Pueblos indígenas, nuevo trato y reconocimiento constitucional

Desde 1990 los chilenos hemos avanzado por el difícil sendero de la reconstrucción democrática. Y pese a que el camino nos ha enriquecido, no ha sido una tarea fácil. Hoy, Chile es un país que aspira al desarrollo y apunta a la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos, sin embargo, aún tiene una tarea inconclusa con quienes forjaron parte fundamental de su identidad cultural.



El respeto, la justicia y el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios representan la sentida demanda que organizaciones indígenas del mundo entero vienen pidiendo hace décadas. Se trata de una legítima aspiración que obliga a los estados nacionales a reconocerse como sociedades forjadas no sólo por la descendencia de sus colonizadores sino que también, por el conjunto de pueblos ancestrales preexistentes al momento de su creación. Así lo han comprendido naciones como Nueva Zelandia, México o Canadá, que sin alterar la integridad política de sus territorios, han consagrado en sus ordenamientos jurídicos, derechos propios de la naturaleza de sus pueblos indígenas.



En 1989, tras el Acuerdo de Nueva Imperial, celebrado entre dirigentes indígenas y el entonces candidato presidencial Patricio Aylwin, Chile trazó la voluntad de sustentar una política de diálogo y participación con las comunidades originarias. Los esfuerzos para complementar y perfeccionar la agenda convenida en aquella ocasión, han sido significativos. Ahí están la vigencia de la Ley Indígena, que con aciertos o desaciertos, abrió una senda de restauración de derechos ancestrales fundamentales; la creación de la Conadi, que ha demostrado ser una herramienta eficiente a la hora de promover y coordinar políticas públicas en materia de restitución y protección de tierras y aguas; y la ejecución de programas especiales de desarrollo productivo y fortalecimiento cultural y educativo.



A través de ellos, más de once mil familias indígenas se han visto beneficiadas con la transferencia de 369 mil hectáreas, y la regularización de títulos de dominio y derechos de aguas. Actualmente hay 690 mil hectáreas inscritas en el Registro de Tierras. Para facilitar el acceso de las comunidades a los beneficios productivos y culturales que otorga la ley, existen 23 equipos interdisciplinarios de atención a personas y agrupaciones entre Arica y Punta Arenas, y oficinas de atención jurídica especializada en 6 regiones.



Además, se ha impulsado el reconocimiento jurídico de más de 2.400 comunidades y mil asociaciones indígenas, y se han creado a la fecha, nueve Áreas de Desarrollo Indígena entre Tarapacá y La Araucanía; que antes de fin de año sumarán diez con la incorporación de la isla Navarino, en el Cabo de Hornos, como un área de rescate de la cultura yagán.



Hace un año, el Presidente Lagos, apoyado por las recomendaciones de la Comisión de Verdad Histórica, participó al país la Política del Nuevo Trato hacia los Pueblos Indígenas. El anuncio es el plano para levantar las bases de una sociedad reconciliada con su carácter pluricultural y multiétnico. Sin embargo, ese nuevo escenario requiere del reconocimiento político jurídico de los pueblos originarios.



De hecho, junto a la preocupación por el desarrollo con identidad y una institucionalidad pública adecuada a la diversidad cultural de Chile, el tema de los derechos indígenas es uno de los tres ejes por los que transitan las acciones emprendidas por el gobierno en materia de respeto, justicia y reconocimiento de los pueblos originarios.



Cada uno de esos lineamientos estratégicos necesita de las obras. Alcanzar las metas trazadas no sería posible sin el trabajo coordinado del Ministerio de Agricultura, por ejemplo, que año a año invierte más de 7 mil millones de pesos a través de sus servicios relacionados; o del Sence, que ha favorecido a 11.500 indígenas con un monto de inversión que supera los 3 mil millones de pesos. Mientras que el presupuesto anual del Ministerio de Salud destina 750 millones de pesos para salud intercultural en los 22 Servicios de Salud con mayor concentración de población indígena.



Es claro entonces, que corresponde al Estado reconocer el valor de los pueblos ancestrales, pero la promoción de su desarrollo integral también necesita del compromiso de toda la sociedad civil. Así se garantiza la integridad de la nación chilena, de la que los indígenas son parte constitutiva e incuestionable. Al igual que sus antecesores inmediatos, el actual gobierno está decidido en profundizar los derechos específicos conquistados hasta ahora por las etnias.



A fines de marzo pasado, con el inicio de la discusión legislativa de las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, el Ejecutivo presentó nuevamente una indicación de reforma. Tras dos rechazos parlamentarios, se volvió a insistir al Congreso por un reconocimiento constitucional que valore la existencia y peculiaridad cultural de los indígenas; y que explicite el deber estatal de avalar su respeto y desarrollo pleno, dentro de un marco legal que asegure la unidad nacional.



Desafortunadamente, ante la falta de quórum requerido en la Cámara Baja, el debate que por estos días despertó la nueva propuesta congeló, una vez más, el desafío responsable de integrar a Chile al grupo de naciones que aseguran derechos y deberes a sus diferentes pueblos ancestrales. Resulta conveniente, entonces, reflexionar sobre el valor de mirarnos como la tierra mestiza que somos. Eso es clave para continuar avanzando.



Mientras tanto, confiamos en que los chilenos vamos transitando por el camino correcto. Las metas así lo indican. En materia de tierras, la actual administración transfirió hasta el año pasado 230 mil hectáreas de tierra, a la espera de cerrar su gestión con más de 260 mil hectáreas traspasadas al patrimonio indígena de Chile.



Asimismo, el Programa Orígenes ha invertido más de 24 mil 880 millones de pesos en el mejoramiento de la calidad de vida de 24 mil 500 familias aymara, atacameña y mapuche. Por otro lado, Chilesolidario ya ha favorecido a 11.500 familias indígenas que sumarán 17 mil al finalizar el período; y en materia educativa, uno de los puntales de la integración, el Programa de Becas Indígenas ha beneficiado a más de 152 mil estudiantes de enseñanza básica, media, técnico profesional y universitaria. A la fecha, la inversión en Educación Intercultural Bilingüe supera los 2 mil millones de pesos en las 365 escuelas adscritas al programa.



Chile está cambiando. La madurez de nuestras instituciones y el desempeño cívico de nuestros ciudadanos parecen hablar de un Estado capaz de dialogar y relacionarse de una nueva forma con todos sus habitantes. Las recién instaladas comunas de Alto Bío Bío y Chol Chol, son la expresión más reciente de ese mejor gobierno al que aspiramos y un ejemplo palpable de administración local para los ciudadanos indígenas que, desde su propia identidad, también construyen un país para todos.



Enzo Pistacchio S., Secretario Ejecutivo Programa Orígenes.