Polémica en el Congreso por informe para escoger al nuevo secretario general del Senado

El proceso de selección para proveer el cargo de secretario general del Senado, conducido por la Consultora Mundo Laboral, levantó una polvareda de críticas parlamentarios y dirigentes del Congreso Nacional. Ello debido a una serie de elementos considerados” inconsistentes en la aplicación de los criterios evaluativos y la metodología del informe final”, que le permitió al ex jefe de servicio Raúl Guzmán quedar entre los primeros 4 seleccionados.

La firma, contratada por trato directo en marzo, cargaba con un estigma de sospecha entre sindicatos y parlamentarios, debido a sus vínculos contractuales históricos con el Ministerio Público, institución de procedencia tanto de Guzmán como de su brazo derecho, el prosecretario Andrés Salas.

De un total de nueve postulantes originales, siete lograron sortear la fase curricular. Pero al llegar a la recta final, la brecha de excelencia se hizo evidente. Macarena Lobos Palacios y Luis Rojas Gallardo lideraron la tabla con una calificación casi perfecta de 99 y 98 puntos, respectivamente, situándose en la categoría de “Óptimo”,

Por lo anterior, la Comisión de Régimen del Senado resolvió que fueran los seleccionados para definir el cargo en la Sala este miércoles 3 de junio a las 16 horas.

“Inconsistencias en la metodología de evaluación técnica”

Según explican en el Congreso, el informe técnico de resultados desglosa la evaluación en dos grandes fases: un análisis curricular, que representa el 70% de la ponderación, y una evaluación psicolaboral, que corresponde al 30% restante.

Desde el poder Legislativos sostienen que respecto al análisis curricular, los criterios se dividieron en experiencia específica, formación especializada y trayectoria institucional, pero advierten los funcionarios que el examen de estos datos reveló disparidades en la asignación de puntajes.

En ese contexto, explican, postulantes con trayectorias superiores a los 20 años en el servicio público y con grados académicos de magíster o doctorado obtuvieron cero puntos en ítems específicos de este apartado. Entre los candidatos afectados por esta calificación se encuentran Claudio Pérez García (ex Defensor Regional de Valparaíso), Sebastián Salinero Echeverría y el exsubsecretario de minería Jorge Marcelo Gómez Oyarzo.

La fase psicolaboral ha sido identificada como uno de los puntos con menor transparencia técnica. Según el análisis de diversos sectores legislativos, la descripción de la metodología no integró el detalle de los indicadores de puntuación ni las definiciones de las categorías de evaluación (“Óptimo”, “Adecuado” o “Insuficiente”) de manera previa a la entrega de los resultados finales.

Esta ausencia de parámetros objetivos iniciales ha llevado a dirigentes gremiales y parlamentarios a sugerir que dicha instancia pudo ser utilizada para neutralizar perfiles externos competitivos que, por antecedentes académicos y profesionales, superaban a otros candidatos.

Un caso específico de exclusión por criterios de puntaje fue el de la abogada jefa de comisiones del Senado Pilar Silva García de Cortázar, quien alcanzó un total de 79 puntos, quedando fuera de la etapa final por una diferencia de una unidad respecto al umbral mínimo de 80 puntos exigido por la consultora. Fuentes del Congreso han señalado que su perfil técnico presentaba similitudes con otros finalistas que sí avanzaron, lo que ha generado dudas sobre la consistencia en la medición de las entrevistas. De igual forma, el abogado Francisco Vives no logró avanzar tras obtener puntajes inferiores en la fase de entrevista y por carecer de postgrados.

“Existe una inconsistencia entre la excelencia académica acreditada y los resultados psicolaborales que es sospechosa. Varios candidatos descartados poseían máximos honores académicos, como Magíster, y trayectorias institucionales de alta complejidad.

La interpretación de los gremios y parlamentarios sugiere que la evaluación psicolaboral fue utilizada para neutralizar perfiles externos competitivos que, por currículum, superaban a los candidatos con trayectoria interna en el Congreso”, advierte una fuente del Legislativo.

La interpretación más crítica del informe, por parte de quienes lo analizaron en el Legislativo,  indicar que a su juicio hay una falta de transparencia inicial: Mientras que los elementos técnicos (experiencia, formación y trayectoria) estaban detallados con sus respectivos tramos y puntajes en las bases, la metodología para la fase psicolaboral no fue explicada previamente.

La controversia técnica y política en torno a Raúl Guzmán

El exsecretario general Raúl Guzmán, conocido en el ámbito legislativo como “El Chapo”, ha sido el centro de una extensa polémica tras los resultados del informe. Guzmán, el excontrovertido jefe de servicio que ordenó en su gestión 37 sumarios según las causas laborales en su contra, obtuvo un puntaje final de 86 puntos, clasificando en la categoría de “Adecuado”. No obstante, advierten los senadores, su desempeño en el análisis curricular mostró debilidades en el área de formación académica especializada, donde obtuvo solo 4 de los 10 puntos posibles al no poseer un grado de doctorado, a diferencia de sus competidores directos, Macarena Lobos y Luis Rojas, quienes alcanzaron puntajes casi perfectos en esa área.

“No hay duda de que los dos mejores candidatos con Lobos y Rojas, por experiencia y currículo académico. Pero por ejemplo,  siendo de perfil académico similar Guzmán y Vives, el primero obtuvo cuatro puntos, mientras que el segundo que es el profesor, autor y abogado jefe tuvo cero de puntuación en los pergaminos, es raro eso”, sostiene un legislador.

Además de los resultados numéricos, se han reactivado cuestionamientos sobre su gestión previa y antecedentes públicos. Entre estos se mencionan la pérdida de un juicio laboral, el incidente ocurrido durante la pandemia de COVID-19 donde fue sancionado por romper la cuarentena sanitaria en un vehículo institucional, y su vinculación con el Ministerio Público junto a su cercano colaborador, el prosecretario subrogante Andrés Salas. También se reportaron dudas sobre informes realizados durante su etapa como asesor de la Fiscalía Sur.

La exclusión definitiva de Guzmán de la carrera por la Secretaría General se produjo en una sesión de la Comisión de Régimen Interior, donde se impuso la tesis del senador Manuel José Ossandón. Ossandón propuso que, dada la diferencia técnica significativa entre los primeros lugares y el resto, las entrevistas finales se limitaran únicamente a los postulantes calificados como “Óptimos”.

Esta moción fue secundada por Pedro Araya y apoyada por Yasna Provoste, Sergio Gahona, Iván Moreira y Claudia Pascual, resultando en una votación de cinco votos contra uno. La única oposición a esta medida provino de la presidenta de la comisión, Paulina Núñez, quien inicialmente planteó omitir las entrevistas o incluir a más postulantes, postura que fue rechazada por sus pares.

Reacción y molestia del Comité de Senadores del Partido Socialista

El Comité de Senadores del Partido Socialista (PS), representado por el senador Juan Luis Castro, manifestó una postura crítica y de rechazo frente a las determinaciones de la Comisión de Régimen Interior. A través de una declaración pública, el colectivo expresó su “profunda preocupación” por lo que consideran una alteración del procedimiento de selección originalmente establecido, lo que a su juicio afecta los principios de transparencia, equidad y debido proceso.

La molestia del PS radica en que la decisión de la comisión excluyó de forma “intempestiva” a candidatos que el informe técnico de la consultora ya había calificado como aptos para continuar en competencia, al haber superado los 80 puntos requeridos.

El senador Castro argumentó que la sesión de la comisión fue citada exclusivamente para conocer el reporte y no para modificar el mecanismo de selección, por lo que solicitó formalmente la invalidación de la decisión adoptada por la instancia.