Probablemente uno de los peores y más recurrentes errores que puede cometer un gobierno es el de la autocomplacencia. Siempre habrá funcionarios dispuestos a mostrar con cifras y rumas de oficios lo trascendente de la acción gubernamental, lo impecablemente ejecutada que ésta está, lo consistente que resulta con los objetivos fundacionales de la coalición y las promesas electorales y, lo más enternecedor, lo inédito, lo renovador, lo innovador que son las políticas que se están impulsando, como si el descubrimiento del mundo coincidiera con su llegada a Palacio.
La autocomplacencia, trae aparejada un cierto enojo con el mundo y su doctrina se podría sintetizar de la siguiente manera: Los otros, que nos critican, parecen no entender que tenemos buenas razones para hacer lo que hacemos y que si no estuviésemos aquí las cosas serían mucho peor.
La autocomplacencia es el error común de los partidos y coaliciones que gobiernan por muchos años. Se aíslan en sus propias lógicas, terminan creyendo en los argumentos oficiales, desacreditan a los críticos y dejan de escuchar a la calle. La Concertación en el Gobierno sufrió ese mal y los efectos fueron catastróficos: después de medio siglo la derecha ganó unas elecciones presidenciales. Pero aquello fue ocurriendo a lo largo de los años, casi como la intromisión lenta, imperceptible e inevitable de un virus destructor. Lo curioso es que el actual gobierno aún no cumple un año y ya muestra síntomas avanzados de la misma enfermedad.
[cita]Los porfiados hechos son los que importan, no las intenciones. Un hecho es que los mapuches siguen siendo juzgados por ley antiterrorista. Un hecho es que el Fondo de Tierras del año 2010 no se ejecutó. Un hecho es que la CONADI ha sido irrelevante.[/cita]
La autocomplacencia del Gobierno se alimenta además de la grandilocuencia y se refleja en casi todo. Frases como “en dos meses hemos hecho más que en 20 años de Concertación” son habituales y van conformado un clima de falso entusiasmo entre los propios y de gran sorpresa y desconcierto entre los ciudadanos que no alcanzan a percibir un mínimo correlato entre esas afirmaciones y la realidad.
Este fenómeno es transversal en el gobierno. En su respuesta a mi comentario sobre la renuncia del Director de la CONADI, Sebastián Donoso hace una extensa defensa de la política indígena del Gobierno. Su exposición de la política indígena del Gobierno es racional pero deja un resultado típicamente autocomplaciente: no tiene nada que ver con las cosas de la realidad, al menos como la perciben los mortales comunes y corrientes.
Por ejemplo, para los mapuche que estuvieron en huelga de hambre y que llegaron a sendos acuerdos con el Gobierno en relación a la aplicación de la Ley Antiterrorista en las causas que los afectan y que incluso dieron lugar a una modificación a la mencionada ley, la “política del gobierno” ha resultado un mero engaño. Como muestra un botón: el artículo tercero de la ley que modificó la Ley Antiterrorista establece que “Si las conductas tipificadas en la Ley Nº 18.314 o en otras leyes fueren ejecutadas por menores de dieciocho años, por aplicación del principio de especialidad se aplicarán siempre el procedimiento y las rebajas de penas contemplados en la Ley Nº 20.084, que establece un sistema de responsabilidad penal adolescente”. En otras palabras: no se aplicará la Ley Antiterrorista a menores de edad, ni procedimentalmente ni para definir las penas. Sin embargo, al día de hoy siguen procesados por ley antiterrorista los menores Luis Marileo, José Ñirripil y Cristián Cayupan, impidiéndoseles un debido proceso y negándoseles acceder a garantías procesales propias de la ley de responsabilidad penal adolescente. Todo ello en medio de la indiferencia del Ministro de Justicia y el silencio de la prensa.
Los porfiados hechos son los que importan, no las intenciones. Un hecho es que los mapuches siguen siendo juzgados por ley antiterrorista. Un hecho es que el Fondo de Tierras del año 2010 no se ejecutó. Un hecho es que el Gobierno no quiere hacer Consulta indígena para adoptar el Reconocimiento Constitucional. Un hecho es que la CONADI ha sido irrelevante.
Entonces la gente tiene derecho a preguntarse: ¿Cuál es la verdadera política indígena?
