El casillero en blanco de Quiroz

Hola a todos! Otra semana marcada por anuncios rocambolescos. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz –a estas alturas un auténtico frontman–, volvió a generar polémica tras cuestionar las proyecciones de la deuda pública durante la gestión de Gabriel Boric. Una crítica que apunta a inconsistencias y que varios economistas todavía no logran descifrar del todo.

• La medida, presentada a escasos días de la Cuenta Pública del nuevo Gobierno, generó la respuesta inmediata de Republicanos y el Partido Nacional Libertario, quienes anunciaron una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau. La moción, sin embargo, crispó los ánimos de la UDI, desde donde les recordaron que no son la “derechita cobarde” y que no apostarían a ciegas por una acusación precipitada y sin fundamentos jurídicos.

A la bajada de piso del anuncio, se sumó la información proporcionada por El Mostrador respecto a que el ministro Quiroz omitió, en su Declaración de Intereses y Patrimonio, que uno de sus hermanos es socio de una de las firmas de arquitectura más influyentes de Viña del Mar y que podría verse favorecido con la aprobación de la megarreforma. Una instancia donde –incluso– han llamado al ministro a “bajarse del pedestal”, como dijo la jefa de bancada RN, María José Gatica.

Los hechos de esta semana, por cierto, se dan ad portas de la Cuenta Pública del próximo lunes, una que –según nos enteramos– carece de una bajada comunicacional clara, al menos para el resto del país, ya que en la tarde del viernes en las oficinas regionales de la Segegob no tenían una idea clara de qué comunicar, ni menos les había llegado una imagen o un afiche. Para muchos, una señal de improvisación, que a nivel central tendría nombre y apellido: Cristián Valenzuela.

• Pero lo anterior no solo afecta a regiones. Tras el cambio de gabinete –que marcó un récord de brevedad– la nueva estructura en su primera semana dejó una vocería dividida entre ministros y subsecretarios sin un foco comunicacional claro también, en momentos en que más necesita mostrar una casa ordenada.

Quien sí ha tenido que mostrarse más es el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, reemplazante de Trinidad Steinert. En su entorno afirman que el ingeniero civil industrial busca imprimirle a su gestión un perfil operativo, con medidas concretas para disminuir la corrupción en las cárceles, entre ellas, la denegación de visitas físicas, lo que fue anunciado por El Mostrador esta semana. El gran desafío de Arrau es distanciarse de las “metáforas”.

• Para cerrar, otro plan de seguridad, pero sin figuras retóricas. La Cumbre contra el Crimen Organizado Transnacional, realizada esta semana en Santiago, dejó una convocatoria regional con medidas auditables, a corto y mediano plazo, pero también serias dudas sobre el escenario regional, donde Bolivia figura como el gran talón de Aquiles. No todo lo que brilla es oro, dicen. Menos en temas de seguridad.

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El casillero en blanco de Quiroz y la amenaza de una acusación constitucional

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, está hoy en el centro de un sismo político porque “olvidó” mencionar en su Declaración de Intereses y Patrimonio que su hermano, Víctor, es socio principal de una de las firmas de arquitectura más influyentes de Viña del Mar. No estamos hablando de un error de oficina, sino de una falta a la probidad administrativa que tiene al Congreso afilando los cuchillos para una eventual acusación constitucional (AC).

• El diputado Daniel Manouchehri (PS), que tiene en su historial la caída de dos exministros de la Corte Suprema –Ángela Vivanco, Diego Simpertegui– y uno de la Corte de Apelaciones de Santiago –Antonio Ulloa–, ya apuntó a su nuevo blanco, buscando una estrategia que sitúe a Quiroz en una posición de vulnerabilidad ética.  

La sospecha es consistente: mientras Quiroz impulsaba la Ley de Reconstrucción, al menos 10 artículos de ese proyecto podrían representar beneficios directos para el rubro inmobiliario –como rebajas impositivas y agilización de permisos–, un sector en el cual participa su hermano. Y es que Quiroz y Puelma Arquitectos no es un actor menor: ha gestionado proyectos inmobiliarios que superan los 1.500 millones de pesos.

• La arremetida de Manouchehri –citando revelaciones de El Mostrador– ha generado una profunda inquietud tanto en el oficialismo como en el gabinete. Según explican diversas fuentes parlamentarias, el escenario político y legal ha evolucionado rápidamente hacia la posibilidad concreta de que el ministro Jorge Quiroz enfrente una acusación constitucional (AC) por faltas graves a los deberes de probidad administrativa.

• A las declaraciones sobre “inconsistencias en la deuda pública”, se sumaría la revelación del conflicto de intereses familiar, haciendo más “notorios o evidentes” los criterios favorables para una AC. Un escenario que ha provocado reacciones diversas en el espectro político.

Parlamentarios del Partido Socialista y Partido Comunista se encuentran analizando los puntos críticos que podrían favorecer al hermano de Quiroz: la integración tributaria y la rebaja impositiva de primera categoría, el crédito tributario al empleo, cambios a la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y el fomento a las viviendas DFL2 que introduce un impuesto único del 5% para rentas de arrendamiento.

• Los diputados Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS) han calificado como “inaceptable” que el redactor de un proyecto que disminuye impuestos a constructoras e inmobiliarias tenga un vínculo familiar directo con socios de dichas empresas sin haberlo transparentado. Según los legisladores, esta conducta vulnera el artículo 8 de la Constitución y la Ley General de Bases del Estado, normativas que obligan a los funcionarios a actuar con honestidad y lealtad al transparentar cualquier vínculo patrimonial o eventual conflicto de intereses.

La situación de Quiroz ha provocado un giro en las prioridades de fiscalización. En sectores de Chile Vamos, el apoyo a posibles libelos contra otros exministros, como Nicolás Grau, ha disminuido ante la percepción de que en el caso de Hacienda sí existen “méritos claros”. Como medida de presión inmediata, el caso ya fue derivado a la Contraloría General de la República, para que el órgano fiscalizador determine formalmente la magnitud de la omisión y si esta constituye una infracción técnica a la Ley de Probidad y Transparencia.

Una semana sin vocerías

Con el récord a cuestas del ajuste ministerial más rápido de la historia reciente, en La Moneda siguen dándose de cabezazos para ver quién lleva la voz cantante. Un apagón comunicacional que, con la Cuenta Pública respirándoles en la nuca, deja a la administración caminando por la cornisa justo cuando necesita desesperadamente mostrar que tiene la casa en orden.

El remedio post-Sedini fue repartir la vocería en dos: Claudio Alvarado –ahora biministro del Interior y Segegob– se queda con el perfil institucional, y el subsecretario Máximo Pavez asume la contingencia diaria. El problema es que Pavez ya carga con la Subsecretaría del Interior completa y hasta ahora no ha sido el único obligado a dar la cara por el Ejecutivo: el vacío es tan profundo que el desfile frente a los micrófonos ha arrastrado a otros subsecretarios –como José Francisco Lagos (Segegob)–, a quienes han tenido que tirar a los leones como voceros de emergencia para tapar los baches de un Ejecutivo sin relato.

El propio entorno oficialista describió el nuevo esquema como “aún en construcción”. Esas tres palabras, a 79 días de Gobierno, lo dicen todo. Y esta semana confirmó que el caos comunicacional no era Sedini.

• El ministro de la Segpres, José García Ruminot, reveló en un podcast que el Gobierno evalúa recortar la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años y revisar el crédito al empleo de la Ley Miscelánea –la reforma emblema de Kast– justo cuando el proyecto llega al Senado.
• Al otro día, Quiroz tuvo que salir corriendo a desmentirlo a medias, afirmando que los cambios podrían ser “eso u otras cosas, u otras cosas o nada”.
• Dos ministros del mismo Gobierno con mensajes contradictorios en 24 horas.

El remate vino desde el interior de la propia coalición. La senadora RN María José Gatica acusó a Quiroz de tener “poco tacto” y “no entender que detrás de los números hay personas”, y le pidió abiertamente que ceda el liderazgo de la negociación a García Ruminot. Una parlamentaria aliada bajándole el pulgar a un ministro propio en medio de la tramitación más importante del año.

En paralelo, la UDI aprovechó el ruido para relanzar su propuesta de fusionar ministerios –bajar de 25 a 19 carteras– y pedirle a Kast que lo anuncie el 1 de junio.

• La oposición lo leyó sin anestesia: una “salida fácil” para disimular que tres biministros sobrecargados no son una reforma del Estado, sino un parche con nombre bonito.

El patrón viene de antes. Cadem lo registró en la semana del 14 de mayo con un título que todavía duele en La Moneda: “Comunicaciones y seguridad: los principales flancos del gobierno”.

Los nuevos aires de Martín Arrau

No es casualidad que el viernes Gendarmería realizara un megaoperativo en distintas cárceles del país, ni que el nuevo ministro de Seguridad, Martín Arrau, llegara hasta el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (Repas), junto con el director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, a fin de revisar la forma en que funciona el lugar donde se encuentran recluidos los líderes de las principales organizaciones criminales que operan en Chile, como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos o los Trinitarios.

Uno de los focos que Arrau está imprimiendo a su gestión tiene que ver precisamente con el sistema penitenciario, que todos los expertos en el tema de la seguridad coinciden en que es el corazón del problema, pues el diagnóstico es conocido: una corrupción rampante, una sobrepoblación que sobrepasa todos los niveles y una institución carcelaria que siempre ha sido la hermana pobre de la PDI y de Carabineros.

Todo ello explica, además, la mano dura que –como informó El Mostrador– se les viene a los internos más complicados, incluyendo la denegación de visitas físicas (algo que ya existe en el Repas), pero con un matiz: Arrau ha dicho en privado que su intención no es ser un nuevo Bukele.

Pese a que el Presidente José Antonio Kast y la defenestrada Trinidad Steinert, exministra de Seguridad, visitaron durante el verano pasado el Cecot –la megacárcel de máxima seguridad de El Salvador–, el nuevo secretario de Estado está convencido de que ese modelo no es aplicable a Chile y que lo que falta es modificar y ampliar varios penales, así como modificar también algunos reglamentos internos.

Todo esto será parte del pool de anuncios que realizará el Mandatario este lunes, en su primera Cuenta Pública, pero los detalles, la operatividad y sobre todo los números serán desplegados por Arrau con mayores detalles el 2 de junio, cuando acuda al Senado, y al día siguiente, cuando vaya a la Cámara de Diputadas y Diputados.

El otro plan de seguridad, pero sin metáforas

No se trata de buscarle la quinta pata al gato, pero la ausencia de un plan de seguridad del Gobierno obliga a activar mayores filtros para distinguir lo real de lo metafórico, particularmente en materias relacionadas con el primer gran traspié de la administración de José Antonio Kast. Esto, a raíz de la Cumbre contra el Crimen Organizado Transnacional, realizada esta semana en Santiago.

• Primero veamos el vaso medio lleno. Siempre es relevante –coinciden todos los expertos– que Chile sea capaz de convocar a otros países para tratar temas de seguridad y comprometerse con algunas medidas auditables, a mediano y largo plazo. Es decir, una agenda común que permita analizar los avances desde una perspectiva cuantificable. O sea, realista. Sin pirotecnia.

Dicho esto, no habría cabida para una agenda de “política ficción”, como ha sido la tónica hasta ahora –al menos en nuestro país–. Menos con el agitado panorama que se vive en este lado del continente, con el Gobierno boliviano atrincherado en La Paz, Perú agobiado por un proceso electoral cuestionado, Ecuador marcado por la proliferación de la violencia y Argentina enfrentando la desaprobación más alta de la administración de Milei.

• El escenario regional no es alentador y tiene a Bolivia como su flanco más débil. Richard Kouyoumdjian, experto en seguridad y defensa, asegura que el país altiplánico se ha desordenado de nuevo y que la amenaza de narcotráfico y contrabando podría reactivarse. Un panorama que no solo preocupa a Chile, sino también a Argentina, país al cual también le desordena el naipe, particularmente en Rosario, cuyo control había sido recuperado.

La situación de Bolivia afectaría también los esfuerzos de reconducciones hacia Venezuela, en la medida en que la inestabilidad se mantenga, incrementando alternativas más onerosas, como la planificación de vuelos internacionales, tal como ha sido la tónica hasta ahora. Pero también hay otros factores en juego.

• Uno de ellos es la sintonía política de los países convocantes, una perspectiva que va más allá de aunar criterios, y que puede tener repercusiones negativas en la medida en que representen las aspiraciones de un breve ciclo político.
• De ahí la importancia, asegura el investigador Pablo Zeballos, de que estas iniciativas incorporen a instituciones estatales. “Para que estas cumbres sean efectivas, es importante convocar a los órganos permanentes, más allá de las definiciones políticas que suelen ser temporales”, dice.

Si bien la cita pretende garantizar el intercambio de información, la coordinación fronteriza y la trazabilidad de flujos financieros ilícitos, el desafío sigue siendo mayor, debido a que el crimen organizado suele avanzar más rápido que los gobiernos. Eso es lo que plantea el doctor en Ciencia Política Mladen Yopo respecto a las burocracias gubernamentales.

• “Son menos flexibles en términos de lo que es la institucionalidad y las leyes y, por lo tanto, es más difícil prever cómo enfrentar a estos grupos, lo que constituye un desafío general para perseguir la delincuencia y, particularmente, el crimen organizado”, concluye.

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