Las bonitas palabras del título de esta columna las utilizan recurrentemente quienes detentan los poderes políticos, económicos y fácticos, para hacernos creer que Chile es un país serio y en donde las instituciones del Estado funcionan, muletilla que le gustaba repetir hasta el cansancio a un ex presidente de la República que se hizo característico por retar a los periodistas que le formulaban preguntas incómodas que no merecían ser contestadas por tal egregio personaje.
La ley NÅŸ 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen las actuaciones de los organismos públicos, en la búsqueda de transparencia y probidad, define claramente qué se entiende por actos administrativos y entre otros, establece que los decretos supremos lo son, especificando que éstos son órdenes escritas que dicta el Presidente de la República o un ministerio por instrucción del anterior, sobre asuntos propios de su competencia.
Dicha ley dice que deberán publicarse en el Diario Oficial todos los actos administrativos, incluyendo obviamente los decretos supremos, que contengan normas de general aplicación, que se refieran al interés común, que interesen a un número indeterminado de personas, que afectaren a personas cuyo paradero fuere ignorado y aquellos respecto de los cuales la legislación ordenare especialmente esta publicación. Así las cosas, tales actos emanados de la autoridad se entenderán como auténticos y oficialmente notificados, obligando desde esa fecha a su íntegro y cabal cumplimiento, salvo que la fecha de vigencia de los mismos sea otra fijada en ellos.
Ahora bien, una de las tantas iniciativas polémicas del gobierno pasado en el ámbito de la construcción inmobiliaria, fue aquella que clausuró el aeropuerto Los Cerrillos, para darle paso a lo que se llamó el Portal Bicentenario en el terreno de 254 hectáreas que ocupaba esa antigua infraestructura donada al Estado hace 70 atrás por un filántropo oriundo de EEUU. Incluso se llegó a decir que allí se iba a edificar la Casa Presidencial. Pero aparentemente nadie se había percatado que los grandes beneficiados con la desaparición de Los Cerrillos serían las 3 o 4 empresas propietarias del porcentaje más alto de las 2.000 hectáreas localizadas inmediatamente al sur, explanada verde que conformaba el cono de aproximación al aeropuerto y que, por tal motivo, tenía fuertes limitaciones para construir.
Cuando la opinión pública tomó conocimiento de la futura clausura del aeropuerto, se generó un gran y prolongado debate público en el cual intervinieron distintos actores. La prensa abordó con mucha cobertura los diferentes puntos de vista que expresaban, tanto los agentes públicos como los privados y los sociales. Nos recordamos que cuando la actual presidenta Michelle Bachelet comandaba el ministerio de Defensa expresó opiniones un tanto desfavorables a ese proyecto, lo cual es entendible por ser ella parte de la familia aérea y por sus acabados conocimientos geopolíticos : es incomprensible que la megalópolis de Santiago, que cuenta con 6.500.000 de habitantes, tenga que depender en sus crecientes necesidades de transporte de mercaderías y de pasajeros, sólo del aeropuerto Arturo Merino Benítez, situado en la comuna de Pudahuel.
El Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos se opuso con fuerza al cambio de uso de suelo del terreno, aunque la Directiva de esa asociación gremial apoyó el negocio inmobiliario que se iba a ejecutar al interior del mismo. Muchos académicos universitarios, conocedores de la geografía de la región metropolitana, por razones de orden ambiental, también objetaron el cierre de la instalación aeroportuaria porque ésta, unida a las 2.000 hectáreas del mencionado cono de aproximación, conformaba un indispensable canal de ventilación. La Federación Aérea de Chile, por motivos de fácil entendimiento, emprendió acciones ante la Contraloría General de la República y ante los tribunales de justicia, haciendo valer la Ley de Bases del Medio Ambiente y sus legítimos derechos adquiridos. También el Colegio de Ingenieros cuestionó esa decisión tomada por Jaime Ravinet cuando ejercía como ministro de Vivienda y Urbanismo.
Con el objetivo de posibilitarse la erradicación de las actividades aéreas de Los Cerrillos, el Ministerio de Bienes Nacionales transfirió gratuitamente el 29 de Julio de 2005 las 254 hectáreas al Serviu Metropolitano para que éste «desarrolle programas propios de su competencia» (sic). Y para no andarse con chicas, ese ministerio autorizó al servicio beneficiario para enajenarlo en el plazo de 5 años, a partir de la fecha de la inscripción del dominio y hasta donde sabemos una conocida inmobiliaria ya ha adquirido unas cuantas hectáreas para construir una serie de equipamientos.
Pero, a pesar de toda la parafernalia del establishment que asegura la plena vigencia de la probidad administrativa y transparencia en los actos del Ejecutivo, nos hemos impuesto que el decreto supremo NÅŸ 74 del 29 de Julio de 2005, elaborado por la División Jurídica del Ministerio de Bienes Nacionales, cuya tramitación al interior del gobierno terminó el 24 de Noviembre de 2005 -Ä„oh, sorpresa!- no fue publicado en el Diario Oficial de nuestra República.
Así las cosas, más de algunos ciudadanos se podrían preguntar: ¿qué razones de peso tuvo el Ejecutivo de entonces para no ceñirse al artículo 48ÅŸ de la Ley NÅŸ 19.880, que ordena la publicación de ese decreto supremo en el Diario Oficial?
¿Por qué el gobierno pasado no quiso que la ciudadanía conociera los detalles de la transferencia gratuita de esas 254 hectáreas de Bienes Nacionales al Serviu? ¿Por qué se empleó esa insana práctica del secretismo? ¿En qué quedó la probidad y la transparencia?, conceptos de los cuales tanto se habla para ilusionar a los inocentes.
Patricio Herman P. Fundación «Defendamos la Ciudad»
