La virtual marginación de Adolfo Zaldívar, el presidente de la DC, de las reuniones de coordinación que sostienen cada semana los líderes de todos los partidos políticos con el gobierno, nos preocupa porque (…) la ausencia de la máxima autoridad DC evidencia una falta de compromiso con el Presidente Lagos (…), da la impresión de intentar desligarse del gobierno (…) y, lo que es peor, su marginación demuestra poco compromiso con la pauta de trabajo.
En enero pasado, precisamente cuando la conmoción pública por los casos de corrupción que implicaban a parlamentarios y ex ministros de la Concertación estaba en su momento «peak», el gobierno y los líderes de todos los partidos políticos se comprometieron a trabajar en la elaboración y materialización, antes de fin de año, de una Agenda de Probidad y Modernización del Estado, compuesta de 49 proyectos de ley.
En esa oportunidad señalamos que, no obstante el evidente daño político que generaban en nuestros adversarios los escándalos develados, para la UDI el país siempre estaría por sobre cálculos electorales. De manera que, mientras los tribunales de justicia trabajaban para conocer la verdad de los hechos y castigar a sus responsables, las autoridades políticas teníamos la obligación de responder proactivamente a la ciudadanía, proyectando soluciones a la trasparencia, la modernización, el Estado y la agilización del crecimiento económico.
Pues bien, el trabajo se está haciendo y esta semana el Congreso despachó el primer proyecto de la Agenda, que permitirá el funcionamiento permanente de la Comisión Mixta de Presupuesto. Desde ahora, esa comisión, integrada por senadores y diputados, será la responsable de monitorear, durante todo el año, los gastos asignados al gobierno por la ley de presupuestos y su ejecución.
Paralelamente, se tramitan otras iniciativas de la agenda, que deberán ser despachadas antes del 21 de mayo. Entre otros, esperamos aprobar los proyectos de simplificación de procedimientos administrativos; la profesionalización del servicio público; el perfeccionamiento del fuero y el de trasparencia en la administración de recursos parlamentarios; y la regulación al financiamiento de las campañas electorales.
Ante determinadas señales políticas y comunicacionales que se han dado en esta materia, me parece necesario hacer dos observaciones puntuales.
La primera observación es respecto de la virtual marginación de Adolfo Zaldívar, el presidente de la Democracia Cristiana, de las reuniones de coordinación que sostienen cada semana los líderes de todos los partidos políticos con el gobierno. Nos preocupa porque, si bien participan altos dirigentes en su representación, la ausencia de la máxima autoridad DC evidencia una falta de compromiso con el Presidente Lagos, y da la impresión de intentar desligarse del gobierno, pese a haber concurrido a su elección. Y, lo que es todavía peor, su marginación demuestra poco compromiso con la pauta de trabajo propiamente tal. Prueba de lo anterior son las declaraciones de senadores DC, reaccionando negativamente a los compromisos asumidos por su propio partido con La Moneda.
La segunda observación tiene que ver con el tratamiento público que le han dado algunos sectores a las leyes de financiamiento y limitación al gasto de las campañas políticas. Estamos todos de acuerdo en que es necesario y urgente regular esos aportes, pero me parece que ubicar a la reforma en el centro de la Agenda de Transparencia genera en la ciudadanía falsas expectativas. Digámoslo claramente, la aprobación de la ley de gasto electoral no constituye, en sí misma, la fórmula mágica para prevenir la corrupción; y tampoco impide que, mediante medidas encubiertas, el gobierno actúe como financista de sus propios partidos, por ejemplo, a través de contratos a honorarios para un fin que no se cumple y cuya remuneración es, finalmente, utilizada con fines propagandísticos.
No obstante esos comentarios, nos mantenemos optimistas y estamos seguros que dentro de un margen de diferencia razonable, el Congreso aprobará antes de fin de año los 49 proyectos acotados. Esperamos que el conjunto de reformas devuelvan al país la credibilidad interna y la imagen de probidad que tenía antes de que estallaran los casos coimas, sobresueldos y Gate; y por sobre todo, que garanticen las condiciones de gobernabilidad necesarias para mantener la estabilidad política y, en consecuencia, aspirar a las metas de desarrollo social y económico propuestas para los próximos años.
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