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Inverlink y la impunidad de los negocios


Para disgusto de algunos, el tema de Inverlink recién está empezando, con las inevitables urgencias de preguntarse de nuevo por la relación entre el mundo de los negocios privados y los entes estatales y las motivaciones de fondo que están moviendo las fuerzas más dinámicas de nuestra sociedad: el empresariado, el mundo del capital y de los negocios.



Para responder de inmediato lo segundo, el enriquecimiento rápido, la usura, la rentabilidad máxima sin sujeción a la ética son las energías más vivas de un modelo que, bendecido por la mayoría del oficialismo y la oposición, termina comiéndole la cola a sus sacristanes.



Si hace unas décadas algunos toleraban todo en aras del objetivo de la revolución, ahora no son pocos los que recurren a cualquier medio para alcanzar el objetivo del enriquecimiento personal.



Habrá que constatar, al menos, que antes, con todas las barbaridades y estupideces que se cometieron, al menos estaba la excusa de que el objetivo era social, que involucraba a todos. Ahora es la acumulación de la riqueza personal, sin prestar ojo al vecino.



Esto vuelve a demostrar que en estos días el empresariado se ha convertido en el sujeto histórico de nuestra época. Durará un tiempo. Son ellos los que hablan creyéndose poseedores de «la verdad» -la única, siempre inexistente-, forman un círculo ungido por la posesión de «las revelaciones» y amasa el dinero constituyéndose ya no sólo en un poder ideológico, al que la mayoría de los partidos políticos rinde pleitesía, sino también en una autoridad que maneja recursos, medios, aparatos burocráticos, posiblemente autoridades públicas y para qué seguir.



Por eso también detrás de todo esto de Inverlink se aprecia una especie de solidaridad de rubro -iba a escribir «solidaridad de clase», y también algo de eso hay- que genera condiciones de impunidad.



Desde hace años ese holding era fruto de sospechas, de comentarios torcidos y conjeturas. Se hablaba de la trayectoria de Monasterio y, en los hechos, se ponía en duda la transparencia de sus recursos y sus operaciones.



A diferencia de lo ocurrido con el financiamiento de las campañas de los partidos políticos, donde periódicamente se alzaban voces exigiendo transparencia, aquí sólo hubo silencio.



La semana que pasó, los medios buscaron infructuosamente que distintos actores del mundo de las finanzas opinara de lo ocurrido con Inverlink. Agentes o directivos de la Bolsa, economistas, analistas, expertos en el tema de inversiones, etcétera. Sólo hubo silencio. Y el argumento para quedarse callado -nunca olvidar la cita de Gabriela Mistral: «vengo de un país lacio y de la boca pegada»- era que todos se conocían, que eran compañeros de este gran mundo de los negocios, que habían tenido oficinas al lado de tal ejecutivo de Inverlink, que, en el fondo, esa cosa latiguda chilensis, de compromisos derivados de una supuesta relación de clase social, les impedía hablar públicamente de algo que, en privado, calificaban de sospechoso, revuelto, enredado.



¿No hay allí un cierto andamiaje de una impunidad que por razones sociales o de actividad financiera es alentada y aceptada?



Los tiempos han cambiado, y deberíamos estar advertidos que el mundo de los negocios es otra selva. Algunos han sido claros en establecer los límites de su desempeño: creen que el asunto es limitar sus apetitos de acuerdo a las leyes existentes. Vale decir, están dispuestos a hacer cualquier cosa que no esté sancionado por la ley, por inmoral que esto sea. En suma, si la ley no penara el asesinato de un competidor estarían dispuestos a cometer el crimen.



Es por eso que el modelo de libertad económica implantado en nuestro país requiere que, en aras de la protección del ciudadano común, se establezcan controles que en muchas naciones occidentales sí existen. En rigor, aquí la concentración económica está logrando que no haya verdadera libertad. Cuando, por ejemplo, a los almaceneros de este país se les impidió este verano comercializar el último producto de la Coca Cola -la botella de dos litros y medio, de boca ancha- porque sólo se destinó a los grandes supermercados, hay un principio fundamental de la libre competencia que está siendo violado. Pareciera que a las autoridades no le importara. O pareciera que los grandes grupos económicos logran que cosas así no sean asuntos que importen a las autoridades, que es casi lo mismo.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
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