Otros temas de gran preocupación para el CDH son la situación de exclusión y de discriminación jurídica y política de los sectores que representan la diversidad en Chile, entre ellos pueblos indígenas, mujeres y migrantes.
El 2009 fue un año especialmente relevante para los derechos humanos en Chile. Desde las reiteradas condenas de los 70 y 80 al gobierno de Pinochet por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por graves violaciones a los derechos humanos, el Estado chileno no había sido objeto, como hasta ahora, de una interpelación tan categórica por el Sistema de las Naciones Unidas.
La interpelación, consecuencia del incumplimiento de compromisos adquiridos por nuestro país en virtud de los tratados internacionales de derechos humanos que ha ratificado y que se encuentran vigentes, provino del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de la ONU, así como del Comité Contra la Tortura (CCT) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CEDR) de la misma entidad, que este año analizaron la observancia por parte del Estado chileno de tales compromisos internacionales. También provino del Relator Especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, que visitó el país en abril pasado.
Se trata de una situación claramente indecorosa para un gobierno como el de la Presidenta Bachelet, que ha hecho pública su adhesión y compromiso con los derechos humanos, posesionándolos, al menos en el discurso, como una piedra angular tanto en su programa de gobierno y como en su política pública. Más aún, se trata de una situación crítica para un gobierno que desarrolló una estrategia diplomática que permitió a Chile pasar a integrar el CDH de Naciones Unidas, órgano máximo del sistema de la ONU para la promoción de los derechos humanos y libertades fundamentales.
[cita]Otros temas de gran preocupación para el CDH son la situación de exclusión y de discriminación jurídica y política de los sectores que representan la diversidad en Chile, entre ellos pueblos indígenas, mujeres y migrantes.[/cita]
Los informes y observaciones finales de estos órganos e instancias del sistema de la ONU fueron categóricas: el Estado chileno no ha dado cumplimiento a numerosos compromisos contraídos en la materia a través de tratados u otros instrumentos internacionales. No obstante valorar –como lo hacen generalmente- algunos de los esfuerzos realizados por el Estado de Chile en el período post dictatorial por avanzar en el reconocimiento y ejercicio de algunos derechos humanos, dichos órganos e instancias recogieron, en lo esencial, las preocupaciones que la sociedad civil y los pueblos originarios hemos venido planteando desde hace años, sin ser escuchados hasta ahora, situación que les representáramos a través de informes alternativos.
Constataron, además, serias limitaciones institucionales para asegurar la vigencia y protección efectiva de estos derechos, y la ausencia de una política y actuación coherente desde el Estado, incluyendo sus distintos poderes, para garantizar el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado en esta materia.
De particular importancia fue el Examen Periódico Universal (EPU), mecanismo destinado a evaluar el cumplimiento por los Estados miembros de la ONU de las obligaciones de tratados y compromisos voluntarios en materia de derechos humanos, al que por primera vez este año Chile es sometido. Entre los aspectos más críticos representados por el CDH en su informe sobre Chile se incluyen el rezago en la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos, recomendando su ratificación. El CDH también constató, en materia institucional, la ausencia de una institución nacional de derechos humanos acorde con los Principios de Paris, recomendando su creación, la necesidad de reformar el sistema electoral, y reformar la legislación para asegurar la igualdad del hombre y la mujer.
Siempre en el ámbito institucional, los Estados que integran el CDH efectuaron observaciones en relación con la persistencia de la ley de amnistía, que impide la investigación y sanción de las graves violaciones de derechos humanos del pasado; la persistencia de la competencia de la justicia militar para juzgar a civiles; la inexistencia de una definición de tortura en la legislación penal chilena, acorde con la definición sobre la materia de la Convención contra la tortura; y la vigencia de una ley antiterrorista que no garantiza el derecho al debido proceso, recomendando la adopción de reformas legislativas y de una política pública consistentes con los compromisos internacionales de derechos humanos.
Otros temas de gran preocupación para el CDH son la situación de exclusión y de discriminación jurídica y política de los sectores que representan la diversidad en Chile, entre ellos pueblos indígenas, mujeres y migrantes. Especial atención tuvo la situación de los pueblos indígenas. Muchos Estados manifestaron su preocupación por la falta de reconocimiento constitucional de su existencia y derechos; por las medidas adoptadas para adecuar la legislación interna al Convenio 169 de la OIT; por la lentitud de los procesos de demarcación de las tierras tradicionales y por la amenaza de grandes proyectos de inversión en ellos. También lo hicieron en relación a la inexistencia de procesos de consulta reales, que permitan la participación de los pueblos indígenas en la adopción de legislación y políticas que les conciernen.
Otros Estados manifestaron su preocupación por la situación de criminalización de la protesta social indígena, la violencia policial que se ejerce sobre ellos, así como sobre otros sectores vulnerables, recomendando la adopción de medidas para poner término a esta situación.
En relación a las mujeres, varios Estados manifestaron su preocupación por la persistencia de situaciones de discriminación en el ámbito de la familia, de la participación política, y en materia de aborto. En relación a la población migrante los Estados recomendaron adoptar medidas tanto de carácter legislativo como administrativo de manera de garantizar sus derechos humanos.
Si bien algunas de las recomendaciones hechas a Chile en el marco del EPU, tales como la ratificación de la Corte Penal Internacional y el establecimiento de una institución nacional de derechos humanos, han sido materializadas en los últimos meses, no se ha establecido a la fecha un mecanismo de seguimiento -con participación de la sociedad civil- de las recomendaciones realizadas por el CHD y los órganos de tratado y procedimientos especiales de la ONU, a fin de avanzar en su cumplimiento por parte de los distintos estamentos del Estado. Siendo lamentable que la propuesta realizada por organizaciones de la sociedad civil al Ministro Viera Gallo en junio pasado para estos efectos, no haya tenido respuesta a la fecha.
La importancia de los informes emanados de estos órganos e instancias de la ONU, para muchos desconocidos, es que ellos vienen a aportar elementos y orientaciones para un debate que, en el contexto del bicentenario de la conformación del Estado chileno, comienza a aflorar con fuerza en el país.
Tal debate dice relación con la necesidad urgente de generar, a través de procesos ciudadanos y a la luz de los consensos internacionales hoy existentes sobre la materia, una nueva institucionalidad jurídico política para el país, que establezca las bases para una convivencia más democrática, más participativa, más plural e intercultural.
En efecto, lo que los informes de Naciones Unidas nos indican con claridad es que aquella democracia que fuera posible recuperar hace casi dos décadas atrás, poniendo fin al régimen militar, y que nos rige a la fecha, no resulta consistente con las directrices del derecho internacional relativo a los derechos de las personas y de los pueblos.
Llama la atención por ello que ninguno de los candidatos presidenciales se haya hecho eco de estos informes, asumiendo en forma expresa el compromiso de trabajar para el cumplimiento de las recomendaciones realizadas a Chile el 2009 por la ONU como un eje central de su programa de gobierno.
Quienquiera sea que asuma la conducción política del Estado en marzo del 2010 tendrá el desafío de impulsar un proceso, con la participación activa de la sociedad civil, orientado a implementar las reformas jurídicas y políticas recomendadas por la ONU, de modo de cumplir con los compromisos internacionales, aún pendientes, que el país tiene en materia de derechos humanos.
