Leí con especial interés la columna del Diputado Alejandro Navarro con su negativa a aprobar la denominada «Ley Huilcamán», proyecto pensado para facilitar la inscripción de su candidatura presidencial. Navarro habla de un enmascaramiento del sistema político, en donde -en lo fundamental- no se resolvía un problema de fondo, que es la discriminación del sistema electoral hacia candidaturas independientes. Quiero colgarme de la sinceridad del parlamentario para ir al fondo de este tema.
La principal virtud de la frustrada candidatura presidencial del Presidente del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán es haber instalado en el imaginario social la posibilidad de pensar en que un indígena puede ser candidato a Presidente. También un indígena puede ser candidato a Diputado y a Senador, pero por la vía de candidaturas independientes siempre será difícil medirse en el complejo y discriminador sistema binominal.
Este tipo de candidaturas está muy determinado por acuerdos políticos y por la capacidad de los partidos y de las coaliciones de dar paso a una auténtica representación de la diversidad ciudadana. También sabemos que una candidatura que concursa ante el apoyo ciudadano requiere tiempo y no se puede levantar de un día para otro, salvo que la persona indicada cuente con un índice de popularidad que permita su irrupción en el escenario político.
Huilcamán es un dirigente indígena suficientemente reconocido por la opinión pública nacional e internacional. Es prácticamente, después de las Hermanas Quintremán, de Ralco, uno de los indígenas más populares. Entre los propios indígenas del país reunir 35.000 firmas no es una tarea difícil, pero también se requiere consensos o acuerdos entre las propias organizaciones indigenistas.
Tan sólo en Santiago, los indígenas con derecho a voto superan con creces la cifra requerida. Es cierto que el tema económico, como el valor notarial de la inscripción es un límite para muchas personas modestas, pero una campaña de inscripción de candidaturas que se inicia sólidamente con más de dos años, permite alcanzar la cifra final y superarla adecuadamente. En la candidatura de Huilcamán hubo premura, tardanza y la campaña destinada a conseguir las firmas del caso se inició muy cerca del período normal que este tipo de esfuerzos requiere.
Se podría decir que los candidatos independientes están discriminados por el sistema electoral, especialmente cuando se incorporan normas como el de la cantidad de firmas de respaldo y el valor que cobran los Notarios por certificar la firma. Veamos este punto. Es normal y necesario que las candidaturas independientes cuenten con ciertos requisitos para inscribirse y postular con algún respaldo ciudadano mínimo.
El caso de los candidatos por partidos políticos está avalado por la votación de esos partidos y porque son colectividades reconocidas por el sistema político democrático. En el caso de independientes se requiere saber si una persona que se inscribe como candidato cuenta con algo más que el apoyo de sus incondicionales más cercanos. De otro modo, sin requisitos básicos, muchas personas podrían inscribirse como candidato y entonces se generaría una inscripción indiscriminada de postulantes.
La firma notarial es un indicador de este tipo de requisitos en el sentido de que debe acreditarse que un número significativo de ciudadanos conoce al postulante y confía en sus postulados. No obstante, si el acto de la firma ante Notario resulta oneroso por el valor de dicha inscripción, entonces del mismo modo como el Estado mediante la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos, provee a los partidos de un subsidio financiero, en el caso de candidatos independientes, la Ley debiera proveer un subsidio directo a todas las Notarías del país, en donde se produjo la suscripción voluntaria; subsidio que el Estado cancelará a dichas Notarías una vez que el Servicio de Registro Electoral haya confirmado la autenticidad de tales firmas.
Las firmas de inscripción de la candidatura de Aucán Huilcamán significaban para él aproximadamente $ 120 millones de pesos. Es de suponer que una candidatura indigenista no cuenta con el total de ese presupuesto y entonces, las Notarías efectivamente discriminaron por dinero: es decir, si el suscriptor de la firma no contaba con los $ 2.000 para pagar su derecho a firmar por Huilcamán, dicha firma no era aceptada en tales Notarías. Distinto habría sido si el Notario recibe la firma, la acredita como válida, extiende el certificado y luego entrega la nómina al Servicio Electoral y éste, con posterioridad, procede a cancelar el valor de todas las firmas acreditadas a favor de Huilcamán, quien habría reunido las firmas necesarias prácticamente con cero costo.
Este es un tipo de problema administrativo. Veamos ahora el tema político. Los candidatos a Presidentes en un país no pueden serlo sólo en razón de una etnia, de una religión o de su género. Bachelet es candidata Presidencial no porque «represente» a las mujeres de Chile, sino porque encarna un liderazgo social y político que trasciende el género, la raza y la religión.
Podría argumentarse que Piñera, por ser empresario, podría ser candidato sólo de los empresarios y no es así. Lo mismo de Lavín, que podría decirse que es el candidato de la derecha conservadora y dura y tampoco es así, a juzgar también por el apoyo que estos candidatos reciben del mundo popular. Sería injusto decir que Hirsh representa sólo a la izquierda tradicional, comunistas históricos y humanistas, cuando en realidad él también encarna una perspectiva de país. ¿Qué representaba entonces, más exactamente Aucán Huilcamán? ¿Un proyecto de país desde los Pueblos Indígenas? ¿Una Presidencia multicultural? ¿Una candidatura emblemática?.
Creo que la virtud de Aucán fue demostrar que en el Chile de hoy hay indígenas que tienen una preparación política más que suficiente para representar en el Estado, en el Gobierno nacional y local y en el Parlamento la rica diversidad cultural que tenemos desde siempre.
Lo que ocurre es que las culturas conservadoras, tanto de centro, como de izquierda y derecha se han encargado a lo largo de 195 años de historia republicana de omitir que el valor de la diversidad cultural integra a los Pueblos Indígenas y no los excluye. Pero nuestra realidad política los excluye. Veamos un dato básico: en las actuales plantillas de candidatos a parlamentarios de los partidos políticos, no hay un solo candidato a Diputado o Senador de ascendencia indígena. En ninguna coalición. Ni en la Alianza por Chile, ni en la Concertación democrática ni en Juntos Podemos. ¿Es que en estas coaliciones no hay dirigentes indígenas preparados para ser representantes populares?. Los hay. El problema es que las direcciones políticas los invisibilizan, los discriminan.
Entonces, la irrupción de Huilcamán, que inquietó al Gobierno, a los partidos de la Concertación y al Juntos Podemos (por una eventual fuga de votos, particularmente de indígenas en el sur y en Santiago), vino a ser como la espinilla del sistema democrático electoral. No obstante, como es de mal gusto, hoy en la sociedad global, ir contra los indígenas pero tampoco se buscaría una solución al problema de la inscripción de Huilcamán, se buscó entonces un camino sinuoso con resultados predecibles. Pero Huilcamán dejó instalado un sólido mensaje: los Pueblos Indígenas de Chile tienen derecho a estar representados en el sistema político.
Pero esto no será gratis. No será como resultado de un acto condescendiente de la derecha, del centro o de la izquierda, sino será -como siempre ocurre en la historia de la lucha por los derechos humanos fundamentales- resultado de una legislación que emancipe este derecho en la sociedad. Los caminos se han ido abriendo. En el ámbito local, hoy existen 17 Alcaldes indígenas elegidos en sus respectivas comunas y 120 Concejales en distintos Municipios del país. Son una avanzada de lo que debería seguir ocurriendo.
La Dra. Michelle Bachelet ha prometido paridad de género en su Gobierno. Cuando Chile conozca la imagen de un nuevo Gabinete Presidencial con la mitad de hombres y mujeres como Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Gobernadores, sabremos que se ha efectuado un cambio cultural y político de enorme trascendencia.
Bien sabemos que las mujeres han luchado históricamente y en forma muy dura por ganarse un reconocimiento político en la sociedad. Y esa imagen de paridad gubernamental será muy bien recibida por el país. Y la Dra. Bachelet ha insinuado su apoyo para una Ley de Cuotas en el Parlamento, una norma moderna, que asegurará una representación de mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo que obligará a los partidos políticos en sucesivas elecciones a garantizar la postulación de mujeres en cargos públicos.
Pues bien, ésta es también la oportunidad para que la futura Presidenta de Chile encarne una legítima aspiración de muchos indígenas, de saberse representados en el Gobierno y en el Parlamento. En consecuencia, es también la Ley de Cuotas un mecanismo democrático para garantizar una representación de los Pueblos Indígenas en estas instancias. Esta Ley de Cuotas, más mecanismos democráticos de inscripción de candidaturas independientes, es un instrumento de vigorización democrática, es también un medio legítimo de reconocimiento de nuestra diversidad cultural. Sin duda, en este sentido, el futuro Gobierno de la Dra. Michelle Bachelet se presenta promisorio para nuestros Pueblos Indígenas.
Domingo Namuncura, ex Director Nacional de Conadi y Secretario programático del PPD.
