Política y partidos, una nueva realidad

Hay, en todas partes, un profundo cambio en la percepción de la ciudadanía sobre la representación política, el papel de los partidos, el rol de los parlamentarios y el sentido del voto. La representación propia del sistema de partidos ya no es entregada solamente a éstos, porque se ha producido una diversificación de actores que les disputan e incluso los superan en la tarea de expresar las necesidades, inquietudes y problemas que aquejan a los grupos sociales, núcleos familiares y personas. Emergen las ONG y colectivos ciudadanos agrupados en torno a los más variopintos intereses y vocaciones, junto a grupos inorgánicos pero muy activos de vecinos en torno a problemas puntuales y, en general, una movilización social para ocuparse de los problemas y exigir derechos.



En América Latina esta nueva relación de la gente con el poder nace por tres causas complementarias:



• El cierre de los espacios de expresión política y comunicacional durante las dictaduras y gobiernos autoritarios, prohibidos los partidos y censurada la prensa, obligó a las personas a buscar formas propias de organización y generar capacidades endógenas de análisis de la realidad y de expresión de sus problemas y necesidades, desconfiando sistemáticamente de la autoridad. Esta desconfianza alcanzó a los partidos y se refleja hasta hoy en una bajísima -en algunos casos algo injusta- estimación ciudadana por el desempeño de la autoridad y de los políticos. Esta misma situación se da también en sociedades que aunque no han tenido dictaduras, el sistema político no ha sido capaz de canalizar y resolver los problemas de la gente.



• La incapacidad de los partidos, una vez recuperada la democracia, para abrirse a estas expresiones ciudadanas e incorporarlas en su trabajo cotidiano, venciendo la desconfianza. Ha existido objetivamente un cierre corporativo en los partidos, constituyéndose en especies de clubes de iniciados, en que los mismos rostros se repiten a lo largo de los años y para los que el ejercicio del poder -independientemente de que lo hayan hecho bien o no- pasa a ser una especie de patrimonio perpetuo que se reparte entre los cófrades. La «movilidad política» al interior de los partidos ha sido escasa, y para los pocos actores nuevos que lo consiguen, la única forma de emerger y situarse es la adhesión a la nomenclatura, o transformarse en outsiders contestatarios per se, lo que atenta contra la idea misma de partido político.



• La mayor cobertura que los medios de comunicación -especialmente la televisión- dan a los problemas concretos cotidianos de la gente a nivel micro, unida al surgimiento del Internet, sin dudas democratizan cada vez más la comunicación pública. Esta amplia visibilidad de la problemática social más impactante, junto a la apertura de espacios de expresión en los medios para que las personas comunes y corrientes canalicen sus opiniones, exijan soluciones e incluso expresen sus iras y frustraciones, produce un fenómeno de prescindencia de la intermediación. Van más rápido y más al fondo que los partidos. Es una suerte de democracia ateniense que se vive a través de los medios de comunicación abierta. Surgen además, como ocurrió en España en los 70, las «radios libres», los canales de TV de barrio, realidades a las que los medios institucionalizados, y los propios políticos, se ven obligados a abarcar también y convivir e incluso interactuar con ellos.



Por otra parte, el efecto demostración, y el agravio comparativo consiguiente, que se produce debido a la amplia información ciudadana originada por la masificación de la TV y el crecimiento del cable y la Internet, han generado una revolución de las expectativas sociales. La publicidad inunda los hogares más humildes con propuestas inalcanzables y difunde paradigmas estéticos y de bienestar económico claramente discriminatorios e irritantes, imposibles de resolver en el corto plazo, por lo que generan un sentimiento de impotencia en la mayoría de la población, especialmente en los sectores más carenciados o con menos oportunidades.



Ante esta nueva percepción y realidad político-social, junto a las demandas «clásicas» se ha instalado con mucha mayor fuerza que en el pasado, y de manera irreversible, la demanda por dignidad y trato igualitario, es decir, por el respeto. Ya no se trata sólo de pedir soluciones a problemas materiales, sino de exigir trato igualitario. La sensación de ser siempre postergado, de que los «enchufados» siempre se saltan la fila y los tiempos de espera, de que no todos llevan la misma carga, está ya muy arraigada. La idea es que los privilegiados son los que están en el poder, digan lo que digan, incluyendo en esto a los políticos. A ello han contribuido, sin dudas, los propios políticos, a quienes se elige para que defiendan los derechos de las personas y en cambio se les ve muchas veces preocupados de temas ajenos a la cotidianidad ciudadana y disfrutando ostensiblemente de los beneficios y privilegios que da el poder.



El cambio de la relación ciudadano-partidos-autoridad va más allá de demandas materiales y tiene que ver con una demanda por una «cultura de la igualdad» que permee y traspase el todo y las partes de la sociedad, con la gente como protagonista, intermediada por partidos y múltiples organizaciones, más o menos estructuradas, sólo en cuanto éstos encarnen esa cultura y se hagan cargo en los hechos, de manera cotidiana y visible, tanto de la construcción de una convivencia justa y digna -el viejo «bien común»- como de solucionar y anticiparse a los problemas de las personas. No basta con entregar viviendas, si estas y su entorno no cuentan con una homologación básica con los parámetros de igualdad que protegen la dignidad de las personas. No basta con declarar a la gente «representada», sino que ésta quiere sentirse efectivamente representada.



La gente conceptualiza, por lo tanto, la función política de una manera distinta a como esta actividad está institucionalizada, lo que tiene consecuencias concretas y explica el declive de los partidos y la emergencia de outsiders, neopopulistas y líderes mesiánicos:



Primero, las personas entienden que la labor de un parlamentario es primordialmente la de proteger, defender y representar sus derechos ante la autoridad, canalizar la solución de problemas específicos, y secundariamente la tarea legislativa propiamente tal. Es decir, en lugar de la clásica función de elaborar las leyes teniendo en cuenta a los representados, se pasa a exigir a los parlamentarios una tarea casuística -que corresponde a jefes de servicio, a alcaldes y concejales- y a la vez una función forense de defensa de derechos ante la autoridad. Frente a esta realidad, se produce un dilema en los parlamentarios: o se dedican a legislar conscientemente, para lo cual es preciso estudiar mucho, trabajar en comisiones especiales, elaborar propuestas de alta complejidad, o tomar la tarea legislativa con menos rigor, pero dedicar la mayor parte de su tiempo a la casuística exigida por los electores. Y para los candidatos al parlamento, la alternativa es claramente la de auscultar los problemas específicos y comprometerse a su solución aún a sabiendas que no es precisamente su función.



Ejemplos claros de las consecuencias de esto han sido, invariablemente, las derrotas de buenos legisladores, que cumplieron a cabalidad la función que les exige la Constitución, y de candidatos que no estaban dispuestos a prometer un desempeño que en realidad legalmente no les corresponde, y por ende no han sido tan activos en atender esa casuística que las personas consideran que deben ser cubiertas por el parlamentario.



Solucionar esta dicotomía es una de las tareas que deben acometer los partidos y la propia institución parlamentaria, sin caer en la tentación de avalar esta distorsión con el fin de captar votos, sino más bien generando una pedagogía política que sitúe cada cosa en su lugar, atendiendo al nivel que corresponda las demandas reales de la gente.



Segundo, el ejercicio del poder a través del voto va pasando progresivamente del «voto-premio» al «voto-expectativa». Cuando en un político coinciden una buena labor cumplida y buenas propuestas, confluyen el voto-premio con el voto-expectativa y le va bien. Pero la sola trayectoria no basta. El voto-expectativa va mayoritariamente, por ejemplo, hacia candidatos jóvenes y nuevos rostros, candidatos no tradicionales surgidos de otros colectivos y no sólo de los partidos, y también hacia figuras públicas -del sector privado e incluso de la farándula- a las que por su presencia mediática se les suponen determinadas cualidades, «tienen voz», o simplemente generan empatía con los electores. Las supuestas capacidades que se les atribuyen por este solo hecho, muchas veces no se ven reflejadas en la labor posterior, pero los partidos tienen la tentación de incorporar este tipo de figuras, con la sola intención de captar mas votación.



Existe también, eso sí, el voto-castigo para quienes han defraudado las expectativas. Pero he ahí un problema muy serio: la gente quiere promesas respecto de cosas que no está en las manos de los parlamentarios resolver. No obstante, si el candidato no las hace, no es elegido. Como no las cumple, será castigado en la próxima elección, a menos que elija un camino irresponsable.



¿Qué podrían hacer los partidos ante esta nueva realidad?



1. Transformar sus estructuras obsoletas para dar cabida a los nuevos actores que emergieron. Ello implica una nueva orgánica, más ágil, especializada y con movilidad interna.



2. Mejorar el sistema de movilidad interna para el surgimiento de nuevos y mejores dirigentes y de candidatos de calidad para la función pública.



3. Incorporar en sus programas los nuevos temas de la agenda ciudadana y de la compleja realidad del siglo XXI.



4. Aplicar en su trabajo cotidiano la trilogía «propuestas-compromiso-testimonio».



5. Abocarse decididamente a generar una pedagogía política que valore y sitúe la función pública en la estimación ciudadana como uno de los activos del país.



6. Modernizar su gestión y hacerse cargo de las nuevas formas de relación con los ciudadanos, poniendo especial atención a la fuerza de los medios de comunicación, incluyendo la Internet. En esto no cabe la improvisación ni la figura del político genial, ni de la genialidad «spot», sino un uso profesional de los medios para llegar mejor al ciudadano.



7. Establecer sistemas de evaluación y control del desempeño de sus representantes en las instituciones del Estado.



8. Disponer de equipos técnicos («think tanks) como generadores de propuestas de corto y largo plazo, y de apoyo a la función de sus cuadros con responsabilidades en las instituciones del Estado.



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Héctor Casanueva. Vicerrector Académico de la Universidad Miguel de Cervantes. Director del Centro Latinoamericano para las Relaciones con Europa (Celare). Ex embajador de Chile.