Los Servicios de Inteligencia en un Estado moderno deben estar sujetos al más firme control democrático y a la más eficiente y transparente forma orgánica. La responsabilidad por su funcionamiento siempre es política y, tratándose de un servicio público relacionado permanentemente con los derechos constitucionales de las personas o la seguridad del Estado deben expresar, por definición, una política de Estado.
La inteligencia no es un asunto exclusivo del ámbito de la defensa o de la seguridad interior, sino de la capacidad estratégica de un Estado para generar adecuados soportes de información a sus decisiones más difíciles, y desarrollar una capacidad anticipatoria o de prevención en su prospectiva estratégica como país. Y como en determinadas circunstancias puede llegar a ser muy intrusiva de la privacidad o derechos de las personas, su funcionamiento debe ser estrictamente apegado a la legalidad.
Por ello es inexcusable la irresponsabilidad con la cual la UDI ha enfocado el problema de inteligencia ilegal que se estaría produciendo en el país. Más aún, su intento por desviar la atención del tema de fondo acusando al Ministro del Interior de intentar una maniobra distractiva, típica de época electoral, es francamente lesiva para la seguridad del Estado.
Para un debate positivo, lo esencial es que en materia de inteligencia Chile presenta dos problemas fundamentales. El primero es que no existe un consenso entre las elites para generar una política de Estado que, entre otras cosas, dote de una adecuada forma orgánica a los servicios respectivos. Lo segundo, es que se ha hecho un hábito en la derecha política usar las excrecencias que en esta materia dejó la dictadura para resolver sus problemas de liderazgo, sin consideración de ninguna especie por la salud institucional del país.
La solución del primero de esos problemas debiera generar también la eliminación del segundo, en la medida que un consenso sobre la materia implicaría terminar con el entontecimiento político que exhiben los líderes de la UDI a la hora de abocarse a los problemas de Estado, y comprometerlos en propuestas positivas.
Por otra parte, antes de enviar una ley al Congreso, el Gobierno debiera enfocarse a una gestión política de alto nivel que defina el marco consensual en que el tema será tratado en las instancias legislativas. En este tipo de materias los acuerdos prelegislativos son fundamentales para no transformar un objetivo de interés nacional, como es una legislación sobre Servicios de Inteligencia, en un botín a disposición de cualquier interés menor que pudiera surgir en el debate.
¿Qué hacer?
El consenso debe buscarse en torno a ideas claras y simples. Siempre resulta impresionante hablar de un sistema de inteligencia nacional, y dibujar soluciones perfectas para el futuro. Sin embargo, la realidad obliga a reconocer que en este campo no es posible avanzar ex – novo, como si nada existiera, sino que lo que corresponde es adoptar un conjunto de medidas que apunten a coordinar de manera eficiente lo existente, y a poner una perspectiva de cambio gradual e incremental de las instituciones de inteligencia hacia un sistema eficiente y moderno.
La primera distinción que se debe hacer es entre inteligencia exterior e inteligencia para la seguridad interna y el orden público. La primera corresponde al ámbito de lo que normalmente hacen las fuerzas armadas. La segunda es inteligencia netamente policial.
Sin embargo, vivimos en un mundo que desafía los límites claros y exactos. El paso de la seguridad dura, es decir aquella regida por la lógica de la guerra, a la seguridad blanda en la agenda de riesgos o amenazas para los países, significa que temas como el narcotráfico, el terrorismo internacional o el crimen organizado implican desarrollos y coordinaciones superiores en este campo.
Por ello lo lógico es pensar en un sistema que tenga dos niveles. Un primer nivel donde se realizaría la Coordinación General de Inteligencia, de directa dependencia presidencial, con dos comités o directorios. Uno permanente al cual concurrirían todos los organismos vinculados operativamente al tema y se verían los temas dela agenda regular de trabajo. Y un comité ampliado al cual se agregarían representantes de otros ámbitos del Estado, como por ejemplo el Congreso, la Corte Suprema, el Fiscal Nacional y el Fiscal Nacional Antidrogas (no existe). En este Comité se deberían repasar las orientaciones de política en torno al tema, particularmente en aquellas materias que requieren intercambio de información y coordinación finas.
En este primer nivel lo importante es el Comité Permanente, cuya composición aproximada podría ser con los Comandantes en Jefe de las ramas de las Fuerzas Armadas, los Directores Generales de las policías de Carabineros e Investigaciones, el Director de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (no existe), el Director de Inteligencia Policial (no existe), el Ministro del Interior, el Ministro de Relaciones Exteriores, el Ministro de Defensa y el Ministro de Justicia.
Al frente de este primer nivel debiera haber un Director General de Coordinación en Inteligencia, de directa dependencia presidencial, que puede ser un civil o un uniformado que no esté en servicio activo. A su servicio debiera tener una Secretaria Técnica, de personal reducido pero que cumpliera tres misiones esenciales: auditoría interna de todo el sistema de inteligencia, estudios y planificación estratégica y administración.
Esta Secretaría Técnica entregaría la asesoría que el Presidente requiera en la materia, bajo directa responsabilidad del Director General de Coordinación. Una parte importante de esta secretaría podría obtenerse de la Dirección de Seguridad Pública actualmente existente, con un adecuado soporte legal y una recalificación orgánica y funcional.
El segundo nivel debiera estar formado por dos subsistemas. Uno de inteligencia exterior y otro de inteligencia policial. El de Inteligencia exterior debiera apuntar gradualmente a un mando único en el futuro, y a ser un servicio del Ministerio de Defensa, directamente vinculado al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, institución que actualmente no existe. Mientras se crea, puede operar como una coordinación de los servicios de inteligencia de las ramas de las Fuerzas Armadas, con un secretario técnico rotativo de entre ellas, con un funcionamiento muy parecido al actual.
Lo mismo debiera ocurrir con el subsistema de inteligencia policial en cuanto a mando y organización, con una dependencia del Ministerio del Interior, con todas las coordinaciones que sea pertinente hacia otras instancias del Estado. Este subsistema es el que debiera desarrollar todo el trabajo de seguridad blanda, es decir de los temas como el narcotráfico, terrorismo o crimen organizado, sin perjuicio de las coordinación de información e incluso de sostén operativo que normalmente se precisa de las fuerzas armadas.
En todos los sistemas modernos en esas materias, las fuerzas armadas han jugado un papel importante en el sostén tecnológico y en la formación profesional en muchos ámbitos, y se les reservan roles específicos en casos especiales.
Un esquema como el señalado obliga a una discusión política de los principios y valores que deben orientar una reforma en este campo. Desde la necesidad de proteger y respetar los derechos individuales hasta la de alcanzar un adecuado equilibrio entre control democrático y reserva o secreto de la actividad. Por ejemplo aquí debiera vincularse el derecho de habeas data (información sobre las personas que maneja el Estado) consagrado en modernas legislaciones.
Entre los principios de orientación en materia de inteligencia está, además de garantizar los sistemas de control, el de no mezclar las funciones de recopilación y procesamiento de inteligencia con potestades operativas. Es en este sensible punto donde se producen al interior de las organizaciones de inteligencia muchos problemas, generalmente relacionados con excesos frente a los derechos individuales. Siempre debe existir, al interior de la organización, un interfase que permita la adecuada correlación y equilibrio entre análisis y acción operativa.
Como se ve, el tema puede llegar a ser muy complejo, tanto desde el punto de vista práctico como valórico, por lo que requiere de una actitud política seria y responsable para avanzar positivamente en él.
Cuando en un tema de esta complejidad un dirigente político, de donde quiera que sea, justifica o encuentra lógica la existencia de bandas ilegales que se dediquen a generar información de inteligencia para intervenir la vida política de un país, resulta más que grave. Pues se está poniendo en riesgo la seguridad del país, la salud de las instituciones y lo que es más, dejando en evidencia su debilidad democrática, que lo transforma en blanco a seducir para las organizaciones criminales.
