Queda planteado un gran desafío y una gran interrogante: cómo, de qué manera logramos un acuerdo común, en que los distintos actores involucrados pongan sus mayores esfuerzos y disposiciones para mejorar un sistema que requiere reformas estructurales y que, en muchos casos, puede afectar intereses particulares.
En mayo, el gobierno anunció públicamente la creación de una mesa tripartita, conformada por instituciones de educación superior, el sector empresarial y los Ministerios de Educación, Economía y Trabajo. Ésta tendrá como objeto analizar las proyecciones de las carreras profesionales, las demandas reales del mercado laboral y, a partir de ello, definir estrategias de mejoramiento de la educación superior en Chile.
Configurar un espacio de diálogo entre estos actores, representa una oportunidad para abordar las debilidades estructurales del sistema.
Muchos expertos han manifestado la preocupación por la desarticulación en distintos niveles del sistema educativo –educación secundaria, terciaria y capacitación. Hoy en día, existe una amplia oferta de programas formativos, con perfiles profesionales y mallas curriculares, disímiles entre sí y de estructuras muy rígidas, que no permiten desarrollar un recorrido fluido y personalizado a través del sistema. Estudiantes y trabajadores se enfrentan a diversas limitaciones –estructurales y de recursos- que obstaculizan el tránsito vertical y horizontal, entre distintos niveles, programas y centros de estudio. Por otra parte, la diversidad en la calidad de la oferta educativa, y las dificultades de legibilidad y comprensión de sus componentes, imposibilita que las calificaciones y competencias de los egresados puedan ser legitimadas y reconocidas por los empleadores, así como por los potenciales demandantes de programas de formación.
[cita]Queda planteado un gran desafío y una gran interrogante: cómo, de qué manera logramos un acuerdo común, en que los distintos actores involucrados pongan sus mayores esfuerzos y disposiciones para mejorar un sistema que requiere reformas estructurales y que, en muchos casos, puede afectar intereses particulares.[/cita]
El desafío es discutir sobre la factibilidad de conformar un “Marco de Cualificaciones Nacional” que propicie la formación permanente de jóvenes y trabajadores. Un Marco de Cualificaciones es un instrumento consensuado y único que define las competencias que debe tener un profesional de determinado sector, presentándolas de forma ordenada y por niveles. Esto permite a los estudiantes y trabajadores el tránsito entre los niveles del sistema educativo (formal, capacitación y certificación), independiente de las instituciones, sectores u ocupaciones.
Dado que el Marco de Cualificaciones es una construcción colectiva que se diseña para responder a las necesidades y especificidades de cada país, este asegura criterios de calidad, equidad y pertinencia. La configuración de un Marco de Cualificaciones para nuestro país, es una alternativa de desarrollo institucional que está comenzando a ser tratada por actores del mundo público y privado.
Las experiencias internacionales, principalmente las desarrolladas en Europa, y países como Australia y Nueva Zelanda, han demostrado que ésta representa una vía pertinente para mejorar los sistemas educativos y competitividad de los países. A través de la institucionalización de estos marcos de regulación, que fundan los cimientos para el desarrollo de sistemas de aprendizajes continuo de las personas, se ha logrado mejorar la transparencia y calidad de la oferta de formación, se ha fortalecido la sintonía entre la oferta mundo educativo y la demanda del mundo productivo, y se han consolidado las perspectivas de desarrollo de capital humano en cada uno de los países.
Si bien estas experiencias han demostrado que es posible avanzar, también han puesto en evidencia las dificultades que conlleva el desarrollo de estos sistemas. Lograr consenso entre los distintos involucrados, no es una fácil tarea. El principal desafío, es hacer confluir a actores, con intereses, recursos y voluntades muy dispares.
En el caso de nuestro país, el desafío es aún mayor, nos encontramos frente a un escenario complejo, en que el número de instituciones involucradas es amplio, y las posibilidades de regulación, por parte de la institucionalidad pública, son reducidas. Así, queda planteado un gran desafío y una gran interrogante: cómo, de qué manera logramos un acuerdo común, en que los distintos actores involucrados pongan sus mayores esfuerzos y disposiciones para mejorar un sistema que requiere reformas estructurales y que, en muchos casos, puede afectar intereses particulares.
