Es de extrema gravedad que se estén creando beneficios sociales permanentes que pudieran estar siendo financiados con ingresos transitorios, como los provenientes del alto precio del cobre o del alza transitoria de impuestos que se acaba a fines de esta administración.
El Ejecutivo anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que para algunos jubilados elimina y para otros rebaja, la cotización para salud que realizan a partir de sus pensiones.
Si bien se valora la voluntad de aumentar la pensión líquida de los jubilados más vulnerables, la propuesta del Ejecutivo genera graves perjuicios institucionales, pues erosiona las bases y el financiamiento de nuestro sistema de protección social.
Sin duda, ésta es una medida de alto impacto público y político, que ha sido objeto de controversia recurrente en los últimos años y que estuvo presente en la última campaña presidencial. Lamentablemente, la propuesta del Ejecutivo presenta serias inconsistencias desde el punto de vista de las políticas públicas, por lo que al parecer, en este anuncio se impusieron los argumentos políticos por sobre los técnicos.
Así, mostrar el cumplimiento de una promesa electoral en un Gobierno con problemas de credibilidad, entregar un beneficio a un grupo poblacional con alto peso electoral como son los adultos mayores, y generar la sensación en la opinión pública de que éste es un Gobierno realizador en lo social, primaron sobre los aspectos institucionales y de sustentabilidad financiera que toda política pública responsable debiese considerar.
[cita]Es de extrema gravedad que se estén creando beneficios sociales permanentes que pudieran estar siendo financiados con ingresos transitorios, como los provenientes del alto precio del cobre o del alza transitoria de impuestos que se acaba a fines de esta administración.[/cita]
Esto queda de manifiesto, en primer lugar, en que la propuesta vulnera principios básicos de la seguridad social moderna, como son su carácter contributivo y solidario. En efecto, excluye a los adultos mayores de la responsabilidad de cotizar sin que exista mayor fundamento para beneficiarlos a ellos y no a otros sectores sociales tanto o más necesitados. Sólo por nombrar un ejemplo ¿Por qué excluir de la obligación de cotizar para salud a los adultos mayores y no a una madre jefa de hogar que gana el sueldo mínimo?
En segundo lugar, la propuesta no focaliza adecuadamente el gasto social. Si se van a destinar 200 millones de dólares al año, según cifras del Ministro de Hacienda, ¿Por qué hacerlo en el segmento de los adultos mayores, en el que la pobreza tiene una incidencia de 8,9%, y no hacerlo en el segmento de los menores de 18 años, donde la pobreza alcanza a 20%? Desde el punto de vista del impacto social, claramente sería más conveniente invertir en los niños y jóvenes, destinando recursos, por ejemplo, a mejorar las ayudas para que puedan acceder a educación de calidad.
Y en tercer lugar, la propuesta atenta gravemente contra la sustentabilidad financiera del sistema público de salud, pues las cotizaciones que se dejarán de efectuar serán en su gran mayoría recursos que dejará de percibir FONASA ¿Cómo le serán repuestos esos 200 millones de dólares anuales a FONASA? ¿Aumentarán los copagos? ¿Se reasignarán desde otro ministerio? ¿Se aumentará algún impuesto? Sería inaceptable que dichos recursos no se repusieran y se tuvieran que reducir la calidad y la cantidad de las prestaciones que entrega el sistema público de salud.
Este es un asunto particularmente grave, que la propuesta del Ejecutivo omite por completo. La experiencia internacional muestra que el costo de la salud sube, tanto por la transición demográfica como por el creciente uso de tecnologías costosas. Es esperable entonces, que el gasto en salud como porcentaje del PIB se incremente en Chile en los próximos años. Y ante ello, inexplicablemente el Ejecutivo plantea reducir las fuentes de financiamiento del sistema público, donde se atiende no sólo la población más vulnerable, sino que la gran mayoría de los chilenos.
Intentar dar la sensación de que es posible tener un sistema de salud sin la contribución de sus usuarios es una falacia. Ello es especialmente cierto en el caso de los usuarios de la tercera edad, para quienes el gasto en salud es en promedio más de tres veces el del resto de la población.
Lo más preocupante, es que esta propuesta de beneficios sociales sin financiamiento sustentable que plantea el Ejecutivo no es un hecho aislado, sino una tendencia que se ha repetido en varias de sus iniciativas, como el bono bodas de oro, la extensión del post natal y el ingreso ético familiar, en los cuales nada se ha anunciado respecto de su financiamiento en régimen. En este sentido, es de extrema gravedad que se estén creando beneficios sociales permanentes que pudieran estar siendo financiados con ingresos transitorios, como los provenientes del alto precio del cobre o del alza transitoria de impuestos que se acaba a fines de esta administración.
El Ejecutivo aún está a tiempo de rectificar el rumbo en materia de diseñar políticas públicas sustentables. Es de esperar que lo haga.
