Chile ha alcanzado la etapa de desarrollo donde le corresponde construir un Estado de bienestar moderno, que garantice a todos los ciudadanos una adecuada salud, educación, y previsión, así como seguridad y bienestar general, en todos los ámbitos.
Ello requiere pasar en un par de décadas del 15% del PIB destinado a gasto público social a un 30%-35%, como lo han hecho todos los países que han alcanzado el desarrollo, más recientemente los de Asia sur oriental. Para ello se ha propuesto la idea de un «superávit social estructural,» es decir, incrementar el gasto social por encima del crecimiento del PIB, pero especialmente en los períodos recesivos.
El nuevo Estado de bienestar chileno deberá basarse en forma principal en los servicios públicos de Previsión, Educación y Salud, los que deberán ser recuperados y transformados en servicios universales, modernos y de alta calidad. La reforma más urgente se refiere al sistema de pensiones, donde proponemos restituir a todos los chilenos los derechos previsionales que actualmente otorga el sistema público a los adultos mayores, 2/3 de ellos mujeres. Estos son: cobertura del 80% de los adultos mayores con pensiones de por vida, de montos definidos, un 86% de las cuales es superior a la pensión mínima de 77,000 ,mensuales y con un promedio de $147,000 mensual, que se parece al promedio de remuneraciones de $210,000, sin discriminar por sexo o estado civil.
El nuevo sistema se puede estructurar en base a dos pensiones que se sumen, una pensión pública universal y una pensión proporcional a las contribuciones previsionales. Es posible que corto plazo el Estado, manteniendo el nivel de gasto actual en previsión (6% del PIB), otorgue pensiones públicas al 85% de los adultos mayores con un mínimo de $100,000 mensuales. Sin embargo, el sistema de administración y el destino de las inversiones de los fondos previsionales contributivos deberá ser de amplio consenso, lo que no ocurre con las AFP, y los mismos deberán incluir un fondo solidario, financiado con aporte patronales, que iguales pensiones de hombres y mujeres y otorgue pensiones definidas, de por vida y adecuadas a todos. Deberán revisarse los efectos redistributivos escandalosamente negativos, de las actuales franquicias tributarias a los ahorros previsionales.
Se debe eliminar de raíz el sesgo privatizador de las políticas educacionales, que ha sido muy dañino y es el principal responsable del retraso del país en esta materia, restableciéndose una política más equilibrada. Se debe restablecer y desarrollar el sistema público de educación, severamente desmantelado por la dictadura y postergado en el período de transición.
La dictadura redujo el gasto público en educación a la mitad y los sueldos del profesorado a la tercera parte, y los mantuvo en esos niveles hasta 1990. La matrícula general en todos los niveles educacionales se contrajo en 100,000 alumnos entre 1974 y 1982 y los colegios y liceos públicos perdieron 500,000 alumnos adicionales entre 1981 y 1990, cuando fueron desperdigados hacia los municipios sin una fortalecimiento paralelo de la capacidad de éstos al respecto. A partir de 1990, cuatro de cada cinco alumnos adicionales que han ingresado al sistema educacional han ido a colegios particulares, en un 92% colegios subvencionados.
Todos los alumnos nuevos en educación superior han ido a universidades e institutos privados. Todavía hoy los colegios y universidades públicos tienen menos alumnos que treinta años atrás. La ley orgánica constitucional de Educación (LOCE) esta diseñada para fortalecer el sector de educación privado y debe ser derogada.
Este brutal desmantelamiento primero y sesgo privatizador posterior, del sistema de educación público -que sigue atendiendo a más de la mitad del alumnado, especialmente el de menores recursos-, es la causa principal del retraso del país en esta materia y debe ser corregido de inmediato. El país debe enfrentar sus desafíos educacionales con ambos brazos, y dejar de mantener aquella que es más fuerte, su sistema de educación público construido a lo largo de dos siglos -«atado a la espalda», como ha dicho una alta autoridad en educación (Pilar Armanet).
Una estructura tributaria progresiva
Hay que desarrollar una estructura tributaria progresiva, es decir, redistributiva, que allegue recursos crecientes al Estado, el que debe crecer tendencialmente por encima del crecimiento de la economía. Ello además de establecer el necesario cobro de royalty y otros mecanismos de captura de renta de los recursos naturales, vistos más arriba.
En lo inmediato, hay que corregir los mecanismos de elusión tributaria, como el FUT y el traspaso de las obligaciones personales a empresas y muchos otros, que permiten que en Chile los ricos en la práctica no paguen impuestos. Como es posible, por ejemplo, que el llamado «negocio del siglo», mediante el cual el ex funcionario de la dictadura Yurazek y otros vendieron a Endesa España en 250 millones de dólares un mecanismo de control que no les había costado ni un peso y cuando tuvieron que pagar multas por las irregularidades incurridas, tuvieron que pedir un préstamo porque si retiraban los fondos de las empresas de papel en lasa que los habían invertido tendrían que haber pagado un 42% de impuesto a la renta. Eso significa que nunca pagaron impuestos por el «negocio del siglo».
Adicionalmente, se deben revisar las franquicias tributarias y reducirlas drásticamente. El 2004, éstas alcanzarán a 1.8 billones de pesos anuales, alrededor de un 10% de los ingresos fiscales totales, que para ese año se estiman en 12,5 billones de pesos. Prácticamente todas las franquicias tributarias tienen un efecto redistributivo altamente regresivo y muy discutibles beneficios. Por ejemplo, los 413,956 millones de pesos anuales en franquicias tributarias a los sueldos en las AFP, incluidos 54,156 millones que benefician a quiénes realizan APV, benefician principalmente a 238,718 imponentes que cotizan por el tope, y que son el 3.4% de los afiliados.
Esos mecanismos todas las personas de altos ingresos los conocen bien. Eso tiene que cambiar, hay que pagar impuestos. Los que tienen más deben pagar más. Hay que dar hasta que duela, decía el Padre Hurtado, y lo decía a la elite de esa época. Hay que instalar entre el empresariado y los sectores de altos ingresos una ética tributaria, unida a la ética solidaria, que en poco tiempo haga que el que no pague muchos impuestos sea considerado como social y éticamente reprobable, además de legalmente sancionable.
En perspectiva hay que desplazar crecientemente los ingresos tributarios desde los impuestos indirectos (IVA) y hacia los impuestos directos, a la renta y patrimoniales. El impuesto a las empresas debe subir sostenidamente, hasta alcanzar los niveles que son comunes en los países desarrollados y aún en muchos países de la región, como Colombia, y que son del orden de 30% sobre las utilidades.
Un nuevo trato laboral
Deberá fortalecerse enormemente la formalización y sindicalización a todo nivel. Deberá haber una revisión completa de la legislación laboral que busque fortalecer la sindicalización y capacidad de negociación de los sindicatos, eliminando todas las distorsiones pro-empresa de la legislación actual y restableciendo equilibrios adecuados en las relaciones laborales, y de trabajo decente, propios de una democracia moderna. Deberá asimismo imponerse el respeto a legislación laboral en todos sus ámbitos, por ejemplo, en lo que respecta al respeto a la ley que obliga a establecer contratos permanentes cuando la relación «por boleta» o «a contrata» se prolonga en forma indefinida.
El Estado debería dar el ejemplo en esta materia, regularizando en forma inmediata todos sus contratos a honorarios y a contrata. Este es el aspecto más nocivo y desequilibrio del modelo económico, en términos de sus efectos sobre las condiciones de trabajo, niveles de remuneraciones, distribución del ingreso y desequilibrio de poder negociador entre las principales clases sociales de la sociedad: empleadores y asalariados. Constituye, asimismo, la principal «bomba de tiempo socia.» Se requiere especialmente en esta materia, con gran urgencia, un nuevo contrato social, un «nuevo trato».
Dirigir por la razón más que por la fuerza
Como ha agregado Felipe Lamarca, los problemas de Chile se originan en una elite que siendo menos del 7% de la población se apodera de más de la mitad del ingreso nacional, utilizando para ello sus relaciones carnales con un sector político sobre representado en el sistema institucional, sobre el cual ejerce un virtual derecho de veto y ha cooptado asimismo a las autoridades públicas, ayudada en ello por una eficaz quinta columna de tecnócratas y oportunistas. Son las denuncias de un empresario y las compartimos plenamente.
El problema es más profundo, sin embargo, y tiene raíces históricas que ha llegado el momento de enfrentar. La moderna elite chilena, es hija de un golpe militar contrarrevolucionario, que ella promovió llena de odio, luego que no pudo enfrentar por si misma en el terreno de la política, ni tampoco en las calles, a un pueblo movilizado y un gobierno democráticamente elegido, que estaban realizando por vías legales y notablemente pacíficas, los cambios, dolorosos pero indispensables, así como inevitables e irreversibles, que en definitiva transformaron para siempre la vieja estructura agraria y dependiente de Chile y lo proyectaron a la modernidad.
Su revanchismo, social, así como contra la parte civil del Estado, ha sido feroz, dañino y duradero. Se ha acostumbrado a ejercer su dominio -y ello merece un profundo desprecio-, adulando, endiosando, tras sus faldones, a generales traidores, genocidas y ladrones, y más tarde protegida por un sistema político que no es democrático, y por el poder avasallador del dinero y los medios de comunicación.
Ha perdido aquello que fuera parte de la cultura política de la elite tradicional chilena: el que para mandar, antes hay que saber convencer. Cualquier clase dirigente sabe que su hegemonía sólo es duradera en la medida que se ejerce por la razón, más que por la fuerza. Eso la elite chilena parece haberlo olvidado. Es difícil, como dice Lamarca, que «suelten la teta» voluntariamente.
Necesitan de un buen correctivo que, confiamos, será propinado por el pueblo por las mismas vías, principalmente democráticas, con que se puso término a la dictadura. Hay muchos rostros que nos recuerdan al dictador, que deben desaparecer de la escena, para que en el país se respire un mejor aire. Ojalá lo hicieran discretamente, o mediante cambios como los que se aprecian en curso en su representación política. Hará bien a todos.
