Centralista y concentrador, y con escasos mecanismos de equidad, el modelo económico no ha sido la implantación de un mercado socialmente eficiente sino su negación, por la acción de monopolios incontrolables y múltiples abusos, transformándose en el blanco preferido de todas las desafecciones políticas y ciudadanas.
La crisis de Magallanes ha puesto descarnadamente sobre la mesa los problemas del desarrollo nacional, en este caso en una zona extrema del país que merece especial atención, y la visión escéptica de la ciudadanía sobre quien recibe los beneficios del crecimiento que ha tenido el país.
La singularidad política y la liviandad con la cual el gobierno enfrentó la crisis del gas, indican que la elite política no percibe el malestar de la población con el modelo económico. Este, pese a todos los elementos positivos que presenta, ha generado un desarrollo tan desigual, social y entre regiones, que requiere ser mitigado so pena de acumular tensiones como las que se liberaron en el conflicto de Punta Arenas.
Fueron ellas las que horadaron la cohesión de la Concertación haciéndola perder primero la mayoría parlamentaria en el Senado sin que mediaran elecciones, y luego la presidencia de la República, en la última contienda electoral.
[cita]Se requiere una política reposada y acciones de fondo para impedir que esa percepción de desigualdad que tiene la ciudadanía, acompañada de desafección de la política, termine lesionando seriamente la institucionalidad y la estabilidad del país.[/cita]
Centralista y concentrador, y con escasos mecanismos de equidad, el modelo económico no ha sido la implantación de un mercado socialmente eficiente sino su negación, por la acción de monopolios incontrolables y múltiples abusos, transformándose en el blanco preferido de todas las desafecciones políticas y ciudadanas.
Las situaciones son tan extremas que han puesto la legitimidad del sistema político en el límite, pues casi la mitad de los ciudadanos se han desentendido de la política y no votan o no están inscritos en los registros electorales.
Ello ha horadado la credibilidad de los políticos, identificados como los responsables de las desigualdades y abusos que presenta el sistema, sin distinción de colores políticos, lo que ha impactado fuertemente tanto la imagen de los partidos como del Congreso Nacional.
La última encuesta del Centro de Estudios de la Realidad Contemporánea, CERC, de diciembre de 2010, contiene información producto de cuatro preguntas con opciones acuerdo o desacuerdo, que es un escáner de lo que durante 20 años de democracia piensan los chilenos respecto del modelo económico y permite extraer ciertas consecuencias (lámina 7).
Preguntados en diciembre de 2010 quien se beneficia del desarrollo económico, el 76% de los encuestados responde que los más ricos, el 28% dice que los más pobres, un 20% dice que todos los chilenos y un 17% señala que se beneficia personalmente.
Las mismas preguntas en 1993 daban como resultado un 76% los más ricos, un 43% todos los chilenos, un 39% uno mismo y un 26% los más pobres. Es decir, en 20 años hemos triplicado nuestro ingreso per cápita, pero no hemos ganado en igualdad y somos menos optimistas respecto de nuestra posición en la economía. Es decir, el desarrollo es propiedad de otros.
Las líneas que trazan las mediciones se mantienen en una meseta durante todo el período. La que señala que se benefician los más ricos y que empieza con 76%, lo más bajo que llega es a 72% en diciembre de 2009, pero tiene un peak de 85% en diciembre de 1997, durante el gobierno de Eduardo Frei. Entre diciembre del año 2000 y diciembre de 2008 nunca baja de 79%, siendo el peak del período los años 2005 y 2006 donde alcanza un 83%.
El resto de las preguntas también van en una especie de meseta. Sólo hay dos momentos de optimismo claro. El primero en 1993 ya señalado, y el otro en diciembre de 2009 donde la dimensión “favorece a los más pobres”, aparentemente empujado por la reforma previsional, sube a 43%, para volver a bajar abruptamente al 28% en la encuesta recién pasada.
Son muchas las inferencias que se pueden hacer a partir de los datos que contiene la Encuesta CERC, especialmente en la dimensión de para quién son los beneficios del desarrollo. Es claro por ejemplo que en el gobierno de Frei la percepción de que el modelo beneficia a los más pobres se va al piso, y que junto con los indicadores del período de Ricardo Lagos, constituyen el momento de mayor percepción de desigualdad en el país.
Si bien las encuestas son mostrativas de un momento del escenario, una serie de ellas permite construir una tendencia en el tiempo y comparar los diferentes resultados, lo que es un instrumento invaluable para conocer la percepción política ciudadana y leer en profundidad los hechos políticos que la acompañan.
Lo que ellas están indicando es que se requiere una política reposada y acciones de fondo para impedir que esa percepción de desigualdad que tiene la ciudadanía, acompañada de desafección de la política, termine lesionando seriamente la institucionalidad y la estabilidad del país.
El gobierno actual no puede tratar cada desajuste o problema que se presente con una promesa de mano dura. Durante mucho tiempo los problemas han estado manifestándose de manera espontánea y viral. Ocurrió con los trabajadores portuarios en los 90’, con los pescadores artesanales, los estudiantes y los subcontratados en la primera década del 2000. Ahora se presentan como problemas regionales y problemas étnicos como el mapuche o los de Isla de Pascua.
El gobierno debiera entender que requiere una percepción más política de la realidad, lo que obviamente falta en La Moneda, y quedó pendiente en el pasado cambio de gabinete.
