El fallo condenatorio estima que con el poder que ejercía el gobernante peruano y su control absoluto sobre las instituciones en el vecino país, no fueron creíbles sus alegatos de ignorancia respecto a lo sucedido, en una situación similar a las afirmaciones que hizo en su oportunidad en Chile…
Por Leonardo Aravena Arredondo*
La justicia peruana solicitó a Chile la extradición del ex mandatario Alberto Fujimori que ingresó al país proveniente de Japón donde se había refugiado en 2000, abandonando su cargo de Presidente en ejercicio del Perú, atribuyéndole graves delitos en materia de violación a los Derechos Humanos, entre otros, los casos de «La Cantuta» y de «Barrios Altos», los que fueron aceptados por la justicia chilena, posibilitando el encausamiento en Lima.
Una sala especial de la Corte Suprema ha emitido en el vecino país un veredicto de culpabilidad y condenado al ex mandatario a la pena de 25 años de reclusión, en un fallo llamado a constituir un ejemplo a seguir por todos quienes han sido o pueden ser víctimas de mandatarios que no respetan a sus conciudadanos, los hacen encarcelar, torturar, asesinar o desaparecer por motivos políticos o, simplemente, porque no piensan como la camarilla gobernante, abusando del poder que les dan las armas que el mismo pueblo al que oprimen ha puesto en sus manos con propósitos muy diferentes.
No obstante que tales delincuentes han faltado gravemente al solemne juramento prestado al ser investidos, de defender a sus pueblos, de ampararlos y protegerlos, sus acciones revisten, sin excepción, una crueldad extrema, no propia de seres humanos, ensañándose incluso con niños o jóvenes sin culpabilidad alguna, ni política ni criminal, y sin mediar juicio que los condene.
El mundo ha reaccionado frente a la impunidad en que permanece la mayor parte de tales criminales, amparados por los gobiernos de turno a los que sirven o en el poder que ejercen, a veces por la fuerza de los votos de los que pronto se olvidan, para gobernar por el imperio de las armas y del miedo y el terror. Al efecto ha surgido la Corte Penal Internacional al amparo de la ONU, llamada a ejercer «Jurisdicción Universal» para perseguir y castigar a los violadores que no sean juzgados por los países en que se encuentren o éstos no quieran juzgarlos o extraditarlos a un país que los someta a juicio. Perú ha dado ejemplo de querer, de poder y de juzgar.
Cuando la Corte Suprema chilena extraditó a Fujimori, se inició en Lima el 10 de diciembre de 2007 un proceso que ha llevado a su condena como autor de graves violaciones cometidas en actos que el ex gobernante no pudo desconocer, respecto de los que nada hizo para evitar o sancionar y que, por el contrario, alentó y amparó a quienes actuaron, convirtiéndose en autor de los delitos. El fallo condenatorio estima que con el poder que ejercía el gobernante peruano y su control absoluto sobre las instituciones en el vecino país, no fueron creíbles sus alegatos de ignorancia respecto a lo sucedido, en una situación similar a las afirmaciones que hizo en su oportunidad en Chile el dictador de la época, cuando dijo que en el país no se movía ni una hoja sin que él lo supiera, enloqueciendo y olvidando luego los actos de sus subordinados, a los que llegó a desconocer.
Es posible que si Pinochet no hubiera fallecido justo un año antes del inicio del juicio a Fujimori -por coincidencia cuando se celebra el «Día Universal de los Derechos Humanos»-, también en Chile estaríamos saludando a la justicia por un fallo memorable y señero. Lamentablemente no hay certeza al respecto, ya que poco se avanzó en ese sentido a partir de 1990, término del gobierno militar. Debemos saludar en forma entusiasta y agradecida a la justicia del Perú, que ha dado una lección y un ejemplo de lo que debe ser la defensa de los ciudadanos, en una demostración de imparcialidad y falta de compromisos, salvo el que contrajeron los jueces peruanos con la dignidad humana.
*Leonardo Aravena es profesor de Derecho, Universidad Central. Coordinador de Justicia Internacional y CPI, Amnistía Internacional.
