Como en la crisis sub-prime de los créditos hipotecarios, las clasificadoras de riesgo no se han hecho cargo de las múltiples variables que pueden hacer fracasar este tipo de financiamiento estudiantil: la deuda real a pagar, los meses efectivos a pagar, las remuneraciones promedio de sus carreras, y menos aún el nivel de empleabilidad relacionada a ellas.
Las lecciones históricas pocas veces se tienen presente, sobre todo si aquellas fueron resultado de experiencias al otro lado del hemisferio. Más aún, por supuesto, si estos fenómenos son relativamente recientes.
Todavía la economía mundial padece de las consecuencias de la crisis financiera desatada el 2008. Los efectos se han manifestado a través de las siguientes fases: estallido de burbujas hipotecarias en varios países, que tuvieron lugar en un comienzo en Estados Unidos; colapso de los mercados bursátiles y de los “activos tóxicos”; a continuación, contagio a la economía real; luego, incapacidad de pago de las deudas soberanas de los países periféricos de la eurozona; posteriormente, la denominada guerra cambiaria de las principales economías emergentes para mantenerse competitivos internacionalmente; y ahora, una superposición de todas esas fases, lo que ha generado una incertidumbre a nivel mundial respecto a los déficit de las principales economías, incluyendo la estadounidense.
Se menciona este corolario puesto que de algún modo en nuestro país se está gestando una situación similar (desde luego no a los niveles experimentados en la crisis financiera) a la que dio origen a los fenómenos anteriormente señalados.
[cita]Como en la crisis sub-prime de los créditos hipotecarios, las clasificadoras de riesgo no se han hecho cargo de las múltiples variables que pueden hacer fracasar este tipo de financiamiento estudiantil: la deuda real a pagar, los meses efectivos a pagar, las remuneraciones promedio de sus carreras, y menos aún el nivel de empleabilidad relacionada a ellas.[/cita]
El germen de la crisis mundial fue, telegráficamente, la entrega de créditos hipotecarios a personas con altos niveles de riesgo. Posterior a la crisis, éstas recibieron la denominación de N.I.N.J.A. (No income, no Job, no assets) debido a que no tenían ningún respaldo sólido para responder ante las obligaciones de pago y los altos intereses asociados.
En Chile, por su parte, los estudiantes de educación superior que no pueden financiar los aranceles de matrículas tienen tres grandes opciones, evidentemente de acuerdo a sus niveles de acceso: primero, postular a alguna beca del gobierno; segundo, conseguir un crédito solidario con una tasa de interés anual del 2% (solo para las universidades del CRUCH); o por último, obtener un Crédito con Aval del Estado (CAE) con una tasa aproximada de 6% anual. Esta última opción, cabe precisar, tiene tres aristas que la convierten en una posible e indeseable carga para el Estado: es ineficiente, injusta e insostenible en el tiempo.
Efectivamente, es ineficiente puesto que disminuye la capacidad de consumo de las personas, restando competitividad a la economía, a menos que sustituyan esa incapacidad con más deudas. Es injusto porque solo atenta contra las familias de bajos y medios ingresos que no pueden pagar al contado las carreras universitarias. Esto significa que al ser la educación un bien privado que debe ser financiada de forma privada, presiona al alza las remuneraciones de los profesionales, sin embargo, ésta no es suficiente para cubrir esta suerte de impuesto específico en el que se convierte el CAE. Es insostenible en el tiempo ya que, como ha venido sosteniendo CENDA este último tiempo, el gasto en educación superior que deben ser sostenidos por las familias suma más de un tercio de todas las recaudaciones vía impuestos a la renta a las personas y empresas, que el 2009 sumaron 3,8 billones de pesos, según datos de la DIPRES.
Actualmente, unos 250.000 estudiantes poseen CAE, de los cuales la mayor parte son estudiantes de universidades privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica. En números absolutos, la primera de estas posee a los mayores beneficiarios. El CAE desde su implementación (2006) ha tenido un crecimiento sostenido en el tiempo, lo que de algún modo ha abierto el acceso a la educación superior a los quintiles más bajos. Sin embargo, ese acceso puede tener consecuencias nefastas para los propios beneficiarios y para el Estado mismo.
Ciertamente, los riesgos asociados a esos créditos estudiantiles no han tenido la debida evaluación respecto a las condiciones futuras de pago. Como en la crisis sub-prime de los créditos hipotecarios, las clasificadoras de riesgo no se han hecho cargo de las múltiples variables que pueden hacer fracasar este tipo de financiamiento estudiantil: la deuda real a pagar, los meses efectivos a pagar, las remuneraciones promedio de sus carreras, y menos aún el nivel de empleabilidad relacionada a ellas. En algunos casos, según cálculos preliminares, esta especie de impuesto específico llega hasta un 30% del sueldo promedio de un profesional.
A diferencia de la crisis sub-prime, en la cual los créditos hipotecarios tenían como respaldo grandes paquetes diversificados asegurados por compañías privadas (que luego el Estado tuvo que rescatar), los créditos estudiantiles tienen directamente como aval al Estado mismo, con lo cual los bancos involucrados no tienen mayores necesidades de contratar seguros ante la incapacidad de pago de los estudiantes. Esto si bien es un respaldo a los estudiantes, también se convierte en una distorsión del mercado: es como una suerte de neokeynesianismo para el sistema financiero. En rigor, es incierto el grado de consecuencias o el nivel de gasto para el Estado ante una masiva deuda sin pagar por parte de los estudiantes.
Cuando la educación superior se vuelve un negocio lucrativo es inevitable que ocurran este tipo de distorsiones. El análisis debiera tener presente que la suma de bien intencionadas iniciativas privadas de libertad de enseñanza en el corto plazo tienen como consecuencia un desequilibrio general en el largo plazo.
Esta es una situación insostenible en el tiempo, que debiera ser tomada en cuenta desde ya a fin de evitar los aciagos efectos mencionados al principio. Pareciera que la única lección aprendida en la crisis del 2008 es que el Estado es quien debe hacerse cargo de las irresponsabilidades de los banqueros privados y de los depositantes incautos. En este caso el Estado mismo tendrá que pagar el abandono de sus responsabilidades. Aún es tiempo de contrarrestar esta situación y prevenir el que los actuales estudiantes de la educación superior se conviertan en unos futuros N.I.N.J.A. que hagan derrumbar el sistema de créditos: hay que volver a pensar a la educación como un bien público, esto es, que no es excluible ni rival en el consumo, de una vez por todas.
