La visión republicana detrás de la frase "hay que dejar que las instituciones funcionen", es que en una democracia, tanto las actuaciones como los procedimientos institucionales, están sometido a una cierta regularidad, y no cabe esperar ni sobresaltos ni absurdos en sus resultados. Menos aún, que los ciudadanos comunes queden con la sensación de que la información de que disponen es insuficiente o incompleta, o que alguien en alguna parte conspira para producir silencio o impunidad ante un hecho de connotación pública.
El país ha visto recientemente una sucesión de situaciones que precisan de una explicación, pues, de lo contrario, aumentarán la enorme desconfianza que existe entre los ciudadanos respecto de algunas instituciones. La decisión de un tribunal, en una de las tantas facetas del caso Spiniak, de enjuiciar a una víctima y a periodistas que informaron sobre el tema, creó la sensación de que éstos pasaban a ser rehenes para impedir la libertad de información, y que Gemita Bueno, en vez de víctima, era una delincuente avezada que precisaba un escarmiento.
En otro ámbito, un juez de la estatura profesional y moral del Ministro Juan Guzmán parece no tener futuro en el poder judicial, y se apresta a dejarlo bajo la convicción de que su apego estricto a la justicia le cerró todas las puertas de su ascenso a la Corte Suprema. El Ministro Sergio Muñoz no tiene menos problemas, después que el azar lo pusiera a cargo de los hallazgos de las cuentas corrientes secretas de Pinochet en el Banco Riggs. No cabe duda que su acuciosidad lo llevará rápidamente a determinar el origen de los dineros, para lo cual tiene, eso sí, que citar a muchas personas a declarar y tocar al mundo financiero íntimo del ex militar.
En más de una oportunidad en su historia reciente, el país se ha quedado con la sensación de verdades a medias o simulaciones de justicia. Un ejemplo reciente es el caso Anfruns, de espectacular vuelco hace poco a raíz de las declaraciones de un oficial de Carabineros.
La ciudadanía parece haberse acostumbrado a que la política, en vez de generar transparencia, se judicialice de manera encarnizada, y que connotados dirigentes políticos centren sus esfuerzos en la inculpación de los adversarios y la impunidad de los propios, antes que en la verdad. Como si esta nueva situación fuera una proyección patológica, ahora oculta, de un tiempo en que la impunidad, la manipulación de los juicios, o el poder sin freno se exhibían a plena luz del día.
La ciudadanía requiere recuperar su confianza. Ello no es posible sin una información completa y veraz, que no intente manipular los hechos, y que le permita juzgar por si misma si es efectivo que las instituciones funcionan correctamente y en qué dirección. Proveer esa información de manera equilibrada y honesta es el gran papel de los medios de comunicación y sus periodistas, función que no puede ser inhibida.
Pero, además, la ciudadanía precisa de certeza jurídica como bien público perfecto. En una democracia madura ella proviene de la convicción generalizada de que existe un curso normal y previsible de los hechos. Y que cuando ellos son controversiales, permiten recurrir y confiar en la decisión de los tribunales, porque la ley no tiene otro compromiso que la verdad y la justicia, y ellos cultivan un accionar transparente y claro que se explica por sí mismo, aunque sus decisiones deban ser drásticas o difíciles.
