Hace varios meses, el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, decidió postular al jurista Eugenio Raúl Zaffaroni como nuevo Ministro para la Corte Suprema de la Nación. Independientemente de las razones por las cuales se produjo la vacante -graves cuestionamientos al desempeño de los Ministros de la Corte, renuncias y juicios políticos de por medio- lo cierto es que todo el proceso de elección del nuevo miembro significó una verdadera reingeniería en el mecanismo de promoción y selección de las autoridades judiciales, en el cual se le dio una especial participación a la sociedad civil.
Lo importante de la experiencia trasandina, fue la incorporación de la sociedad civil (a través de los colegios de abogados, de las universidades, de algunas ONG´s, entre otros) como un actor relevante en la discusión sobre la idoneidad del postulante al cargo estatal. No se trata -y en eso queremos ser enérgicos- que la decisión final recaiga en la sociedad civil, sino de entender que el Poder Judicial, y por supuesto quienes lo conforman, son quienes menos representación democrática tienen y, por lo mismo, urge que en un Estado de derecho la ciudadanía pueda tener una participación activa en la elección de quienes decidirán las cuestiones más importantes de un país.
Nuestra propia Corte debe completar la vacante dejada por el ex ministro Humberto Espejo. En este contexto, es fundamental que en la elección del nuevo miembro de la Corte Suprema, los poderes del Estado y en especial la propia Corte, abran espacios a la discusión pública de los candidatos a tal magistratura.
Se trata de dotar de transparencia y publicidad al procedimiento de elección. En el fondo, no otra cosa que permitir que la ciudadanía conozca a quiénes van a postular, cuáles son sus antecedentes, cuáles han sido sus últimos fallos, cuál es su aporte intelectual al mundo jurídico y cuáles son sus pensamientos en torno a los temas de relevancia nacional; se trata de un mínimo de información a la que se puede aspirar.
Pero, además, se debe dar un espacio para que la sociedad civil pueda manifestar su conformidad o disconformidad con los postulantes, como ocurrió con la experiencia argentina, donde se abrió un periodo en el que los distintos actores de la sociedad pudieron dar razón de su aprobación o rechazo a la candidatura.
Al postulante, por su parte, se le exigió la presentación formal ante el Congreso de una exposición de motivos que fundamentara su presentación a tan alto cargo, entre otras cosas, para responder a los cuestionamientos que le fueron formulados por la ciudadanía. Si se pretende, en el fondo, mejorar la imagen del Poder Judicial frente a la ciudadanía, es preciso, en primer lugar, hacer que la gente sienta que quien ostenta el cargo de Ministro no lo hace por cuoteo político, sino que por su virtud como jurista.
Sin embargo, la Corte suele mostrarse reacia a la participación ciudadana. Como se sabe, desde hace algún tiempo el Poder Judicial ha venido discutiendo temas relativos a la autonomía del mismo. En ese contexto, el Ejecutivo ofreció, para avanzar en ese plano, incorporar a la discusión la posibilidad de introducir un sistema de pesos y contrapesos, destinado a balancear el poder de las Cortes con el resto de los órganos del Estado -idea de vieja data, Madison, 1788-.
Para ello, el Gobierno propuso la creación de un Foro Nacional compuesto por abogados, académicos, investigadores y miembros de la sociedad civil, que se encargaría de analizar qué tipo de instituciones deberían incorporarse a ese sistema de balanceo. La respuesta de la Corte Suprema no se hizo esperar. En un acuerdo adoptado por el pleno, ésta indicó que cuando se trata de cuestiones relativas a reformas que puedan afectar el funcionamiento de la misma, es ella quien debe pronunciarse sobre su pertinencia, pues de lo contrario -insisten- se desconocería su capacidad para revisar asuntos referentes a sus potestades y organización.
No debe olvidarse cuando, hace algún tiempo, el mismo pleno decidió la suerte del expediente de remoción iniciado en contra del juez Calvo. Los hechos que subyacen al caso, habían dado lugar, como pocas veces en el país, a un amplio debate que incluyó a los más diversos sectores de la sociedad. Los ciudadanos estábamos ávidos de explorar y analizar la pertinencia de las razones que justificarían la decisión de la Corte, pero ellas nunca existieron; formalismos habituales de una cultura jurídica como la chilena, dejaron las razones de la decisión ancladas en el fondo de cada uno de los Ministros.
La Corte le dio la espalda a la sociedad civil, pues no consideró necesario convencerla sobre la pertinencia de sus decisiones. Algo similar ocurrió con las calificaciones de que fue objeto posteriormente.
En estos días, como hemos dicho, debe despejarse la elección de un nuevo Ministro de la Corte Suprema, el tribunal más importante del país. Cabe preguntarse si la Corte -así como ocurre en Argentina- está dispuesta a tolerar la participación de la ciudadanía en el escrutinio de los candidatos al puesto o si, en cambio, nos dará la espalda una vez más, como suele ocurrir en nuestro país.
Ignacio Castillo Val y Domingo Lovera Parmo. Profesores de Derecho. Universidad Diego Portales.
