Este enfoque ideológico de la administración de Piñera aparece basado en los lineamientos del Instituto Libertad y Desarrollo que, predeciblemente, aplica su visión del “crecimiento económico infinito” a la naturaleza. Se proyecta que todo es mercantilizable y debe tender al crecimiento, la competitividad y el eficientismo, incluyendo un ‘recurso natural’ como el agua.
Ciertamente, la problemática del agua en Chile no ha sido un tema favorecido por la clase política, y así también demoró en surgir el proyecto de reforma constitucional, dado a conocer en septiembre de 2009 por el gobierno de la ex Presidenta Bachelet, que apuntaba a una apertura -por primera vez desde la privatización del agua por tarde de la dictadura de Pinochet- hacia la caducidad de los derechos de agua.
Sin embargo, la iniciativa, incorporada al programa de gobierno de Frei desde el programa de MEO y patrocinada por la ex Presidenta, yace hoy abandonada por la nueva administración, que se apura en señalar a los chilenos y chilenas que este problema, al igual que muchísimas cosas en la lógica de la Coalición, se limita a un ‘problema de gestión’. Nada que el mercado no pueda resolver.
En esa misma línea, las nuevas autoridades del sector ya anuncian la revisión de los decretos supremos, dejados por el anterior gobierno sobre la base del imperativo de la conservación ambiental, que deniegan parcialmente solicitudes de derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos -que utilizan las hidroeléctricas- de siete cuencas del sur del país: Cochamó, Petrohué, Murta, Palena, Del Oro, Chaihuín, Cisnes y Golgol.
[cita]La ex Presidenta Bachelet dispuso la creación de una instancia empresarial y ciudadana transversal para este tipo de gestión (ya incorporada en el primer mundo).[/cita]
A través de este y otros anuncios similares, el gobierno de Sebastián Piñera avanza en la dirección abiertamente contraria a la que el país requiere, e ignora la sobreexplotación y contaminación hídrica en manos de la agricultura industrial y minera, y especialmente la especulación financiera que rodea al agua. En algunas zonas del Norte, el precio del litro/segundo supera los U$200 mil, con los subsecuentes impactos sobre comunidades locales u/o indígenas, que sufren la contaminación consumada y deben abandonar sus tierras y dar paso al monocultivo.
Este enfoque ideológico de la administración de Piñera aparece basado en los lineamientos del Instituto Libertad y Desarrollo que, predeciblemente, aplica su visión del “crecimiento económico infinito” a la naturaleza. Se proyecta que todo es mercantilizable y debe tender al crecimiento, la competitividad y el eficientismo, incluyendo un ‘recurso natural’ como el agua. Pero ¿así funciona la naturaleza?
Chile, país de cuencas hidrográficas, debería ser gestionado como tal. Cada cuenca debería ser estudiada y administrada como tal, para de ese modo garantizar el desarrollo armónico de las diversas actividades que alberga. Pero la administración de Piñera, heredera directa del modelo implantado por Pinochet, se apresta hoy a profundizar la propiedad privada del agua, lo que anula completamente la posibilidad de una gestión integrada de cuencas.
La ex Presidenta Bachelet dispuso la creación de una instancia empresarial y ciudadana transversal para este tipo de gestión (ya incorporada en el primer mundo). Sin embargo, los grandes propietarios del agua de los chilenos se negaron a participar, aduciendo que se atentaba contra la seguridad jurídica de sus inversiones. Obviamente, son los mismos que disimulan que sus derechos de agua los consiguieron de manera gratuita y nada transparente de manos de la dictadura, cuyo legado está bajo resguardo de ‘la nueva forma de gobernar’.
