El 4 de septiembre de 1970 los electores de Chile votaron a favor de la candidatura del Dr. Salvador Allende a la Presidencia de Chile. En el siguiente mes de octubre el Congreso Nacional, reunido en sesión plenaria, lo eligió como Jefe del Estado, descartando al candidato conservador que obtuvo la segunda mayoría electoral.
El proyecto nacional del Gobierno Allende consistía en desarrollar la soberanía popular, las libertades, la democracia participativa y la igualdad social mediante la transformación del sistema socio-económico. Promovía, asimismo, impulsar la integración de América Latina en una perspectiva emancipadora respecto de EEUU y su intervencionismo.
Los principales instrumentos con que contaba el Gobierno reposaban en la solidez de las instituciones del Estado y de las organizaciones sociales y civiles. El marco externo lo configuraba el sistema de las Naciones Unidas (del que Chile era miembro fundador desde 1945), el Pacto Andino (del que Chile era fundador y miembro junto con Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Venezuela) y el Grupo de Países no Alineados (en el que Chile se incorporó durante el Gobierno Allende).
El sistema de las Naciones Unidas está basado en los principios de igualdad de derechos y de libre determinación de los pueblos (art. 1ÅŸ 2), de respeto efectivo a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos (arts. 1ÅŸ 2, 55 y 56), de igualdad soberana, integridad territorial e independencia política (art. 2ÅŸ.1 y 4) y no intervención en los asuntos internos (art. 2ÅŸ 7).
El Grupo de Países no Alineados propiciaba una política de cooperación autónoma respecto de EEUU y la Unión Soviética.
El Gobierno Allende entendía que era interés nacional de Chile no subordinarse a la servidumbre de las fronteras ideológicas de una u otra Potencia, sino mantener relaciones de amistad y cooperación con todos los Estados del Mundo. A este fin el Gobierno incrementó las relaciones con todos los países de Europa y del Tercer Mundo, y reconoció a Estados que, como China, Vietnam y Cuba, los EEUU denegaba entonces el derecho a existir.
En el ámbito económico, en abril de 1971 el Congreso de Chile ejercitó a instancia del Gobierno Allende el derecho de los pueblos al dominio de sus recursos naturales y nacionalizó la gran minería del cobre.
Ejercitó Chile, asimismo, el derecho a elegir democráticamente su sistema económico al ampliar el área de propiedad social de la economía y apoyar el régimen común de inversiones extranjeras del Pacto Andino. Este último, aprobado en Viña del Mar el 31 de diciembre de 1970 («Decisión NÅŸ 24»), aunque no llegó a aplicarse contemplaba que al menos el 51% del capital de las empresas de propiedad de inversores extranjeros debía haber sido transferido a inversores privados nacionales dentro de un plazo de 12 años.
Al mismo tiempo, Chile mantuvo relaciones con EEUU, según los principios de la Naciones Unidas, tanto las bilaterales como en el seno de los organismos regionales que ambos Estados integraban desde su formación, como el Tratado de Seguridad Colectiva -firmado en Río de Janeiro en 1947- y la Organización de Estados Americanos -creada en 1948.
El comportamiento de la Administración Nixon con respecto al Gobierno Allende fue muy distinto. A lo largo de la década de los años sesenta las Administraciones Kennedy y Johnson ya habían financiado clandestinamente campañas electorales de candidaturas opuestas a la del senador Allende, y financiaron también las campañas de propaganda negra del Diario El Mercurio contra la persona y el proyecto político del Dr. Allende. En las elecciones presidenciales de 1964, el Gobierno de EEUU financió en secreto la candidatura del democristiano Eduardo Frei, y en las elecciones presidenciales de 1970 invirtió de nuevo abundantes recursos financieros en propaganda negra contra la candidatura del Dr. Allende.
Apenas once días después de las elecciones presidenciales del 4 de septiembre de 1970, el propietario del diario El Mercurio, Agustín Edwards, se reunía en Washington con el Presidente Nixon y le pedía que promoviera una insurrección militar para impedir que el Dr. Allende asumiera la Presidencia de Chile en la fecha constitucionalmente establecida, el siguiente 4 de noviembre. Nixon ordenó a sus servicios movilizar todos los recursos para organizar un golpe militar, invirtiendo en el mismo cuantos millones de dólares fueran necesarios y recurriendo incluso al secuestro, seguido de asesinato, del Comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider. Para propiciar y justificar la insurrección armada Nixon ordenó «hacer gritar de dolor a la economía chilena» (make the economy scream). Así lo ha explicado el entonces Director de la CIA, Richard Helms.
Con todo, la intervención clandestina de EEUU en los asuntos internos de Chile no logró evitar que en 1970 el Dr. Allende ganara las elecciones y asumiera la Presidencia de Chile. Durante los siguientes tres años, EEUU continuó aplicando a Chile un vasto programa de actuaciones secretas dirigido a una «desestabilización» económica, social y política que pavimentara el camino hacia la insurrección armada del 11 de septiembre de 1973, a pesar de que en diciembre de 1972, el Presidente Allende había denunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas la intervención norteamericana en los asuntos internos de Chile.
Tras la muerte violenta del Presidente Allende fueron destruidas todas las instituciones republicanas de Chile.
En primer lugar, fue destruido el Ejército republicano profesional. Por primera vez en la historia de Chile fue convertido en una banda armada, fuera del control de las instituciones representativas de la soberanía nacional, que se mandó a sí mismo y se atribuyó la facultad de torturar, asesinar y expoliar a su propio pueblo.
Simultáneamente, fue suprimida la forma representativa de Gobierno y el Congreso Nacional fue clausurado, por primera vez en la historia de Chile. Fueron igualmente abolidos las libertades y derechos civiles, democráticos y sociales. Tanto el derecho a la vida y a la libertad como el derecho de sufragio, de prensa, de información, a la propiedad, etc. Un ejemplo paradigmático de ello fue la confiscación y disolución de la principal empresa periodística de Chile editora del diario Clarín, el de mayor venta, que hoy sigue confiscado.
Tres décadas después
El Congreso de EEUU ha manifestado, en reiteradas oportunidades, su repudio a la intervención de la Administración Nixon y de los servicios secretos en Chile. Los ejemplos más conocidos son el Informe de la Comisión del Senado, presididida por Frank Church, de 1975; las audiencias sucesivas de la Cámara de Representantes entre el 1 de julio de 1971 y el 18 de septiembre de 1974 ; la Enmienda Hinchey, aprobada en la Cámara de Representantes en 1999.
Los Tribunales de EEUU fueron los primeros en investigar, juzgar y condenar la red terrorista Cóndor de agentes del Estado de Chile, dirigida por Augusto Pinochet, así como en condenar al Estado chileno por su responsabilidad en el asesinato en Washington, en 1976, de Orlando Letelier, Ministro del Gobierno Allende.
El Ejecutivo de EEUU ha lamentado en varias ocasiones la política de la Administración Nixon respecto del Gobierno Allende. Recordemos aquí la declaración del Embajador ante las Naciones Andrew Young, en 1977; la declaración, en 1999, de la Secretaria de Estado Madelaine Allbright, reconociendo que EEUU había cometido errores en su política de apoyo a dictaduras en América Latina; la declaración, de abril de 2003, del Secretario de Estado Colin Powell de que EEUU no se siente orgulloso de la política seguida hacia el Gobierno del Dr. Allende ni del apoyo a la dictadura posterior. Al cumplimentar la Enmienda Hinchey, la propia dirección de la CIA ha criticado formalmente los actos ilícitos e ilegales cometidos en Chile por la Agencia para desestabilizar el sistema democrático y apoyar la subsiguiente política criminal de la dictadura (Informe Hinchey, 18 de septiembre de 2000).
En contraste, el país que sufrió la intervención de EEUU y sus consecuencias, Chile, no ha logrado aún hoy recuperar su condición de Estado republicano, es decir democrático y soberano, ni su establishment manifiesta gran empeño en reivindicarla.
Desde 1989 se ha permitido a los ciudadanos recuperar el derecho a elegir un jefe del Estado, pero dentro del marco de la estructura creada durante la dictadura a fin de perpetuar la sustancia anti-republicana de la estructura estatal construida mediante una dictadura.
Ni los gobiernos que se han sucedido desde el 11 de septiembre de 1973 hasta hoy, ni nadie en el Congreso abierto en Valparaíso desde 1990, han censurado la intervención de EEUU en los asuntos internos de Chile. No han seguido en este punto los ejemplos dados por el Congreso de EEUU, o por miembros del Ejecutivo como el Embajador Andrew Young y los Secretarios de Estado Allbright y Powell. Obviamente, ningún representante de Chile la ha denunciado ante las Naciones Unidas.
La clave de bóveda del actual andamiaje estatal mantiene a las organizaciones armadas fuera de control efectivo de los órganos representativos de la soberanía popular. En la cúspide se encuentra el Consejo de Seguridad Nacional, la mitad de cuyos miembros son militares y donde el voto del jefe del Estado tiene igual peso que el del jefe de los Carabineros.
Desde el 11 de septiembre de 1973, y también hoy, al pueblo de Chile se le niega algo consustancial a dicha república desde su fundación: que los órganos representativos de su soberanía, es decir el Congreso y el Presidente de la República, tienen la autoridad suprema y efectiva sobre los cuerpos armados del Estado. Este es un principio consustancial a un Ejército profesional, con mayor motivo cuando se reclama de la tradición prusiana. El Alto Estado Mayor del Ejército prusiano nunca se sublevó contra el jefe del Estado, ni siquiera cuando éste era el Canciller Hitler y conducía Alemania a su destrucción y ocupación por ejércitos extranjeros.
Hasta el 11 de septiembre de 1973, en Chile ningún teniente coronel era ascendido a coronel sin autorización del Senado, solamente el Presidente de la República podía ascender a un coronel a general, quien no podía permanecer en su cargo si perdía la confianza del Presidente de la República.
Hoy, sin embargo, ni el Congreso Nacional ni el Poder Ejecutivo de Chile tienen control efectivo sobre la promoción y ascensos de la oficialidad armada, ni de las finanzas de los cuerpos militares, ni de su gasto, ni de la definición y ejecución de los fines y medios estratégicos de la Defensa Nacional.
Desde 1990, los jefes de Estado y los gobiernos que se suceden en Chile tienen el estigma de ser los únicos del mundo cuya Constitución les desposee de la jefatura suprema de las FFAA y de la policía militarizada. Inclusive les prohíbe nombrar, ascender y remover a los mandos militares y de los Carabineros.
Por ello pocas dudas caben de que más avanzará Chile en restablecer sus libertades republicanas, más se volverá a encontrar con el proyecto nacional de soberanía popular, democracia participativa e igualdad social que impulsaba el Presidente Allende.
Hoy, Chile está más disociado de América Latina que en 1973. No está integrado en el Pacto subregional Andino, ni en el Mercosur impulsado por sus vecinos Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En continuidad con el régimen de la dictadura, Chile ha aumentado su grado de absorción dentro de la zona de influencia económica de EEUU. El año 2003 ha preferido incorporarse al Tratado de Libre Comercio de América del Norte antes que al Mercosur.
Esta situación contrasta, sin embargo, con el mayor margen de autonomía interna de que disponen los Estados del conjunto del mundo en comparación con hace 30 años. El final de la Guerra Fría ha reemplazado la bipolarización entre EEUU y la URSS por una estructura internacional orientada a una multipolaridad creciente en las relaciones políticas, económicas y culturales. La Comunidad Europea integra hoy a 25 Estados, frente a 6 en 1973, y su autonomía económica prefigura una mayor autonomía política y hasta militar futura. China, Rusia, la India, Brasil, Japón, tienen hoy una mayor y más aceptada libertad de acción internacional.
El futuro del desarrollo chileno requerirá su dominio sobre los recursos propios, mejor cooperación con América Latina y mayor autonomía respecto del conjunto del mundo. Más avanzará por ese camino, más se reencontrará con los postulados del presidente Allende.
Chile está hoy en una posición más marginal que antes del 11 de septiembre de 1973 respecto del resto del mundo, en particular en lo que se refiere a los cambios producidos en la toma de conciencia de la responsabilidad de cada Estado hacia de otros y hacia los ciudadanos del propio Estado.
Chile está en la actualidad al margen del desarrollo de las normas internacionales que buscan impedir y sancionar los crímenes de guerra y contra la Humanidad, siendo así que hasta 1973 estaba en la vanguardia, en coherencia con el proyecto nacional humanista que inspiraba al presidente Allende.
En la medida que en el Chile de hoy subsisten el andamiaje institucional antirrepublicano y prácticas no democráticas, ha sido la cooperación judicial internacional la que, a partir del proceso penal iniciado, en España, en 1996, contra Pinochet y sus cómplices, ha quebrado la impunidad absoluta que se concedieron a sí mismos los mayores criminales que ha conocido la historia Chile.
En agosto de 2003, mientras Argentina abolía las leyes de impunidad; en Uruguay la Corte Suprema incoaba un proceso contra el ex Presidente Bordaberry por su responsabilidad en el golpe de Estado de 27 de junio de 1973; mientras Perú solicitaba a Japón la extradición del ex presidente Fujimori para juzgarlo por crímenes contra la Humanidad, el Presidente de Chile, Ricardo Lagos, reafirmaba la vigencia del decreto de auto-amnistía de Pinochet de 1978.
En la medida que recupere sus libertades cívicas, la sociedad chilena se reencontrará con el pensamiento y la acción del Dr. Salvador Allende, y se distanciará de quienes impulsaron y sostuvieron la destrucción de sus instituciones republicanas.
El desarrollo de la soberanía popular, de las libertades, de la democracia participativa y de la igualdad social hizo posible que durante el Gobierno Allende alcanzara Chile el mayor nivel de empleo, de consumo y de desarrollo de la mayor parte de los indicadores de calidad de vida y bienestar social de su Historia.
La recuperación del desarrollo del bienestar social y de la democracia participativa será posible en la medida que reanude Chile la democratización de su sistema socio-económico. Al avanzar por ese camino los chilenos volverán a reencontrarse con el proyecto nacional y social impulsado por el Dr. Allende.
El proyecto nacional del presidente Allende estaba enraizado en la realidad histórica desarrollada por el pueblo de Chile, en América Latina y en su relación con el resto del mundo. Fue un proyecto común, construido democráticamente durante cuatro décadas de desarrollo democrático y social, a lo largo de las cuales el Dr. Allende fue ministro de Estado del gobierno del Frente Popular, elegido en 1938; diputado y, también, representante en el Senado, sucesivamente, de todas y cada una de las circunscripciones electorales, desde Arica a Magallanes.
El gobierno del Frente Popular mantuvo a Chile neutral durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945); ni la construcción del muro de Berlín en 1961 afectó a la identidad y autenticidad del proyecto nacional gestado en Chile, ni la destrucción del muro en 1989 alteró el vigor y proyección de un proyecto nacional identificado con los valores humanos más genuinos y, a un tiempo, universales, del pueblo de Chile. Más recuperarán sus libertades y se liberará de las ataduras impuestas por una dictadura, más se reencontrarán los chilenos con los valores y principios que inspiraban el proyecto nacional, democrático y popular por el que luchó el Dr. Allende.
(*) Abogado español y ex asesor del presidente Salvador Allende. El texto fue leído en un acto convocado por El Colegio de México y la Universidad Autónoma Metropolitana. Fue publicado por el periódico La Jornada, de México, y El Mostrador.cl ha sido autorizado por el autor para publicarlo en Chile.
