No basta solamente con tener grandes movilizaciones, pues junto con ellas se requiere dar una lucha para refundar Chile desde el punto de vista de su institucionalidad política y todo lo que esto conlleva, así como también, desde las perspectivas sociales y económicas.
La dictadura militar generó una serie de reformas que tenían por objetivo “modernizar” -un eufemismo de “privatizar”- el conjunto de nuestros derechos sociales, reformas que constituyen la esencia del modelo neoliberal. No está de más decir que estas reformas carecen de completa legitimidad, dado que son cambios que fueron realizados a espaldas de la ciudadanía, donde cualquier cuestionamiento era acallado rápida y sistemáticamente, mediante el uso de la fuerza y la represión.
Un elemento que buscaban generar estas reformas era la creación de mercado allí donde no existía o era muy limitado. Es precisamente de esta “modernización” de donde proviene gran parte de la actual elite económica de Chile, la cual está íntimamente ligada a estos procesos y al de las privatizaciones de las empresas públicas. El “credo” detrás de esto es la decimonónica cancioncilla de que el Estado es ineficiente y debe ser minimizado.
La concepción ideológica presente en este proceso se impuso por la vía de la fuerza, convirtiendo, por ejemplo, a la educación y a la salud en productos que se adquieren en el mercado. Y la provisión pública de estos dos derechos sociales absorbieron las lógicas mercantiles por la vía de los aranceles e introduciendo lógicas de competencia en detrimento de la colaboración. En definitiva, se opta por el paradigma del mercado incluso al interior de lo “público”.
Nuestros derechos sociales pasaron a ser una fuente de negocio y lucro, situación que se mantiene inalterable hasta el día de hoy. Estos cambios se realizaron sin ningún tipo de deliberación o consulta ciudadana y se han mantenido incólumes por treinta años, blindados por un sistema electoral que castiga a las mayorías y eterniza el status quo.
Estado subsidiario: desmantelando al Estado
La imposición del modelo neoliberal supuso reconfigurar el rol del Estado, el cual pasó de cumplir un rol centrado en la provisión y producción, a un rol centrado en la subsidiaridad. El Estado fue cercenado, pasando a cumplir labores meramente asistenciales y dejando de ser un actor económico y social con la potencia que se requiere. Estos cambios implicaron:
La privatización de las funciones públicas o su castramiento. El Estado dejó de hacerse cargo de sus funciones en materia social o éstas quedaron reducidas a su mínima expresión y con un fuerte sesgo asistencialista. En concreto, implicó la reducción del gasto público destinado a inversión en las áreas sociales, como salud, educación o vivienda. Hay funciones que quedan totalmente “separadas” o privatizadas, como sucede con la previsión, donde se creó un modelo de capitalización individual a través de la creación del sistema de AFPs, modelo que trae beneficios a los dueños de las mismas y a los especuladores financieros, pero que, sin embargo, a los ciudadanos que están obligados por ley a tener que cotizar en estas empresas, solo les reporta pensiones miserables.
La pérdida de la universalidad. Las políticas públicas mayoritariamente estaban destinadas a todos por igual, lo que implicaba un diseño basado en la universalidad. Luego de las reformas “modernizadoras”, la política pública comenzó a diseñarse predominantemente bajo el paradigma de la focalización, lo que implica que está diseñada solo para un determinado grupo de la población, generalmente los sectores más vulnerables. Un ejemplo donde se puede ver cómo se expresan el paradigma de la universalidad y de la focalización lo podemos encontrar en la educación, donde se ha optado por una política de becas a los quintiles más vulnerables (focalización) versus financiar educación gratuita para todos a través de impuestos progresivos (universalidad).
Destrucción del tejido social: elemento fundamental para la preservación y perpetuidad del modelo impuesto fue limitar y reducir lo más posible el tejido social del país. En términos concretos, esto se expresó en reducir la capacidad de negociación de los sindicatos, lo que gravitó en una reducción de la tasa de sindicalización. Por otro lado, se buscó eliminar la participación ciudadana, reduciéndola a una mera consulta simbólica como ha sucedido durante los últimos 21 años.
Derechos sociales ¿Bienes públicos o bienes transables?
Con todo esto, resultaba lógico que a lo largo de los últimos 30 años, el actor principal de nuestros derechos sociales pasara de ser el Estado al mercado, potenciado por la ambición de “abrir” nuevas oportunidades de negocios. Estos derechos fueron re significados como bienes privados, lo que implica un cambio del agente de financiamiento de los derechos. En una lógica pública, era el Estado quien debía asegurar estos derechos, pero en una lógica privada son los ciudadanos quienes deben financiar el acceso a estos derechos fundamentales. En la salud, el Estado sólo financia el 25% del total del gasto, dejando el 75% restante en los ciudadanos, quienes deben pagar a través de las cotizaciones y del gasto de bolsillo. La carga de financiar Educación, Salud, Previsión, entre otras, es principalmente de los ciudadanos, consagrándose una lógica absolutamente contraria a la solidaridad e igualdad.
¿Qué hacer?
Hoy tenemos un reto como país, que implica dar una lucha por lograr construir un Chile más igualitario e inclusivo. Esto implica necesariamente enfrentar los problemas de la desigualdad y la segregación que produce el modelo neoliberal a través de la mercantilización de los derechos y de consagrar una estructura tributaria que reproduce la desigualdad social, en vez de corregirla.
La tarea de derrotar al modelo neoliberal implica luchar por la recuperación de los derechos sociales, por la construcción de un Estado que supere el paradigma de la subsidiaridad y que tenga la capacidad de entregar estos derechos para toda la población de forma, solidaria, gratuita y de calidad.
Sin embargo, debemos tener presente que los representantes del modelo no van a ceder ningún milímetro, a pesar de tener a millones de chilenos en las calles exigiendo cambios sustanciales, como vimos durante el 2011. Prefieren tener un gobierno y una clase política con una aprobación por el suelo, mientras esto no signifique dar un pie atrás con el legado ilegitimo de la dictadura. Es por esta razón de que no basta solamente con tener grandes movilizaciones, pues junto con ellas se requiere dar una lucha para refundar Chile desde el punto de vista de su institucionalidad política y todo lo que esto conlleva, así como también, desde las perspectivas sociales y económicas.
(*) Texto publicado en El Quinto Poder.cl
