Es indispensable que quienes administran el poder superen, sino con sabiduría, al menos con sentido común, los arrestos sicológicos provenientes de nuestro nunca bien superado “estado de naturaleza” y hagan los esfuerzos por predicar y actuar según un modelo de conducta y comunicación que no sólo facilite el diálogo razonado entre quienes protagonizan los inevitables conflictos de interés que surgen en las sociedades libres.
Suele ocurrir en momentos de transición social que los cánones de conducta que caracterizaron el anterior modo de relaciones sociales son revisados en toda su extensión, surgiendo, como consecuencia, actitudes que se trazan siguiendo la razón de los nuevos juicios y valores que sustentan los cambios, aunque sin que el conjunto social haya necesariamente consensuado el ajuste o modificación de las normas jurídicas que organizaban el antiguo.
Tales conductas suscitan vehementes opiniones y acaloradas discusiones entre quienes militan en el viejo orden de cosas y aquellos partidarios de la estructura que emerge, mientras el resto de los ciudadanos –sumergidos en sus propias inercias diarias- asiste con perplejidad al fenómeno, sin poder calificar las razones de unos u otros, porque ambas se sustentan en derechos plausibles y perceptibles, aunque, por cierto, correspondientes a los distintos momentos en que cada uno de los comparecientes al conflicto vive sus propios intereses y miradas del mundo.
[cita]Es indispensable que quienes administran el poder superen, sino con sabiduría, al menos con sentido común, los arrestos sicológicos provenientes de nuestro nunca bien superado “estado de naturaleza” y hagan los esfuerzos por predicar y actuar según un modelo de conducta y comunicación que no sólo facilite el diálogo razonado entre quienes protagonizan los inevitables conflictos de interés que surgen en las sociedades libres.[/cita]
Desde luego, tanto las manifestaciones callejeras de los estudiantes por una mejor educación, como las de movimientos ecologistas por un ambiente libre de contaminación, o las de consumidores que alegan en contra de servicios de discutible calidad, como la salud o el Transantiago, han producido, como externalidad negativa, inconvenientes a millones de ciudadanos que, muchas veces compartiendo los propósitos de los reclamantes, no participan de los métodos a través de los cuales aquellos persiguen sus objetivos. La última ha sido la expresión de malestar de los colectiveros, quienes llamaron a un paro nacional con miras a ser considerados parte del sistema de transporte público del país y, por consiguiente, igualar su cancha de competencia con otros sectores de este servicio, tanto en materia de oportunidades de trabajo y uso de rutas de la locomoción colectiva, como en un mejor trato tributario respecto de un insumo básico como es el combustible, el que, por lo demás, reciben otros actores de ese mercado, así como grandes empresas.
El método del atasco de avenidas, justificado seguramente en razón de un mejor y más racional transporte colectivo, tuvo, sin embargo, nocivos efectos sobre el devenir de miles de personas que, aunque probablemente simpatizaban con sus exigencias, terminaron por rechazar la forma en que las demandaron, pues, a pesar que su contenido emerge de la enorme corriente de cambio y sentimiento empático por mayor igualdad en el trato que los poderes y el Estado dan a los consumidores y ciudadanos contribuyentes, no justifica que su malestar incida en el normal desenvolvimiento del ánimo los demás.
No obstante argumentos en el sentido de que tales expresiones se realizan fuera de canales institucionales porque son esos propios cauces y normas del Estado de Derecho las que estarían en disputa, dado que se trataría de estructuras y leyes creadas bajo el influjo de poder de sectores cuya validez se discute, el puro sentido común parece advertirnos sobre las ventajas de avanzar en los cambios siguiendo los caminos que nuestra aún insuficiente democracia se ha dado para superar las diferencias de manera pacífica y, desde luego, los obvios menoscabos que una disputa fuera de esos ámbitos implica para el orden interno, bienestar físico y patrimonial de los ciudadanos, más allá de los subsistentes miedos simbólicos a una revolución marxista o a un eventual golpe de Estado.
Es en ese marco y ante la creciente ola de expresiones callejeras que el Ejecutivo, cumpliendo, por lo demás, con la obligación jurídica central de mantener el orden, ha anunciado que aplicará la Ley de Seguridad del Estado a los manifestantes que transgredan dichas normas. Advertencias similares había hecho con ocasión de los estropicios causados por encapuchados durante manifestaciones estudiantiles, en la ocupación de las oficinas del Ministerio de Educación, o en la reciente invasión a las salas del Senado en Santiago. La poca efectividad en materia de procesamientos efectivos a detenidos en tales actos, ha sido trasladada, empero, al Poder Judicial y este, a su turno -advertido por el Ministerio de Justicia sobre el modo en que los jueces interpretan las garantías de los imputados- ha reclamado una presión indebida del Ejecutivo sobre un poder independiente, mientras que más de un parlamentario advertido, ha acusado la cuasi inconstitucionalidad de las declaraciones ministeriales.
Tal conjunto de opiniones, críticas, réplicas y dúplicas sobre decisiones ejecutivas –más buenas o malas según el cristal con que se mire- no sólo han mostrado la divergencia propia de estos tiempos, sino que parecen haber contribuido a incitar conductas y declaraciones aún más audaces, como las emitidas por la dirigencia de los colectiveros, quienes han dicho que las advertencias no los amedrentan, que están dispuestos a pagar las consecuencia y que, más que buscar los canales institucionales adecuados para superar las diferencias, persistirían en los medios usados, aún con mayor fuerza.
Aunque dichas reacciones eran esperables, tanto por las razones citadas, como porque las reprimendas suelen zaherir el orgullo y dignidad del advertido obligándolo al “honor”, tal vez lo más indiciario del momento político-social sea que desde el propio orden institucional se hayan elevado voces en contra de la acción del Estado, suscitando mayor perplejidad de quienes, desde una humilde posición del ciudadano de a pie, no conciben que los propios encargados por la sociedad para proteger las normas de sana convivencia, sean quienes las hagan ineficaces al interpretarlas con arreglo a coyunturas, sea porque se ilegitiman en su contenido, se advierte y no se cumple, o porque se transfieren responsabilidades. Misma perplejidad que inunda cuando un policía se transforma en delincuente o un sacerdote supera al laico en rebasar límites morales. La autoridad, así dispendiada, se torna meliflua, líquida, amorfa y pierde eficacia, abriendo paso a escenarios en los que la legitimidad perdida abre paso a la pura fuerza.
Siendo en democracia deber básico del Ejecutivo el justo y prudente uso de su poder de coacción delegado para mantener el “orden de la polis” –controlado por los demás poderes del Estado-, aún en medio de los cambios hacia nuevas y más perfectas formas de relacionarnos, es indispensable que quienes administran el poder superen, sino con sabiduría, al menos con sentido común, los arrestos sicológicos provenientes de nuestro nunca bien superado “estado de naturaleza” y hagan los esfuerzos por predicar y actuar según un modelo de conducta y comunicación que no sólo facilite el diálogo razonado entre quienes protagonizan los inevitables conflictos de interés que surgen en las sociedades libres, sino que lo promueva y extienda, validando -nunca desvirtuando- los canales y medios de solución pacífica de las controversias que, como la sociedad progresista que queremos ser, debemos seguir mejorando según las nuevas condiciones que nos va imponiendo el desarrollo.
