Con habilidad el gobierno acogió nuestra presentación de regulación co-localizadora, pero la “podó” y la llevó al Senado limitándola sólo para las torres nuevas. Eso es una tergiversación del principio y con ello se protege a la principal empresa que ya tiene miles de torres instaladas pues la “poda” de nuestra propuesta no permite aplicar el concepto para las torres existentes.
Reaparecieron las presiones de años atrás. Es el momento final para definir la nueva ley de antenas.
Nos acusan de querer cortar la comunicación celular en el territorio al regular la colocación de antenas; que atentamos contra los derechos adquiridos por las empresas. Intentan descalificarnos en el debate público porque “no entendemos de comunicaciones”; que sería invento nuestro que la gente reclama porque sus propiedades bajan de precio al lado de una antena; que queremos paralizar la industria con propuestas que se judicializarán en un caos en tribunales; que solo nos importan las ciudades y no lo rural; que solo nos inspira la política. E inventan rumores y falsas propuestas para acallarnos.
Hay mucho interés en juego y la discusión está vigente.
Aún se niegan algunos parlamentarios a aprobar nuestras claras propuestas para la nueva ley. ¿Qué queremos?
1.- Que se retiren torres existentes e impedir nuevas torres en las zonas sensibles (escuelas, salas cunas, hospitales, jardines infantiles hogares de ancianos, consultorios).
2.- Prohibir, sin excepciones artísticas ni compensaciones, nuevas antenas en zonas saturadas (cuando hay más de 2 torres en 100 metros a la redonda).
3.- Exigir que las empresas que tienen una sola antena en una estructura sean obligadas a aceptar el retiro y su reinstalación (“dos en una”), es decir co -localizar las instalaciones, disminuyendo la cantidad de antenas existentes.
Cada parlamentario levanta poderosas razones en la comisión mixta final que dirimirá las discrepancias que aún impiden la aprobación de la primera regulación de verdad ante la invasión de torres de celulares permitidas por la ley. Años de presiones empresariales han impedido regular un tema que aún mantiene diferencias importantes en las opiniones de quienes deben corregir este desastre. .
[cita]Con habilidad el gobierno acogió nuestra presentación de regulación co-localizadora, pero la “podó” y la llevó al Senado limitándola sólo para las torres nuevas. Eso es una tergiversación del principio y con ello se protege a la principal empresa que ya tiene miles de torres instaladas pues la “poda” de nuestra propuesta no permite aplicar el concepto para las torres existentes.[/cita]
Comprendo, pero no comparto, que para algunos el resguardo legal de los derechos adquiridos por las empresas al momento que de la instalación de las cerca de 9 mil antenas que hoy existen sea un bien jurídico de primer orden. Esa legislación ha sido tan permisiva que en su redundancia dice que las antenas no requieren permiso.
Así se perjudicó a la población a tal extremo que hoy el primer bien jurídico que se debe proteger es la población afectada y no las empresas. Eso requiere que se reparen los daños y que se retrotraiga la situación a las condiciones anteriores a la ley.
También debe ponerse en primer lugar la defensa de la salud y del patrimonio de miles de viviendas de clase media que ven destruido el valor de sus inmuebles en un 30% o más de su precio en los barrios afectados por torres de antenas. Hacerlo retroactivamente no es inconstitucional si de lo que se trata es un acto de fuerza mayor de autoridad por el daño causado.
Sería una contradicción substancial e indignante que el Estado de Chile, después de tantos años y tanto trabajo, promulgara una ley que “regulara” las antenas y torres de celulares aprobando un art. 4° transitorio que permite instalar nuevas torres en zonas que la propia ley califica de saturadas (artículo 4° y en el 116bis I)y que hoy son un enjambre de torres.
Más inaceptable aún es que por la vía de “mejoras” en el barrio las empresas puedan instalar más torres en el territorio saturado solo porque van a financiar (por el 30% del valor de la torre) jardines, ciclovías u otras mejoras, como pago para agregar más daño en zonas que la misma ley califica como saturadas.
Chocante e inexplicable que votáramos a favor de este art 4° como ley reguladora. Nosotros proponemos no solo rechazar esa colocación de antenas nuevas sino obligar a retirar antenas.
El gobierno y algunos parlamentarios rechazan la propuesta de los que apoyamos el art. 5° transitorio, con el cual queremos obligar a que las empresas retiren de las escuelas, salas cunas, hospitales, jardines infantiles hogares de ancianos, consultorios todas las antenas ya instaladas que se encuentran de una distancia menor o equivalente a 4 veces la altura de la torre. El argumento es que fueron instaladas con la ley anterior.
Mantengo mi rechazo a la postura del gobierno y de algunos parlamentarios de sacralizar las normas con que se instalaron alguna vez esas torres. La nueva ley pueda corregir y resguardar como bien superior la salud, la ciudad y el valor patrimonial de las viviendas.
En esa misma línea está nuestra propuesta de cambio al art.19.Bis, indicando a la letra que: “A los concesionarios de servicios públicos e intermedios de telecomunicaciones que directamente o por su encargo hubieren emplazado torres o soporte de antenas y sistemas radiantes, deberán tener una oferta de facilidades para colocalizar antenas de terceros concesionarios no relacionados, en torres de 18 metros o más que les hayan sido autorizadas. La oferta de facilidades deberá ser actualizada a lo menos cada 6 meses y publicada en un diario de circulación nacional, debiendo a lo menos indicar la altura y ubicación de la torre y la oferta técnica de colocalización”.
Donde hay dos o tres torres cercanas ya instaladas, estas tres pueden transformarse en una sola torre que concentre las tres antenas que hoy tiene cada una. Esa es la “co -localización”.Y ella debe ser retroactiva para que se rebaje la cantidad de torres existentes.
Con habilidad el gobierno acogió nuestra presentación de regulación co-localizadora, pero la “podó” y la llevó al Senado limitándola sólo para las torres nuevas. Eso es una tergiversación del principio y con ello se protege a la principal empresa que ya tiene miles de torres instaladas pues la “poda” de nuestra propuesta no permite aplicar el concepto para las torres existentes.
Si se rechaza la propuesta de cambio al art. 19 Bis) se vuelve a lo inexplicable de que no vayamos a hacer nada frente a los bosques o enjambres de antenas existentes que indignan y dañan a los ciudadanos su patrimonio y su salud. Estaríamos haciendo una nueva ley para dejar al ciudadano nuevamente impotente ante daños que persisten.
Reconozco que exigir menos torres a futuro, obligando a colocalizar en una misma torre las antenas de dos o tres empresas, es una idea positiva para lo que viene. Es un avance. Conscientes de la legislación que viene ahora las empresas descubrieron que no era necesario poner una torre para cada antena y están dispuestas, incluso, a construir torres como aportes a la ciudad.
Para las torres nuevas aceptaron no seguir “palmerizando” la ciudad y proponen torres hechas por artistas que sean armonizadas con la arquitectura y el entorno urbano. Así lo propuso el gobierno el Lunes 14 de Noviembre en un texto escrito por el ministerio y lo valoramos y ayudamos a precisar las condiciones para juzgar un arte urbano y que no se vuelvan a construir mamarrachos en las antenas nuevas.
Pero es inaceptable que por la vía de un articulado alambicado aprovechen su “abuenamiento” con el arte y el entorno urbano para contrabandear la propuesta de agregar estas antenas en zonas saturadas o sensibles. La forma de impedir ese abuso es que se acepte nuestra propuesta formal de rechazar el art. 4° transitorio, para que “ni disfrazadas de fraile” estas antenas puedan instalarse en esas zonas. Lo malo, ya lo dijimos, es que la propuesta de co-localizar del gobierno solo propone para el futuro y no resuelve el daño presente.
Si bien se avanza en la nueva ley, el país no puede aceptar la consagración del bosque de antenas existentes como algo intocable, como si no existiera un daño brutal que debe ser mitigado. No mitigar y reparar será otra desgracia para que la ciudadanía confirme su mala opinión de toda la política peor aún sin no habrá otra oportunidad antes de muchos años para corregir lo que hoy se haga mal.
