Las deudas pendientes

No seguí en directo el mensaje presidencial, ya que a esa hora venía volando desde el sur, conmovido como todos los chilenos con la tragedia de Antuco, y reflexionando sobre las cosas que quedaron sin resolver en este tercer gobierno de la Concertación. Cuarenta y cinco víctimas, en su mayoría conscriptos, muertos como consecuencia de malas decisiones de sus superiores, enlutan nuestra tierra.



Esta tragedia de Antuco, con conscriptos marchando por la cordillera sin ropa adecuada, me recordó la dramática situación que vivieron los conscriptos argentinos en la guerra de las Malvinas, cuando fueron enviados sin equipos apropiados a un clima extremo y debieron enfrentar a un ejército británico profesional, dotado de la mayor tecnología y vituallas para esos escenarios.



Relacioné la tragedia presente con lo que nos muestra magistralmente la película chilena Mi Mejor Enemigo, donde se relata magistralmente lo que fueron las escaramuzas fronterizas en la casi guerra de Chile y Argentina en 1978. Cuando vi esa película, la tarde del 21 de mayo, se me cayeron las lágrimas imaginando el dolor de las familias de esos adolescentes que fallecieron tragados por el viento blanco en la cordillera de Los Andes.



El área de Defensa cuenta con recursos suficientes para dotar a los reclutas de un adecuado equipamiento. Se ha sabido que a esos reclutas que llevaban menos de dos meses de Servicio Militar, aún no les entregaban ni las chapas de identificación, esas que se recolectan cuando se producen bajas en un combate, algo que dificultó la identificación de los cadáveres y llevó una mayor confusión a las comunicaciones del Ejército con los familiares de las víctimas. Es decir, subyacen en esta tragedia errores profundos de gestión, lo que hace ver que el Estado, con toda su compleja estructura, no ha logrado aún una modernización satisfactoria que permita mejorar su funcionamiento. Más allá del dolor que conmueve a Chile, dejando tiempo a las investigaciones y al debido duelo, era necesario hacer esta mención al redactar este artículo.



Pensando en nuestra extendida frontera, en la absoluta necesidad de controlar eficazmente los crecientes flujos de comercio y turismo ¿disponen nuestros servidores públicos que cumplen funciones en regiones extremas, bajo condiciones límite, del equipamiento debido? ¿No es una realidad que en nuestras fronteras ningún servicio público está preparado para enfrentar condiciones extremas de frío, viento, y que se restringen recursos básicos para asegurar mínimamente la vida de las personas que prestan servicios en esa áreas extremas?



Hoy, al sentarme frente al computador, pensaba analizar el último discurso presidencial de Ricardo Lagos, sus logros y sus deudas pendientes, pero creí necesario derivar hacia el impactante momento que hemos vivido esta semana, que, de alguna manera, es la evidencia implacable de cuanto nos falta para hacer bien las cosas.



El Estado se ha debilitado cada vez más, al ser administrado con criterios que nada tienen que ver con una visión desarrollista que apunte de verdad a proteger a los más débiles. Desde el gobierno se muestran reales índices de superávit en las cuentas públicas, pero se omite señalar que se ha ahorrado a costa de los propios trabajadores públicos y de la reducción objetiva de la capacidad fiscal para evitar situaciones que atenten contra el bien común, que debe el Estado preservar. Pese a toda la capacidad potencial que tiene ser gobierno, no ha habido voluntad política de fiscalizar bien y recaudar más con cargo a quienes deben pagar impuestos. Sin embargo, para cualquier proyecto de gasto social se recurre al aumento de impuestos regresivos que paga principalmente la clase media, antes que invertir para hacer más eficiente la recaudación.



Grandes empresas no han pagado impuestos por décadas, grandes grupos han sido beneficiados con condonaciones de deudas, se ha mantenido la deuda subordinada sin presionar en lo más mínimo para recuperar esos dineros de todos los chilenos. Se adolece de recursos básicos para poder fiscalizar o morigerar la sociedad de mercado; no se destinan recursos para aumentar la capacidad de los organismos fiscalizadores, lo cual ya no es facilitar sino casi abandonar deberes legales de fiscalización.



Allí están, frescos en la retina, episodios como el incendio del Parque Torres del Paine con un presupuesto de CONAF miserable y una incapacidad pública evidente para proteger el bosque nativo; allí está la falta de equipos para vigilar las fronteras; allí está la debilidad para articular un sistema de alerta temprana en caso de tsunamis.



Muchas organizaciones del Estado han sido debilitadas al máximo. El trabajador público se mantiene en la precariedad de sistemas a contrata que van contra la ley. Esta es la deuda conceptual de un régimen que fue votado bajo la nominación de progresista y que deja hoy a un Estado mucho más débil para el cumplimiento de sus obligaciones.



Puede ser cierto que en el ranking internacional seamos uno de los países con más baja corrupción, pero su existencia en Chile es innegable. Por más que se exhiban resultados macroeconómicos que lucen en comparación con países en peor situación, dentro de las cajas negras de las instituciones públicas, desde servicios a municipalidades, a diario el país va conociendo gestiones indebidas de recursos públicos, muchas de las cuales se han judicializado entrando en un túnel cuya salida se pierde en el tiempo.



Baste recordar, como reciente, el caso del puente Loncomilla, donde las investigaciones han descubierto irregularidades no sólo en la construcción y la fracasada reparación del mismo, sino también en la frecuente entrega de permisos para operar con sobrepeso en un puente con deficiencias estructurales. Dichos permisos se otorgaban a una empresa que proveía las vigas de hormigón utilizadas, principalmente, en la construcción de carreteras concesionadas.



El impacto de todos los actos de corrupción que han salido a la luz pública y que formarían una larga lista, ingrata a la hora de recuentos pre-electorales, ha causado una baja en la moral de la administración del Estado, ya que los funcionarios honestos, que constituyen la gran mayoría de los servidores públicos de carrera, han visto que personas que accedieron por cuoteo político a cargos de exclusiva confianza, han sido los protagonistas principales de los escándalos descubiertos.



Estos son temas de fondo que forman parte de la deuda pendiente del gobierno actual con la historia.



Hernán Narbona Véliz es especialista en gerencia internacional y relaciones internacionales, académico y consultor(escritorhnv@gmail.com).