Política, desigualdades y educación superior

La sociedad crecientemente mercantilizada se caracteriza por la influencia desmedida del dinero en el quehacer político. Otro de sus rasgos predominantes es la pérdida de importancia de los argumentos en el ejercicio de la política. El espectáculo de la sociedad de mercado incorpora a los políticos a aquello que se denomina «la farándula», ese conjunto de presentaciones con fin recreativo que convocan a pensar poco y divertirse de un modo simple.



La postura asumida por la derecha en relación a las desigualdades que caracterizan a la sociedad chilena actual, sólo puede aspirar a la credibilidad porque está respaldada por el dinero suficiente para difundirla y publicitarla y porque elude toda discusión de fondo sobre el tema. En este sentido es el mejor chiste farandulero de los últimos tiempos. Es tan poco delicado que ofende a la profesión de humorista, un oficio importante en cuanto su digno objetivo es provocar la sana reacción de la risa.



Cualquiera que piense un minuto podrá advertir que Lavín y su gente no son los más indicados para enarbolar la bandera contra las desigualdades. Su postura -la de sus economistas, la de sus candidatos, la de sus gobernantes (Pinochet nos invitó a «cuidar a los ricos»)- ha sido siempre la contraria: las desigualdades son un incentivo para la superación individual, para competir más, para generar crecimiento material. Los análisis de la derecha siempre han subrayado que modificar la distribución del ingreso es casi una tarea imposible en un plazo moderado. Se trata de datos duros, han dicho. Estamos frente a una cuestión estructural ante la cual hay pocos instrumentos eficaces, han sostenido. Por eso, concluyen, hay que disminuir la pobreza, no malgastar esfuerzos en atacar las desigualdades. Podría citar abundante literatura, discursos, columnas periodísticas que, en los últimos años, sostienen esta posición.



La derecha está desarmada frente al tema. Intenta, por lo tanto, apoyada en su dinero y en la política farandulera, anular la fuerza de sus adversarios -en este caso las candidatas de la Concertación- asimilándose al discurso contra las desigualdades. No es difícil advertir que el pomposo nombre del reciente seminario de la revista «Capital» en que se califica de «vergüenza» a nuestras desigualdades, es, entre otros artilugios, el modo de anular diferencias en esta materia. Eso le permite a Lavín, en apariencia, parecerse a Alvear o igualarse a Bachelet en una materia que constituye una de las banderas de los concertacionistas. Me pregunto si esto no era previsible y, entonces, me pregunto además para qué se prestan las candidatas concertacionistas a participar en un juego que tiene las cartas marcadas.



Creo que obviamente no es responsabilidad de ellas o de sus comandos. Hay algo más profundo: en cierto modo la Concertación ha participado en muchos juegos con las cartas marcadas. No los voy a enumerar aquí porque la lista es larga. Dada la actual Constitución, los senadores «designados» y el sistema «binominal», todas las leyes impulsadas por los gobiernos concertacionistas han requerido al menos algunos votos de derecha. Si no, no hay ley, como ha ocurrido muchas veces. Entonces, las leyes que se aprueban, aparecen como consensuales, compartidas por todos, pero nada se dice sobre las mutilaciones de que han sido objeto. No es posible decirlo claramente porque el «pacto», el «consenso», es una necesidad y no puede ser amagado por la verdad.



Es esta una de las vías por la cual la derecha ha hecho perder credibilidad y fuerza a la Concertación en sectores ciudadanos que se identifican con posturas anti mercantilistas. Lo ha dicho el Presidente de la República: muchas leyes no han podido aprobarse porque la derecha se opone. Pero, al haber callado en exceso, la Concertación ha asumido una responsabilidad inescapable sobre el curso de la transición chilena que, aparte de sus éxitos, presenta lamentables insuficiencias institucionales, económicas y sociales.



Creo que hay que variar un estilo que, más allá de su eficacia en ciertos momentos, produce una indiferenciación entre las posiciones políticas que ha facilitado que la derecha alcance una magnitud electoral que nunca tuvo durante la vida democrática de Chile.



Observé hace algunos días a un representante de la derecha que, en un foro televisivo, enrostraba al Presidente no haber cumplido con su promesa de que no hubiera jóvenes que quedaran fuera del sistema de educación superior por razones económicas. En esos mismos días el gobierno enfrentaba una movilización estudiantil importante, destinada a defender el sistema de crédito universitario que se sospechaba amenazado por una nueva ley que extiende facilidades de endeudamiento a los estudiantes de universidades privadas.



En realidad, desde 1990 ha habido un progreso permanente y sustancial en la disponibilidad de recursos y canales para que los jóvenes accedan a financiamiento de sus estudios. La ley recién aprobada es un paso más, al beneficiar a estudiantes que estaban fuera del sistema. Es deseable que lo dicho por las autoridades se cumpla: que no signifique un perjuicio para los sistemas preexistentes. Pero, mientras la discusión tiene lugar, la derecha se solaza y sus dirigentes estudiantiles y nacionales despliegan un chistoso ánimo igualitario, practican la moderna demagogia farandulera e impúdica que, suponen, les permitirá un triunfo político.



Es hora que el sistema de financiamiento de estudios superiores sea revisado totalmente. El actual, a pesar de sus perfeccionamientos y extensiones, produce efectos sociales nocivos y muestra insuperables insuficiencias. La revisión debe fundarse en el criterio que la educación superior es no sólo un bien individual de quienes acceden a los estudios sino un bien social, un logro para el país en su conjunto. Si se acepta esta afirmación, hay que concebir los instrumentos adecuados para que, efectivamente, todos los jóvenes meritorios puedan estudiar una profesión financiados por mecanismos solidarios que no representen inconmensurables sacrificios para sus familias, y que, una vez profesionales, contribuyan al financiamiento de las generaciones que los siguen.



¿Está la derecha dispuesta a considerar un esquema sustentado en estas bases?





Jorge Arrate fue Ministro de Educación (1992-1994) y actualmente preside el Directorio de la Universidad de Arte y Ciencias Sociales (ARCIS).