Si a la democracia chilena le faltaba verdadera competencia, los partidos políticos le han dado otro tiro de gracia. Si usted sentía que al votar solo estaba ratificando las decisiones que los partidos habían tomado previamente, vamos a seguir igual.
Imagine una escena: usted es un dirigente comunal reconocido, militante de un partido político, y quiere ser candidato en la próxima elección de diputados. El problema es que ya hay un diputado de su partido en el distrito, y usted tendrá que convencer a la directiva de hacer primarias para ver quién merece ser el abanderado. Salvo que usted tenga acceso a financiamiento extraordinario o el presidente del partido le deba un favor, la única chance que tiene usted de forzar las primarias es amenazar que si no se hacen, usted correrá por fuera. Y como usted es un dirigente reconocido por la comunidad, “tiene votos”.
Pues bien, nada de esto pasará en Chile. Si a la democracia chilena le faltaba verdadera competencia, los partidos políticos le han dado otro tiro de gracia. Si usted sentía que al votar solo estaba ratificando las decisiones que los partidos habían tomado previamente, vamos a seguir igual.
[cita]Si a la democracia chilena le faltaba verdadera competencia, los partidos políticos le han dado otro tiro de gracia. Si usted sentía que al votar solo estaba ratificando las decisiones que los partidos habían tomado previamente, vamos a seguir igual.[/cita]
El día de ayer, todos los partidos políticos unidos (con las excepciones del PC, el PRO y 8 independientes o díscolos) aprobaron en el Congreso extender a un año el tiempo mínimo con que deben renunciar a sus partidos quienes quieran competir como independientes en las elecciones. Con esto, la situación que planteábamos al comienzo, el militante local reclamando espacios democráticos de decisión, es imposible… salvo que lo haga más de un año antes de la elección. Si eso llegara a ocurrir, la respuesta de los dueños del partido ya se imagina: “pero si falta tanto pos hombre, todo a su tiempo”. Sin embargo, una vez llegados a 12 meses antes de las elecciones, la puerta se cierra con llave para entrar o salir, y solo la directiva elige a quienes tienen derecho a ser candidatos.
Se trata de una solución al más puro estilo de Don Otto: los partidos no están dispuestos a corregir su desprestigio en la ciudadanía, prefieren esconderlo, vender el sillón. Si optaran por el camino contrario, si los partidos fueran valorados por la sociedad, el solo hecho de contar con el logo del partido en su afiche debiera ser una ventaja contundente del candidato “oficial” frente al que renunció. Pero, todos sabemos, los candidatos prefieren evitar contarnos a qué partido pertenecen cuando hacen campaña. Otra solución donottiana, por cierto.
La historia de la nueva ley es singular. En marzo de 2009, siete diputados (DC, PPD, PS y RN) presentaron el proyecto, contaron con el apoyo del gobierno que le asignó suma urgencia –¿una urgencia ciudadana?–, y en menos de una semana se discutió y terminó rechazándose. 15 meses después, los senadores Escalona, Gómez, Lagos Weber, Longueira y Zaldívar volvieron a la carga, y el día de ayer terminó de ser aprobada en la Cámara.
La nueva ley tiene la virtud de “pasar piola” y solidifica un sistema que a los parlamentarios les gusta, pues cada día será más difícil competirles: si el congresista se porta bien, sigue las órdenes partidarias y no se le ocurre pensar por sí mismo ante proyectos, comisiones investigadoras o acusaciones constitucionales, la directiva lo premiará con el cupo para reelegirse. Y si alguien en su partido quiere competirles por su escaño, deberá renunciar 12 meses antes de las elecciones para correr como independiente. Si no lo hace a tiempo, todo queda en manos del presidente de partido… y el resultado es conocido. No son muy amigos de “dar tiraje a la chimenea”.
