El gobierno de la Presidenta Bachelet constituye un hito importante dentro de un proceso de largo aliento. Su propósito estratégico -anunciado claramente en el programa de gobierno- ha sido consolidar un gran sistema de protección social que acompañe a las personas desde la cuna hasta la vejez…
Por Fernando de Laire D.*
El desarrollo de la cumbre progresista en Chile tiene un fuerte valor simbólico. Por un lado, adquiere relieve internacional que el progresismo se reúna en un país del Sur para coordinar puntos de vista sobre temas de interés global y analizar la magnitud, los efectos y las perspectivas de solución a la crisis financiera, pocos días antes de la Cumbre del G-20. Por otro lado, supone un espaldarazo al gobierno de la Presidenta Bachelet y su política de profundizar la protección social, tanto en lo estratégico como en la coyuntura de crisis.
Manuel Castells, en un agudo libro sobre Chile, sintetizó la diferencia específica entre el proyecto sociopolítico de la Concertación, definido como Progresista, Democrático e Incluyente, versus el proyecto sociopolítico de la dictadura, definido como Autoritario, Liberal y Excluyente.
El drama de nuestra derecha es que abrazó con entusiasmo la libertad de los mercados junto a la restricción de las libertades democráticas. El valor de la Concertación ha sido profundizar tanto la apertura de los mercados como el despliegue de las libertades públicas.
Para la derecha, la variable de ajuste en épocas de dificultad era el gasto social: se recordará, a este respecto, la emblemática reducción de las pensiones de vejez durante la crisis del 83. Para la Concertación, uno de los ejes fundamentales de su accionar es la profundización permanente de la protección social, y un reforzamiento de la misma en coyunturas de crisis como la que el mundo enfrenta actualmente.
Para nuestros ultraliberales, bienes sociales tan valiosos como la salud y la previsión son, ante todo, problemas individuales que cada cual debe resolver según los recursos que tenga. Para nuestra coalición, nadie puede quedar al margen de la protección en estas materias, de modo que hay que combinar la lógica contributiva con la solidaridad expresada institucionalmente.
Desde el punto de vista anterior, el gobierno de la Presidenta Bachelet constituye un hito importante dentro de un proceso de largo aliento. Su propósito estratégico -anunciado claramente en el programa de gobierno- ha sido consolidar un gran sistema de protección social que acompañe a las personas desde la cuna hasta la vejez, constituido sobre la base de garantías. Se trata, en lo fundamental, de darle un estatuto más sólido a la ciudadanía social.
Quizás si esa sea una de las mejores síntesis del progresismo: una apuesta simultánea por la ciudadanía política y la ciudadanía social, lo que es otra forma de decir que el progresismo aspira a constituir la combinación más fecunda entre libertad e igualdad.
Al finalizar el mandato de la Presidenta, entonces, el Sistema de Protección Social tendrá una arquitectura de conjunto constituida por la Reforma Previsional y su muy trascendente pilar solidario, las garantías explícitas del Plan Auge en materia de salud, el sistema Chile Solidario orientado a los más pobres y Chile Crece Contigo enfocado a la protección integral de la primera infancia. Lo anterior se complementa con la protección laboral que otorga un seguro de cesantía reforzado. Es justamente la permanencia de esta estructura institucional en el tiempo la que garantiza los derechos sociales de la ciudadanía.
A la luz de todo lo anterior, es fácil comprender por qué, en Chile, las fuerzas progresistas de raíz laica y cristiana que hemos dado vida a la Concertación, venimos convergiendo cada vez con más fuerza sobre el concepto de Estado Social y Democrático de Derecho, capaz de operar como referente axiológico y normativo propio.
Bienvenida la cumbre progresista. Bienvenido el debate.
*Fernando de Laire es doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina. Asesor de la Ministra de Planificación.
