Recientemente en Bariloche se celebró el segundo Congreso Latinoamericano de Áreas Protegidas, con la participación de más de 2000 personas representantes de instituciones públicas, ONGs, dirigentes indígenas, pescadores artesanales y empresarios de toda la región.
En términos generales la reunión de expertos permitió constatar que la superficie de Áreas Protegidas (APs) se ha duplicado en Latinoamérica en los últimos 10 años, luego de la realización del primer congreso en esta materia en Santa Marta, Colombia, el año 1997. En muchos países este avance se ha sustentado en el debate público sobre el tema y en la incorporación de diversos actores de la sociedad civil, pueblos indígenas y sector privado, en el diseño, implementación y manejo de nuevas Áreas Protegidas.
En Chile, sin embargo, el debate público acerca de las Áreas Protegidas ha estado prácticamente ausente, particularmente en el contexto de cambio que vive la nueva institucionalidad ambiental, y la superficie protegida bajo el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), no se ha incrementado en forma significativa.
WWF a nivel mundial trabaja tras el objetivo de asegurar que los ecosistemas y biodiversidad del planeta estén protegidos en forma efectiva para garantizar su conservación en el tiempo. Para ello, en el caso de Chile, es esencial que el país cumpla con sus compromisos internacionales de conservación, como aquel asumido en el Convenio de Diversidad Biológica, para lo cual es necesario el incremento efectivo de las áreas protegidas bajo el SNASPE, el desarrollo e implementación del Sistema de Áreas Protegidas Privadas, y, sobre todo, la apertura de espacios de diálogo, discusión y participación en torno a estas materias; cuestión que, hasta ahora, ha sido bastante hermética.
Chile tiene una gran trayectoria en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y un gran potencial para mejorarlo, y es, a la vez, un país que destaca en la región por el incremento de iniciativas de conservación privada, aún cuando éstas carecen de reconocimiento legal e incentivos.
Sin embargo, estos antecedentes de nada servirán si el Estado no convoca una gran discusión nacional respecto a las Áreas Protegidas, orientada a consolidar el sistema público, a complementarlo adecuadamente con las Áreas Protegidas Privadas, y a desarrollar una estrategia de conservación capaz de resistir el cambio climático y otras amenazas urgentes. Cabe destacar, además, que dentro de dicha discusión y estrategia, es indispensable incluir el desarrollo e implementación de áreas marinas protegidas, señaladas en el Congreso en cuestión, como uno de los mayores desafíos actuales no sólo para la conservación de la biodiversidad, sino también para aumentar la sustentabilidad de las pesquerías que están en crisis a nivel mundial.
Esperamos que haya un vuelco significativo en la forma que se ha venido tratando el tema de las Áreas Protegidas en Chile, pues el posicionamiento de éste en la agenda pública y privada no sólo es indispensable para la conservación de nuestro patrimonio ecológico, sino que además es básico para que el país cumpla con su compromiso internacional de tener bajo protección efectiva al menos el 10% de la superficie de los ecosistemas relevantes, al año 2010.
Las Áreas Protegidas son uno de los recursos más valiosos que tenemos en Chile, y por ello deben estar abiertas al debate público. Sólo así todos podremos aportar con experiencias e ideas para la generación de propuestas eficaces y efectivas que se plasmen en buenos programas de manejo de tales áreas, y en una institucionalidad adecuada.
Alexia Wolodarsky-Franke. Encargada de Planificación para la Conservación. WWF Chile
