En los últimos años hemos sido testigos de las numerosas reformas en los diferentes ámbitos del derecho y de los tribunales, que sin pausa, han sido especialmente divulgados por los medios de prensa y recibidos con satisfacción por la ciudadanía. Así, a la reforma de las leyes de filiación y adopción, que superó odiosas desigualdades entre los hijos, se agregó la actual Ley de Matrimonio Civil, que entre sus instituciones más polémicas contempla la consagración del divorcio vincular. Aunque no se produjo la debacle presagiada por ciertos sectores, y de hecho, han sido muchos menos las separaciones que las pronosticadas, hay consenso en que tales reformas del derecho de familia ha sido un hecho oportuno y de gran importancia social. Lo mismo cabe señalar con las reformas en materia de tribunales, que empezando por la publicitada reforma procesal penal, ha continuado con la de los tribunales de familia y se proyecta actualmente con la de los procedimientos laborales y civiles.
Por cierto que para los abogados las reformas ameritan más que una simple actualización legislativa. Ha sido un defecto profesional bastante extendido entre los profesionales del derecho el asumir que «modernizarse» no pasa más que por conseguir el Diario Oficial pertinente y en «corta-y-pega», poner al día los códigos, que muchas veces son los mismos con que se estudió en su oportunidad, en ocasiones hace ya bastantes años. Pero eso es una parte del asunto. Otra importantísima es el trabajo de adquirir nuevas habilidades, estar al día en la jurisprudencia de nuestros más altos tribunales, conocer de las nuevas corrientes y tendencias que, tarde o temprano, soplarán en nuestras tierras. Y esa labor es mucho más difícil de desarrollar, y en tal sentido es donde se cuenta con el auxilio de las universidades.
En efecto, estas últimas tareas son arduas en su planeamiento y ejecución, pues requieren de recursos y una dedicación que muchas veces no disponen los abogados en forma aislada. Por eso la institución que debe desarrollarlas son las mismas que lo formaron: el contacto con las aulas no se acaba el día de la titulación o licenciatura, sino que debe ser permanente, fluido y constante, pues la formación profesional en estricto rigor no cesa nunca. Como se señaló atinadamente en el ya célebre decálogo que nos rige, se debe estudiar permanentemente, pues de lo contrario se corre el riesgo de ser cada vez menos abogado, si no se quiere terminar desfasado ante las leyes, los colegas, los tribunales y en suma ante la modernidad.
Por eso no podemos dejar de manifestar nuestro orgullo por el trabajo que nos ha tocado desempeñar como docentes en el derecho. No sólo se trasmite la metodología del razonamiento jurídico, de una complejidad especial, pues requiere de una exposición poderosamente lógica pero que debe estar imbuida de criterio y sentido común, sino que valores que permanecen por siempre, como el respeto por la justicia, la dignidad, la tolerancia. Y tan difícil como enseñar derecho sea aprenderlo, pues es una tarea que no acaba nunca, y que aunque ardua, jamás debemos abandonar. La tarea de organizar la convivencia no sólo es labor de los tribunales y los operadores del derecho: es tarea de todos, y las universidades tienen un rol especial en tal sentido. Por eso nuestra ciudad debe sentirse orgullosa de disponer de un lugar donde el derecho pueda cultivarse. Recordemos que el trabajo que realizan no sólo afecta a un grupo de educandos: tiene un efecto multiplicador en las familias y a la larga en las sociedades en que se inserta, mejorando la calidad de vida de los individuos y los grupos, y no hay tarea más hermosa que valga la pena que eso.
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Carlos López Díaz, profesor de Derecho Civil. Universidad Central
