado de prensa emitido por dicha agrupación gremial.
Del mismo modo, esa agrupación se ha referido al trabajo de los consultores de la Cepal que elaboraron el informe sobre productividad del sistema público de salud.. El informe de Tokman y Rodríguez, si bien pudiera contener algunos errores metodológicos, no hace más que confirmar lo que todos saben respecto del funcionamiento de los hospitales públicos, especialmente de los de la Región Metropolitana y que debemos todos esforzarnos por mejorar.
La solución del problema que enfrenta la salud comienza por aceptar las deficiencias en ambos sistemas, público y privado, en vez de negarlas. Al respecto, las Isapres ya están haciendo una profunda revisión con sentido autocrítico para solucionar definitivamente problemas tales como las enfermedades catastróficas y la tercera edad.
Por otra parte, el sector privado está profundamente preocupado por alguna de las medidas contempladas en la reforma. En efecto, reconociendo los buenos propósitos del gobierno, el traspaso de 3 puntos de la cotización de salud para constituir un fondo solidario, lo que representa un 43% de los recursos que los trabajadores aportan a las Isapres, produciría un impacto tal en el sistema privado que podría significar reducir su tamaño a un tercio del actual.
Se ha insistido en hablar del subsidio de ricos y pobres. Sin embargo, tal reforma solidaria no afectará a los ricos precisamente, sino que los más perjudicados serán los trabajadores de clase media. En efecto, el 80% de los trabajadores del país que pertenecen a Isapres con rentas de $300.000 a $800.000 serán los grandes perjudicados. Negar esto es inútil, los resultados hablan por sí solos.
La portabilidad de los subsidios no compensará el impacto que se produciría en el sector privado, imposible de compensar en un plazo breve de tal forma de mantener funcionando adecuadamente el sistema de Isapres y el sistema prestador privado. Los ingresos de los médicos, asimismo, sufrirían un fuerte impacto debido a la incapacidad de pago que tendría el ente financiero.
Todos conocemos el financiamiento capaz de entregar Fonasa en la modalidad de Libre Elección, el que a diferencia del sistema Isapre que financia el 83% del monto de las intervenciones quirúrgicas, solo es capaz de contribuir en promedio con el 10% del costo de dichas prestaciones a valores reales en clínicas privadas, según lo señala un reciente estudio publicado por la Universidad de Chile.
Finalmente, pretender que el gobierno analice técnicamente el problema en los plazos previstos es simplemente imposible. Es inevitable la politización del tema dada la cercanía de las elecciones parlamentarias. En efecto, el populismo y la demagogia se alimentan provechosamente de los temas de salud. Por lo mismo, creemos conveniente que no se considere la discusión de este problema antes de las próximas elecciones y menos aún sin antes haber logrado consensos adecuados entre todos los actores del sistema.
El sector privado está dispuesto a participar, a colaborar, a entregar su experiencia, sus conocimientos técnicos y su know how para una discusión profunda, seria y reposada de lo que hay que hacer con la salud de este país. No desaprovechemos la oportunidad de hacer algo en serio por el bienestar de los chilenos.
* El autor es presidente de la Asociación de Isapres de Chile A.G.
