Esta inicial derrota del royalty sólo es transitoria, porque al poco andar habrá de prosperar alguna fórmula por la cual el Estado chileno recupere parte del patrimonio que la explotación minera reduce sin compensación alguna en la actualidad.
Estos últimos días han sido testigos de dos hechos de gran significación para nuestro país, la culminación de la reforma de la salud y el frustrado intento de legislar sobre el royalty minero. La forma en que se ha aprobado el plan Auge y, a su vez, el rechazo de la propuesta gubernamental sobre el royalty minero en nuestro parlamento, son una clara señal de que hasta los fracasos pueden constituir victorias.
La reforma de la salud, una de las iniciativas emblemáticas del actual gobierno, ha tomado más tiempo en su aprobación de lo que se esperaba y su resultado final difiere de la propuesta original. Eso llevó a que varios parlamentarios de la propia coalición gobernante se hayan abstenido en la votación final ante un proyecto que de todos modos contaba con votos de la oposición para ser aprobado.
Sí, es verdad, tenemos una reforma de la salud trunca, habiendo abortado la creación de un fondo que solidariamente financie a todos los usuarios, los sanos a los enfermos, los jóvenes a los viejos y todos a las mujeres. Pero con la misma certeza hay que afirmar que tenemos una reforma de la salud en la que, legalmente, nadie quedará excluido de la protección de su salud, salvo que el mecanismo de financiamiento descansará en un mayor esfuerzo fiscal cuyos fondos no provienen de impuestos progresivos y, más inquietante aún, previsiblemente serán insuficientes cuando el plan Auge entre en régimen y se completen todas las prestaciones ofrecidas.
Y ese hecho será, precisamente, el que repondrá en el debate público la necesidad de allegar fondos para hacer cumplible un derecho a la salud que, de no ser efectivo, llevará a la justicia, una y otra vez, a quienes no satisfagan los compromisos legalmente establecidos.
En otras palabras, hemos legislado -por primera vez en nuestra historia- sobre el acceso a la salud no como retórica constitucional, sino como un derecho judicializable. Es por ello que, aún si trunca, imperfecta e incompleta, la reforma de la salud del gobierno de Lagos sienta un precedente que sólo tiene nuestra educación básica y media, tal es, que constituye un derecho universal a ser obligadamente cumplible.
También el abortado resultado con la propuesta gubernamental sobre el royalty minero se inscribe en esta lógica de fracasos que constituyen victorias. Tema inexistente meses atrás, vedado del debate público, se instala con una legitimidad compartida por la mayoría ciudadana.
El debate que en el último mes se ha desarrollado sobre la necesidad de que las empresas mineras paguen por este recurso natural agotable, ha permitido que hasta los más recalcitrantes detractores de toda forma de impuesto tengan que concentrar su aporte, no en desautorizar la iniciativa conceptual que fundamenta el royalty, sino en los aspectos técnicos que la hacen posible.
Esta inicial derrota del royalty sólo es transitoria, porque al poco andar habrá de prosperar alguna fórmula por la cual el Estado chileno recupere parte del patrimonio que la explotación minera reduce sin compensación alguna en la actualidad.
La mayor de las victorias detrás de estos dos ejemplos es que el progresismo gana terreno cuando sus postulados centrales pasan a ser sentido común, creándose las condiciones para que todas las fuerzas políticas adopten como suyas sus banderas.
Y si alguien duda de esta afirmación, lo invito a que miremos la oferta programática de Lavín para descubrir de qué manera se apropia de iniciativas y prioridades del progresismo para disputar los votos de una ciudadanía cada vez más exigente en sus derechos adquiridos durante estos años.
Clarisa Hardy es Directora Ejecutiva de la Fundación Chile 21
