El gobierno al menos han conseguido poner un par de ideas propias sobre la mesa, ordenando la agenda en los medios de comunicación –El Mercurio y La Tercera asumieron el libreto- y encontrando aliados inéditos –como el cura Montes a nombre de la universidad privada de los jesuitas- bajo la causa de igualdad de trato y no discriminación entre estudiantes de instituciones tradicionales y privadas.
Después de meses de conducción errática en torno al conflicto estudiantil, el gobierno parece haber encontrado una voz. Hasta hoy, no le había resultado nada. Trató de ignorar al movimiento en un comienzo y su potencia le estalló en la cara. Intentó dividirlo y se estrelló con su cohesión. Apostó al desgaste de las movilizaciones y se sorprendió con su vigor. Se la jugó por llevar la discusión al ámbito del orden público pero el éxito fue apenas marginal. En el camino, perdió un ministro del ramo y tocó fondo en las encuestas.
La llegada de un nuevo vocero empoderado a La Moneda cambió parte del escenario. El gobierno salió a recordar que la educación gratuita que pedían los universitarios beneficiaba en la práctica a los sectores de más altos ingresos del país. Aunque no se anotó una victoria determinante, el argumento permeó y fue repetido en innumerables foros. Esta semana los esfuerzos se concentraron en otra cuestión central: la gratuidad que exige la CONFECH deja fuera al 70% de la educación superior, la que se desarrolla en universidades e institutos privados. En castellano, lo que hizo el gobierno fue llamar la atención respecto de que las demandas del movimiento representan sólo los intereses de un determinado grupo de presión y no proporcionan respuesta al endeudamiento de la gran mayoría de los estudiantes chilenos que no asiste a las instituciones del Consejo de Rectores de Universidades Tradicionales (CRUCH).
[cita]Es altamente improbable que el gobierno logre derrotar al movimiento estudiantil con estos argumentos. Su apego a una particular visión ideológica (que el mercado debería absorber el problema educacional) y la poca visión que ha tenido para aprovechar de transformar la crisis en una oportunidad (nada más vacío que el Presidente hablando de una “revolución” en la educación) le seguirán penando.[/cita]
De hecho, no se trata de demandas paralelas sino francamente incompatibles. La CONFECH quiere que el Estado chileno deje de inyectar recursos en la educación privada, como lo sostuvo claramente Giorgio Jackson en la discusión del Presupuesto. Para Jackson, presidente de la federación de una universidad tan privada como cualquiera pero cuyos años le aseguran un estatus especial, el gobierno estaría beneficiando instituciones cuyo fin es el negocio y no el interés público.
El eslogan todo lo puede, pero ¿qué es realmente el interés público?
Algunos han sostenido que el aumento de cobertura –gracias a la proliferación de instituciones privadas- es ya un aporte público, en el sentido de abrir oportunidades inéditas para una generación, oportunidades que sus padres no tuvieron.
Por otra parte, si bien es evidente que hay muchas universidades que violando la ley han preferido repartir utilidades entre sus dueños antes que reinvertir en calidad para sus alumnos, otras tantas sin fines de lucro han generado un espiral de competencia que redunda en mejor calidad para el sistema en su conjunto. Por primera vez en la historia este año tendremos ocho universidades privadas compitiendo con las tradicionales en el mismo mecanismo de postulación universal post PSU.
Finalmente, otros han señalado que el rol público de una universidad debe evaluarse considerando sus contribuciones al desarrollo del país y no atendiendo a sus dueños. La reforma procesal penal, por ejemplo, no salió de las aulas de una institución del CRUCH, sino de una universidad privada de indiscutibles credenciales republicanas. La reforma laboral, otro ejemplo, está siendo promovida en estos momentos por otra privada ¡de la cota mil!
¿No son estos argumentos suficientes para cuestionar la tesis del “interés público” que plantea la CONFECH?
Sus dirigentes han sostenido, diciendo la verdad, que la OECD comparte el diagnóstico del movimiento estudiantil chileno. Lo que no han querido decir es que la misma OECD no discrimina de acuerdo a la propiedad pública o privada de las instituciones, ni acerca de sus métodos de financiamiento. Compartir el diagnóstico es una cosa. Coincidir en las soluciones es otra distinta.
Es altamente improbable que el gobierno logre derrotar al movimiento estudiantil con estos argumentos. Su apego a una particular visión ideológica (que el mercado debería absorber el problema educacional) y la poca visión que ha tenido para aprovechar de transformar la crisis en una oportunidad (nada más vacío que el Presidente hablando de una “revolución” en la educación) le seguirán penando. Pero al menos han conseguido poner un par de ideas propias sobre la mesa, ordenando la agenda en los medios de comunicación –El Mercurio y La Tercera asumieron el libreto- y encontrando aliados inéditos –como el cura Montes a nombre de la universidad privada de los jesuitas- bajo la causa de igualdad de trato y no discriminación entre estudiantes de instituciones tradicionales y privadas. Mejor tarde que nunca, a La Moneda le volvió el habla.
