La puñalada por la espalda al royalty

Cuando el gobierno llegó a un acuerdo con los senadores de la DC, sobre los cambios que el PDC solicitaba para dejar fuera del nuevo impuesto específico, a la mediana minería, no se habló que ello incluiría además una modificación de la nueva invariabilidad tributaria que este proyecto introduce en el DL 600.



Pues bien, las indicaciones del Ejecutivo efectivamente van en el sentido de dejar fuera a una gran parte de los medianos mineros chilenos de los alcances de este impuesto, pero aprovechando estas nuevas indicaciones, introduce además una indicación que modifica la nueva invariabilidad tributaria y tambien incluye en la invariabilidad tributaria, la regalia (royalty) o cargas similares.



Esto quiere decir que, en el futuro, a estas empresas no se les podrá aplicar un verdadero royalty, porque esta ley les permite firmar contratos con el Estado, que los liberará de la aplicación de un royalty, en el caso que un futuro gobierno lo quiera introducir. Esta indicación se encuentra en el art. 2 número 9 que intercala en el nuevo art- 11 ter del DL 600, a continuación de la expresión nuevo tributo la frase: «incluidas las regalías o cargas tributarias».



Con el pretexto que era necesario que el Presidente incluyera este proyecto en su cuenta del 21 de mayo, se le da extrema urgencia al proyecto, para que los senadores no tengan el tiempo necesario para darse cuenta, que se introdujo una indicación no acordada con los senadores DC, que impide que en el futuro se pueda legislar sobre la implantación del royalty. Todo se hace tan rápidamente que esta indicación aparece como la letra chica de los contratos de seguro, es decir que nadie la puede leer.



Es una verdadera puñalada por la espalda, que el gobierno del Presidente Lagos, le da al royalty a la minería, y también, es una puñalada por la espalda a los senadores DC, puesto que ellos aparecen avalando ante el país estas indicaciones, incluida la que suprime el royalty, puesto que el gobierno las presenta después de un acuerdo con ellos.



Pero en el fondo, esta indicación es también una verdadera traición a la patria, porque hipoteca nuestro cobre y nuestra soberanía legislativa, a favor exclusivo de transnacionales mineras extranjeras. Quizás sea tarde para que el parlamento pueda reaccionar, pero aún queda el Tribunal Constitucional para parar este proyecto, que por esta y otras indicaciones, adolece de flagrante inconstitucionalidad.



Julián Alcayaga O. Economista. Comité de Defensa y Recuperación del Cobre.