No resulta consistente, que un país desarrollado no garantice que el salario mínimo cubra las necesidades básicas de un núcleo familiar. Los antecedentes de los países de la OCDE son claros al respecto. Es por esta razón, que la definición del salario mínimo, que se empieza a discutir en el Congreso de la República, debe entregar una clara señal a favor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.
En el año 2008, Felipe Larraín sostuvo en un publicitado estudio, que actualizando la estructura -y por consecuencia el valor- de la canasta básica a partir de una Encuesta de Presupuestos Familiares más reciente, la pobreza en Chile sería de 29% en 2006, casi el doble de lo que indicaba la encuesta CASEN de la época. No obstante esta situación, el ahora ministro ha enviado un proyecto de ley que reajusta el salario mínimo en 4,7% que apenas y con suerte logrará mantener el poder adquisitivo de los trabajadores que reciben esta remuneración a lo largo del próximo año y que ni siquiera avanza en superar la pobreza medida bajo los viejos estándares que criticó el ministro, en la época en que se iniciaba la campaña presidencial.
La pregunta central para analizar este tema es ¿cuál es el problema que se desea resolver? La alta desigualdad que caracteriza al país requiere que la política de salario mínimo contribuya decisivamente a reducir la desigualdad y se utilicen políticas adicionales para reducir los eventuales aunque no seguros impactos negativos en el empleo. Esta política ha sido aplicada consistentemente en Brasil en los últimos años logrando resultados alentadores: el índice de Gini (que mide la desigualdad) pasó de 0,57 a cerca de 0,52 en cerca de 7 años.
El nivel relativo de los salarios y el salario mínimo en particular son decisivos para derrotar la pobreza y la desigualdad. La Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo, instalada por el actual Gobierno es taxativa al respecto:
[cita]No resulta consistente, que un país desarrollado no garantice que el salario mínimo cubra las necesidades básicas de un núcleo familiar. Los antecedentes de los países de la OCDE son claros al respecto. Es por esta razón, que la definición del salario mínimo, que se empieza a discutir en el Congreso de la República, debe entregar una clara señal a favor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad.[/cita]
“Chile es un país de elevadas desigualdades, las que en una parte importante se determinan en el mercado del trabajo. Además, los ingresos de la mayoría de los hogares se definen en ese mercado por lo que sus condiciones de vida están íntimamente ligadas a su funcionamiento.”(p. 6)
El país pasa por un momento económico expectante, el empleo según el INE creció más del doble de lo esperado, se espera un buen crecimiento para el presente año y la inflación aparece en una trayectoria razonable. Es un momento para que la Nación se plantee objetivos ambiciosos.
Consideraciones generales para una propuesta de salario mínimo que contribuya a dar pasos sustantivos para reducir la desigualdad en el contexto de Chile país desarrollado.
1) Se requiere una propuesta de salario mínimo con un horizonte de largo plazo y que pueda convocar las voluntades de la ciudadanía, de los agentes económicos y de las fuerzas políticas para una tarea de alcance nacional.
2) El marco de referencia debe ser la propuesta del Presidente de la República de alcanzar en el 2018, un ingreso per cápita de 20 mil dólares equivalente al de un país actualmente desarrollado. El Presidente ha insistido que es un objetivo alcanzable, que se ha generado un ambiente positivo para el emprendimiento. En el mismo sentido, el Gobierno acaba de lanzar el Programa “Impulso Competitivo” que desataría, según el Presidente, una fuerte dinámica de crecimiento.
3) No resulta consistente, que un país desarrollado no garantice que el salario mínimo cubra las necesidades básicas de un núcleo familiar. Los antecedentes de los países de la OCDE son claros al respecto. Es por esta razón, que la definición del salario mínimo, que se empieza a discutir en el Congreso de la República, debe entregar una clara señal a favor de la lucha contra la pobreza y la desigualdad y proponer alcanzar en el año 2017 un salario mínimo que permita cubrir las necesidades básicas del núcleo familiar, que en precios actuales se ubica en torno a los 280 mil pesos (considerada una familia tipo de 4 personas).
4) La Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo veía como factible alcanzar esta meta en el año 2020. Las aprehensiones radicaban en su eventual impacto negativo sobre el empleo y la situación macroeconómica. En relación con lo primero, según las cifras oficiales el crecimiento experimentado en el último años, está siendo acompañado por un aumento mucho más dinámico del empleo (la tasa de desocupación en el Gran Santiago ha bajado más de dos puntos entre el primer trimestre del 2010 y el período correspondiente del presente año). Por otra parte, el supuesto efecto negativo de alzas del salario mínimo por sobre la inflación no tiene sustento empírico en el caso de Chile. En efecto, la propia comisión constituida por especialistas en la materia constata:
“La Comisión no tiene evidencia específica sobre cómo afectan los salarios mínimos a la distribución general de salarios y, particularmente, a los grupos menos calificados que son más los afectados por dicho salario” (p. 14)
Respecto del impacto macroeconómico, existe consenso respecto de que las principales presiones inflacionarias tienen origen externo. Por otra parte, el Banco Central ha venido elevando la tasa de referencia monetaria lo que permite visualizar una adecuada contención de esas presiones. Hace poco, el Gobierno se ha sumado a este esfuerzo con la reducción de algunos gastos. Este esfuerzo, podría ser complementado con una reforma tributaria orientada a aumentar el impuesto a la renta del 5% de la población que recibe los mayores ingresos.
5) Naturalmente, la medida propuesta da un gran impulso a la lucha contra la desigualdad pero no la resuelve. Por ello, esta medida tiene que estar acompañada de un fortalecimiento de la organización sindical (lo que implica una legislación que promueva la sindicalización y la negociación colectiva y que se desarrolle una profunda renovación del sindicalismo) que haga posible un cancha más pareja para que los trabajadores mejoren su participación en el ingreso y con ello se reduzca la desigualdad.
La propuesta: iniciar un aumento del salario mínimo de mera que éste permita en el año 2017 satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar.
Con este objetivo, el Congreso debe respaldar la proposición de la CUT de elevar el salario mínimo a 190 mil pesos. Sobre esta base propongo la siguiente trayectoria del salario mínimo:
. |
||
| Período | Trayectoria propuesta salario mínimo | Evolución esperada valor canasta básica |
|
2011 |
190.060 | 280.000 |
|
2012 |
209.066 | 288.400 |
|
2013 |
229.973 | 297.052 |
|
2014 |
252.970 | 305.964 |
|
2015 |
278.267 | 315.142 |
|
2016 |
306.094 | 324.597 |
|
2017 |
336.703 | 334.335 |
(*Fuente: Cálculos propios. Se supone inflación de 3% anual y tasa de aumento real salario mínimo de 7,5% que es el promedio de la elevación del salario mínimo que el Congreso aprobó en el año 1999 para el período 1999 – 2001.)
De esta forma, en julio del año 2017 en que el país estaría próximo a alcanzar el ingreso per cápita de 20 mil dólares, el salario mínimo cubriría los requerimientos de la canasta de necesidades básicas.
Esta propuesta se basa en uno de los escenarios propuestos por la propia Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo, instalada por el actual Gobierno, en que pretendía alcanzar la meta indicada en el año 2020. Nuestra propuesta, retoma la proposición de la CUT para el presente año, utiliza los mismos supuestos que el escenario diseñado por la Comisión, pero adelanta el objetivo al período julio 2017 – junio 2018, año en que se alcanzaría la meta de ingreso per cápita indicada. La tasa de aumento real del salario mínimo propuesto para el período es de 7,5% que fue el que se propuso alcanzar en el año 1999 para el período 1999– 2001, y que fue aprobado por todas las fuerzas políticas.
La propuesta contribuye a un objetivo altamente valorado por la Comisión Asesora Laboral y de Salario Mínimo:
“La Comisión estima que siempre que sea posible debe privilegiarse el ingreso proveniente del trabajo por sobre las transferencias del Estado. Si no el trabajo queda desvalorizado socialmente”.
Al radicar en el propio mercado de trabajo el logro de este objetivo redistributivo, libera recursos públicos para abordar los problemas de aquellas personas excluidas temporal o permanentemente del mercado laboral y los grandes déficits que presenta la educación y la salud pública.
Clave en este esfuerzo, es el mejoramiento de la productividad de las empresas. En este sentido, jugará un rol central el apoyo efectivo que pueda dar el Estado a las pequeñas empresas que concentran en torno a la mitad de los trabajadores afectos al salario mínimo. Incluso, debería considerarse que el Estado a través de Corfo subsidie a las pequeñas empresas los mayores costos derivados del aumento de la energía.
