Han pasado 17 años desde que terminamos con la dictadura y se ha declarado el fin de la transición una media docena de veces. Sin embargo, el último cierre constitucional, fue realizado sin la participación de chilenas y chilenos.
Hay quienes creen que basta con que las instituciones funcionen para que todo ande bien, pero los ciudadanos perciben el «cómo» funcionan y a quiénes privilegian. En este gobierno se han promulgado una importante cantidad de nuevas leyes, y es de sentido común que toda ley que se decreta debe llevar consigo los instrumentos y recursos necesarios por parte del estado, para el control de quienes abusan y transgreden esas leyes, de tal forma de hacerlas aplicables.
No basta con decretar leyes si no se establece la necesaria fiscalización sobre el accionar de los grandes empresarios que presionan por la obtención de más ganancias a costa del trabajo, la seguridad, la educación y la salud de chilenas y chilenos. Un estado que no cumple su rol fiscalizador atenta contra el derecho a organizarse, no es casual que los actuales niveles de sindicalización sean equivalentes a los del periodo más duro de la dictadura.
Tampoco es suficiente una reforma en salud que no considera a sus propios trabajadores, o una reforma educacional que sólo considera a maestros, estudiantes y apoderados cuando estos presionan, intentando contrarrestar el dogma de la privatización y el poder inmenso que ejercen las Isapres, AFP, las universidades privadas o abiertamente los intereses de los grandes empresarios, que son los mismos dueños de esas instituciones y de los medios de comunicación, para lo cual cuentan con partidos políticos propios que los representan con una sobredimensionada presencia parlamentaria. ¿Es esa la democracia que nos facilitará una mejor calidad de vida y la incorporación definitiva de nuestro país a los estándares de los países desarrollados?
Nadie se olvida que fueron intereses ajenos a los de millones de chilenas y chilenos los que provocaron y financiaron el golpe de estado que destruyó la democracia en Chile en 1973.
Una sociedad democrática requiere que todos los sectores sociales estén debidamente representados en diversos los ámbitos de la vida social, y con esto me refiero no sólo al político. Un sabio refrán popular dice que «el cariño a la fuerza no es amor». Nadie está poniendo en duda el importante rol que juega la empresa privada en las sociedades modernas, pero no se puede promover un estado que confunde su rol normativo y fiscalizador en beneficio de las grandes mayorías por el resguardo de una mal entendida relación de cooperación, que más parece de subordinación, a los grandes poderes económicos. Casos dramáticos como el de la Celulosa Arauco, Pascua Lama o, más cotidianamente el escandaloso sistema de las AFP que condena a nuestros adultos mayores a pensiones miserables, si es que las tienen o el abuso y usura de Isapres, Bancos y empresas monopólicas de los servicios de primera necesidad, dan cuenta de lo anterior.
La transición chilena está llegando a un punto de inflexión en el que existe, ahora sí, la posibilidad real de cerrarla. ¿Cómo hacemos este cierre?
Hoy existe un nefasto estilo de hacer política que esperamos, por el bien de nuestro país, esté llegando a su fin. Lo dije en televisión hace algunos días y lo reitero: me da vergüenza que un candidato a senador por la misma circunscripción por la cual compito tenga al mismo tiempo a su padre de candidato a diputado por el distrito que él está dejando, a su hermana de alcaldesa por el mismo distrito, a su esposa de concejal en la misma comuna y a su hermano de concejal en el mismo distrito. Es urgente legislar contra toda clase de nepotismo emergente porque es un acto que atenta contra la construcción y participación democrática.
En ese sentido es que leo las últimas declaraciones de diversos personeros llamando a la integración de una izquierda política fuerte y capaz de jugar un real rol de contrapeso en la sociedad chilena. Asimismo, un gran sector político que representa históricamente a las capas medias reclama la rectificación de este modelo social y económico, permitiendo con ello conformar un gran arco de opiniones que relatan el deseo asertivo de terminar con el dogma de las privatizaciones para desarrollar nuestro país, que reclama una mejor y mayor participación política y social de la ciudadanía, que en definitiva está dando señales claras de que se llegó a un punto de quiebre de un sistema que no aguanta más la exclusión y la unipolaridad para enfrentar los desafíos del país.
En un sistema presidencialista como el chileno siempre están latentes los intentos hegemónicos y excluyentes. El futuro de desarrollo con igualdad, que la gran mayoría desea, nos exige repudiar los intentos de marginar a amplios sectores sociales de izquierda o de «orillar» a importantes sectores del centro político que en nuestra historia han dado muestras de ser un aporte determinante para aislar a la derecha golpista y profundamente reaccionaria que tanto daño a causado al desarrollo de Chile. Me alegro que en ese llamado también concuerden las directivas de dos importantes partidos de gobierno (PS y PDC), que recientemente han convocado a un gran cambio constitucional. Espero sinceramente que no sea sólo una nueva herramienta de campaña electoral.
Este proceso de término de la transición puede, y a mi entender debe, incluir a todos los que ayer estuvimos contra la dictadura y que, en un inédito proceso, abrimos e iniciamos el camino a la democracia con verdad y justicia. Un primer paso urgente en este sentido debe ser el término de facto del sistema binominal por medio de la integración inmediata de los sectores excluidos por éste a la discusión y elaboración de las propuestas necesarias para su término inmediato. Chile lo reclama pues merece un sistema democrático.
Gonzalo Rovira. Filósofo y doctor (c) en ciencias cognitivas.
