Tratándose de transparencia, la escalada de los hechos hacia la política lo único que hará es tornar más pesada la mochila de los conflictos de interés para el gobierno. La anunciada comisión investigadora parlamentaria, que llega muy atrasada, tampoco aporta mucho y tiene valor cero para el deporte nacional.
La reñida elección de la ANFP se transformó en un autogol mediático para La Moneda. La sospecha pública de manipulación gubernamental para decidir su resultado y la falta de tino comunicacional del gobierno en las distancias cortas de un tema de alta sensibilidad pública nacional, dejan empatado un partido que hasta ese momento el gobierno ganaba holgadamente luego del rescate de los mineros de Atacama.
El anuncio del Presidente de que estudia acciones legales en contra de quienes afirman que intervino directamente, escala a lío político el problema. Con el agravante que en la ANFP el problema también adquirió carácter de crisis institucional, lo que en alguna instancia puede requerir la intervención de entes gubernamentales para resolver los embrollos, lo que generará nuevos conflictos de interés.
El tema es situacional, como dicen los expertos en seguridad. Para el Presidente es el lugar que ocupa como jefe del Estado, y los atributos personales, económicos y sociales con los cuales arribó al cargo. En este caso específico, la propiedad accionaria en Blanco y Negro, sociedad controladora del club Colo Colo, que lo sitúa de facto en el campo de acción de quienes administran el club, es decir los que desbancaron a Harold Mayne-Nicholls de la ANFP.
[cita]El Presidente decide construir estadios, auspiciar campeonatos, designa a los funcionarios que controlan la actividad.[/cita]
Nadie necesita hacer alguna llamada para entender que detrás de los dirigentes de Colo Colo están los accionistas de Blanco y Negro, como ocurre en cualquier sociedad con fines de lucro. Particularmente está detrás el interés de los accionistas principales, uno de los cuales es el Presidente de la República y otro su consuegro.
En más de una oportunidad, antes de la primera vuelta electoral, se señaló la conveniencia de que el Primer Mandatario se desprendiera de sus acciones y negocios, pues ellos resultaban incompatibles con el cargo al que aspiraba.
La lentitud y ambigüedad de su compromiso para hacerlo, y de las acciones destinadas a concretarlo, generaron fuertes críticas no solo de la oposición sino también de su propia alianza política. Y creció el convencimiento que a la larga esta confusión que no se deseaba despejar de manera clara, traería complicaciones.
El problema es la vastedad de los intereses del Presidente además del volumen de su fortuna. Al igual que muchos de sus colaboradores que desempeñan cargos en el Estado, esa dimensión genera roces constantes entre el interés privado y el público en temas sobre los que deben influir, actuar o decidir. Y si bien ellos pueden no tener sellos de ilegalidad, sí lesionan el soporte de confianza y transparencia que requiere un gobierno y el acto de gobernar.
En los últimos dos meses, al menos en tres oportunidades el Presidente de la República ha experimentado este tipo de roces. Uno de ellos fue en plena gira europea cuando en Francia se refirió a la fusión de las aerolíneas LAN y TAM, con una frase propagandística sobre LAN que, al menos, resultó de mal gusto. El Presidente es el Jefe de la política exterior del país.
Otra oportunidad fue a propósito de la huelga de hambre de los comuneros mapuche, en cuyo entorno informativo adquirió notoriedad el hecho de que una parte importante de su Parque Tantauco, formado con la suma de varias propiedades, es objeto actualmente de reivindicación de tierras por organizaciones williches, quienes alegan derechos ancestrales basados en un tratado, curiosamente llamado igual que la propiedad del Presidente, Tratado de Tantauco, firmado a fines del siglo XIX. El Presidente es el responsable según la constitución de la administración del Estado, que incluye MIDEPLAN y CONADI, bases principales de la política pública indígena.
La tercera es la actual con la ANFP, pero que ya traía cola desde el momento en que la Contraloría General de la República obligó al actual Subsecretario de Deportes, a comienzos del gobierno, a vender sus acciones de Blanco y Negro, las que pasaron a manos del consuegro del Presidente. En esa oportunidad, quedó flotando en el ambiente la inconveniencia de que el primer mandatario retuviera sus acciones, toda vez que debe decidir sobre aspectos financieros o de infraestructura que afectan a los clubes de fútbol profesional. El Presidente decide construir estadios, auspiciar campeonatos, designa a los funcionarios que controlan la actividad.
El mismo día que se efectuaba la elección en la ANFP, Piñera anunciaba una importante contribución para remodelar el Estadio Sauzalito de Viña del Mar, perteneciente al Club Everton, aliado de Colo Colo y uno de los principales oponentes a Mayne- Nicholls.
Tratándose de transparencia, la escalada de los hechos hacia la política lo único que hará es tornar más pesada la mochila de los conflictos de interés para el gobierno. La anunciada comisión investigadora parlamentaria, que llega muy atrasada, tampoco aporta mucho y tiene valor cero para el deporte nacional. Lo que en realidad se requiere es fideicomiso ciego para todo el gobierno, fortalecer la transparencia y apoyar los buenos procesos como el de Mayne-Nicholls y Marcelo Bielsa
Pero como bien señaló este, a los hinchas no los escuchó nadie: los negocios se comieron el fútbol, y luego de este affaire, La Moneda solo puede aspirar al empate de local. Pésimo negocio.
