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Cómo resolver un conflicto de intereses entre vecinos

Estamos en Vitacura ante un típico conflicto de intereses entre vecinos, situación que debe ser resuelta por los mecanismos de mercado, conjugados con la equidad social y equilibrios ambientales.


La Municipalidad de Vitacura ha informado públicamente a sus 80 mil vecinos que su oficina de Asesoría Urbana ha iniciado la modificación al Plan Regulador Comunal (vigente desde hace dos años) en lo concerniente a aumentar las normas de edificación del cuadrante conformado por la avenida Kennedy y calles Benito Juárez, Fernando de Arguello y Padre Hurtado.



Este sector pertenece a la zona de influencia de la antigua y respetable Villa El Dorado y por ello estaban presentes los vecinos de ambas zonas en la acalorada audiencia pública llevada a cabo en días pasados en la sala de sesiones de dicho municipio.



La Villa El Dorado está formada por unas 400 viviendas unifamiliares de clase media, y su territorio es de densidad baja (altura máxima de edificación de dos pisos), criterio que sus dirigentes vecinales defienden ante el municipio. Sin embargo el sector colindante, el que se piensa modificar, tiene una norma urbanística que permite la construcción de edificios de hasta ocho pisos. Los propietarios que viven aquí desean que el municipio aumente aún más esa altura para que así las inmobiliarias se interesen en adquirir sus predios.



Hoy, de acuerdo a los precios del suelo que se barajan, no es atractivo construir edificaciones de ocho pisos porque los niveles de rentabilidad son modestos (?), según nos han manifestado algunos agentes inmobiliarios.



Como se comprenderá, la audiencia fue en extremo apasionada. Algunos vecinos sostenían que no era ambientalmente sustentable el cambio ad portas (por fuerte reducción de áreas verdes, tala generalizada de frondosos árboles y por el incremento en los flujos vehiculares en su zona netamente residencial). No se mostraban dispuestos a asumir los perjuicios sociales que iba a generar el aumento de densidad poblacional del área colindante.



Los otros, los de la iniciativa para impulsar la modificación, entregaron argumentos para hacer valer sus expectativas de buenos negocios, ya que consideraban legítimo el deseo de obtener una mejor plusvalía por su terreno y la posibilidad cierta de venderlo en el corto plazo.



De lo anterior se infiere que estamos ante un típico conflicto de intereses entre vecinos, situación que debe ser resuelta por los mecanismos de mercado, conjugados con la equidad social y equilibrios ambientales. Lo precedente lo podríamos asociar a la fórmula integradora de factores en la búsqueda del denominado desarrollo humano.



Si de modificaciones se trata, somos partidarios de determinar el valor promedio del suelo con la actual normativa y llevarlo a los distintos escenarios posibles (mayores coeficientes de constructibilidad, altura máxima de edificación y otros parámetros) y la diferencia de precio debería ser compartida por ambas partes.



Si las directivas de ambos grupos no llegan a un acuerdo, como nosotros creemos, queda como legítimo recurso el plebiscito, contemplado en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Esta es la herramienta jurídica que permite zanjar los conflictos entre vecinos que piensan de manera diferente.



Lo que sí está claro es que se debe proceder de cara a la comunidad, y lo que se resuelva debe ser aceptado por la mayoría de los vecinos interesados, por estar involucrados unos (los que buscan la ganancia patrimonial) y por estar afectados otros (los que desean mantener las condiciones de regulación actuales). Mientras tanto, se debe paralizar el proceso municipal de modificación, ya que la autoridad deberá hacer finalmente lo que concuerde con el deseo de las mayorías.



Los que ejercen el poder -recordemos- deben obedecer las decisiones de sus mandantes, vale decir, de sus vecinos. Ya hemos observado cómo en otras comunas de esta región se ha pasado por alto la voluntad de las mayorías ciudadanas. Y esto no debe repetirse nunca más, para que así podamos decir que la democracia opera a plenitud en nuestro país.



* Agrupación «Defendamos la Ciudad».



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  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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