El año 2010 estuvo marcado por diversos acontecimientos que abrieron el debate en torno a la transparencia en el Congreso Nacional. Esto, a raíz de la publicación de la ley 20.447 que buscó adecuar su Ley Orgánica Constitucional, entre otras cosas, al principio de probidad y transparencia en la gestión pública reconocidos en nuestra Constitución. A pesar de lo anterior, luego de una larga tramitación (tardó casi 5 años en publicarse) varios de sus artículos no tardaron en generar polémica, ya que a pesar de su objetivo inicial, terminaron contraviniendo los principios de transparencia y apertura que nuestro Estado venía reconociendo desde hace ya algunos años.
Como ya bien sabemos, cuando el tema salió a la luz, diversas organizaciones sociales se movilizaron para modificar especialmente uno de sus artículos más polémicos: el que cerró parte importante del Congreso a la ciudadanía, prohibiendo el acceso de público a las sesiones de comisiones del Congreso y la publicidad de sus materiales de registro…triste conclusión a la que se llegó luego de casi 5 años de discusión. Sin embargo, de esa movilización han derivado positivos resultados ya que se reabrió el debate, se escuchó a diversas organizaciones de la sociedad civil y se están consensuando modificaciones que buscan “abrir” las sesiones de comisiones a la ciudadanía.
A pesar de lo anterior, hay otros aspectos que no dejan de ser preocupantes.
[cita]Paradójicamente es la comisión de Ética y Transparencia la que menos información presenta, lo que nos ha impedido seguir la discusión de este reglamento.[/cita]
A raíz de que el Congreso – sin causa razonable – quedó al margen de las obligaciones que establece la ley de Transparencia (Nº 20.285) respecto al derecho que tienen los ciudadanos de solicitar información y reclamar ante el Consejo para la Transparencia, se dictó en esa misma ley una norma que obliga a las Cámaras a establecer en sus reglamentos las disposiciones que cautelen el acceso del público a la información. Sin embargo, a casi 6 meses de su entrada en vigencia, la Cámara de Diputados – a diferencia de lo que ha ocurrido en el Senado – aún no ha aprobado dicho reglamento y establecido un mecanismo que permita a los ciudadanos ejercer su derecho a realizar solicitudes de información pública al alero de la ley.
A pesar de que esta preocupación ha sido manifestada en diversas oportunidades a su Secretario General y Comisión de Ética y Transparencia presidida por el diputado Marco Antonio Núñez, nada ha sucedido al respecto, siendo los ciudadanos los más afectados. En este sentido poco llaman la atención los resultados arrojados por el estudio publicado en El Mostrador, de la Fundación Pro Acceso, donde esta Cámara fue uno de los organismos peor evaluados en virtud de que no entregaron la información que se les requirió.
Más difícil aún se pone esta situación, cuando si bien existe un déficit general de información en todas las comisiones, paradójicamente es la comisión de Ética y Transparencia la que menos información presenta, lo que nos ha impedido seguir la discusión de este reglamento. Para terminar, esta situación se complejiza aún más cuando vemos que la misma ley sobre la que nos hemos referido en esta columna – la que tardó casi 5 años en publicarse – también establece que va a ser esta comisión, integrada por parlamentarios, la encargada de velar por los principios de probidad y transparencia, y de resolver las controversias que se generen en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Es decir, será esta comisión, encargada de resolver temas fundamentales, la que actuará como juez y parte.
Así, estos serán temas que claramente deberán debatirse y mejorarse este 2011.
