Estas dos universidades, controladas por consorcios financieros extranjeros, asociados con grupos económicos nacionales emergentes, han invertido cuantiosos recursos en sus edificaciones a sabiendas que la actividad de suministrar al mercado enseñanza superior es muy rentable y de recuperación de…
Por Patricio Herman*
Desde hace algún tiempo se está debatiendo sobre la voluminosa estatua, en homenaje al recordado Papa Juan Pablo II, que algunos particulares decidieron discrecionalmente instalar en el parque Poeta José Domingo Rojas Gómez, área verde pública que forma parte del Parque Metropolitano del Río Mapocho. El terreno está localizado entre las calles Santa María y Bellavista, enfrentando por el poniente al Monumento Histórico Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, tradicional edificio proyectado por el renombrado arquitecto Juan Martínez (1901-1976) e inaugurado en 1938.
En la edición del viernes pasado de la revista “El Periodista” se publicó una crónica, en donde se informó que el 26 de septiembre de 2007, dos años atrás, ciertos connotados políticos, relacionados ideológicamente con la Universidad San Sebastián, tomaron la decisión -motu proprio- de emplazar en esa área verde pública la polémica escultura en honor de referido papa y que esos personeros, en connivencia con el alcalde de Recoleta, habían resuelto cambiarle el nombre a esa área verde, lo que fue “autorizado” por el sumiso Concejo Municipal.
Ahora bien, en esa zona, en donde delimitan las comunas de Recoleta y Providencia, se están levantando 2 amplios proyectos educacionales privados, uno de la Universidad Andrés Bello, sobre la calle Bellavista y el otro de la Universidad San Sebastián, en la manzana de 1,5 has conformada por las calles Pío Nono, Dardignac, Ernesto Pinto Lagarrigue y Bellavista. Para posibilitarse la construcción de este segundo proyecto fue necesario demoler el antiguo Liceo Alemán, aunque se preservó una capilla católica, declarada de conservación histórica en la regulación urbana de Recoleta.
Estas dos universidades, controladas por consorcios financieros extranjeros, asociados con grupos económicos nacionales emergentes, han invertido cuantiosos recursos en sus edificaciones, a sabiendas que la actividad de suministrar al mercado enseñanza superior es muy rentable y de recuperación del capital muy rápida, por todas las franquicias tributarias existentes en nuestro país para este tipo de emprendimientos. Esta materia se encuentra documentada en detalle en el libro “El negocio de la universidades en Chile” de la Premio Nacional de Periodismo María Olivia Mönckeberg. Y aunque todos sabemos que no es así, la institucionalidad amparadora de la ficción, todavía asegura que estas instituciones educacionales no tienen fines de lucro (sic).
Sobre la calle Bellavista, colindante hacia el oriente con la Facultad de Derecho de la UCH, en días recientes se terminó de edificar una instalación de la Universidad Andrés Bello, que inició sus obras sin contar con el respectivo permiso, supeditando los estudios viales y urbanos a lo que suceda más adelante, en cuanto al crecimiento de alumnos, profesores y administrativos. La prensa informaba que allí se emplazaría la Escuela de Derecho de esta universidad privada y como el uso de suelo lo prohibía, según documentación de la Dirección de Obras de Providencia, después de las denuncias de rigor, por un súbito arte de hechicería se transformó ese edificio en el Instituto Profesional AIEP, lo que sí estaba autorizado en la normativa urbanística.
En la aludida manzana de 1,5 has, la Dirección de Obras de Recoleta otorgó permisos a la empresa “Desarrollo Inmobiliario Bellavista S.A.” para construir un denominado Conjunto Armónico consistente en tres torres habitacionales de 19 pisos c/u, con más de mil departamentos, la propia Universidad San Sebastián, con capacidad para 3 mil 900 alumnos, un centro de extensión y un cine, con un total de mil 100 estacionamientos bajo nivel. A pesar de lo grandioso e impactante del proyecto, aprovechándose de las prebendas que otorga la institucionalidad ambiental, éste no se evaluó como “estudio”, sino como una simple “declaración”, la que -como sabemos- no evalúa nada, sino que es un mero trámite administrativo. Respecto de la altura de las tres torres habitacionales, éstas sobrepasaron la altura máxima permitida en el Plan Regulador de Recoleta.
La desmesurada estatua fundida en bronce de 13 m de alto (incluyendo su plataforma) de la Universidad San Sebastián es una extravagancia y por ello tal deseo privado ha sido criticado severamente por el rector de la UCH, por el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), a quien ni se le solicitó oportunamente su aprobación, por las federaciones de estudiante de Arquitectura y Derecho de la UCH, por escultores serios, sacerdotes, urbanistas, arquitectos, grupos ciudadanos y por gente del mundo cultural.
En los inicios de la discusión y como el proyecto no había ingresado al CMN, el arquitecto Cristián Boza, decano de arquitectura de esa universidad, con aires prepotentes respondió que, por estar financiada la estatua con recursos privados, la institucionalidad patrimonial del país no tenía porqué involucrarse en la polémica ni menos exigir que el proyecto se tramitara al interior del CMN, demostrando con sus dichos incompetencia profesional y desprecio por sus colegas arquitectos y urbanistas preocupados de la armonía y sustentabilidad en el desarrollo de la ciudad.
Después de este vergonzoso episodio, la alcaldesa de Recoleta, con los representantes de la universidad, en días recientes le llevaron al CMN un bosquejo del proyecto escultórico para que más adelante los miembros de ese cuerpo colegiado decidan su rechazo o aprobación, de acuerdo a lo fijado en la Ley Nº 17.288. El escultor, hermano de uno de los propietarios de la universidad, ha dicho que su trabajo, la efigie más grande del mundo erigida para este Pontífice, estará listo en abril de 2010 dando a entender que constataremos un nuevo hecho consumado. Como la decisión fue privada, sería lógico que su estatua se instalara en el gran sitio en donde se construye tal universidad con sus edificios asociados.
Por lo relatado y como un aporte para tratar de evitar un nuevo disparate urbano, tan característicos en nuestro país, el viernes 9 de octubre, le enviamos al CMN una sintetizada nota en donde le expresábamos que el terreno área verde pública que enfrenta el Monumento Histórico de la Facultad de Derecho de la UCH se debía recuperar con fondos fiscales, eliminando unas gigantografías publicitarias y reubicando en un mejor lugar a unos artesanos que allí trabajan. Es de esperar que se produzca esta transformación urbana, manteniendo sus especies arbóreas, para que en las festividades del Bicentenario dispongamos de una virtuosa y limpia explanada que será la prolongación de ese inmueble patrimonial del recordado arquitecto Juan Martínez, quien fue Premio Nacional de Arquitectura en 1969.
Si se procede en consecuencia, ese parque que debería recobrar el nombre del joven poeta, sería un valioso espacio de encuentro democrático, subrayando que el eventual emplazamiento del inmenso volumen estatuario perturbaría ambientalmente la visión del entorno de la Facultad de Derecho de la UCH. Nosotros, que en esta oportunidad creemos representar a la ciudadanía, deseamos que este magnífico edificio de la principal universidad del país tenga la solemnidad y jerarquía que se merece. La última palabra la tienen los integrantes del CMN y en tal sentido confiamos plenamente en su buen juicio.
*Patricio Herman, Fundación “Defendamos la Ciudad”.
