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27/F Responsabilidad de civiles y militares

por 21 febrero, 2012

27/F Responsabilidad de civiles y militares
Basta ver el video de cómo funcionó esa especie de gabinete informal de crisis que se instaló poco después del terremoto en la Onemi, para darse cuenta que el país estaba sin conducción política efectiva. Era gente tratando de hacer algo.
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Es poco alentador para la salud del país el debate sobre mutuas responsabilidades en que se han enfrascado autoridades políticas y militares de la época del terremoto de febrero de 2010. Ello es una evidente muestra de la cultura del yo no fui que marca la política nacional desde siempre, y que hace perdurables la incompetencia o la improvisación como norma del funcionamiento institucional del Estado chileno. En su persistencia, nunca se verá a alguien asumiendo derechamente sus errores o aceptando la responsabilidad que les cabe, aunque por norma o cultura institucional estén obligados a hacerlo.

Tal es el caso de la actitud seguida por ex altos oficiales del ejército, entre ellos el actual subsecretario de Defensa y ex Comandante en Jefe del Ejército, general Oscar Izurieta y el general Cristián Le Dantec. Ambos han hecho sendas declaraciones que demuestran que en lo más profundo de la cultura militar chilena, prima la idea de que las FF.AA. son corporaciones autónomas, cuyos intereses institucionales corren paralelos a los intereses del país y se miden respecto de su propio bienestar interno.

Para dejarlo medianamente claro, nadie puede negar que en lo ocurrido en febrero de 2010 existe una clara responsabilidad del mando político civil, por ineptitud y falta de preparación para tareas que le son propias. Basta ver el video de cómo funcionó esa especie de gabinete informal de crisis que se instaló poco después del terremoto en la Onemi, para darse cuenta que el país estaba sin conducción política efectiva. Era gente tratando de hacer algo.

Operativamente, la ex Presidenta Michelle Bachelet no es responsable de que no hubiera ni comunicaciones, ni red de emergencia funcionando ni helicópteros que hicieran vuelos de reconocimiento, por lo menos no más que sus antecesores. Pero ella es responsable de haberse rodeado de un conjunto de personas perfectamente ineptas para enfrentar tales situaciones, o siquiera imaginarlas, y adoptar medidas preventivas al respecto.

Operativamente, la ex Presidenta Michelle Bachelet no es responsable de que no hubiera ni comunicaciones, ni red de emergencia funcionando ni helicópteros que hicieran vuelos de reconocimiento, por lo menos no más que sus antecesores. Pero ella es responsable de haberse rodeado de un conjunto de personas perfectamente ineptas para enfrentar tales situaciones, o siquiera imaginarlas, y adoptar medidas preventivas al respecto.

Muy responsable, porque entre sus mayores habilidades está el conocimiento de los temas de crisis. Fue ministra de Defensa, estudió estos temas en la ANEPE y en la Universidad de la Defensa en Estados Unidos, y durante su Ministerio se hicieron por lo menos dos ejercicios de simulación sobre manejo de crisis, Ventisca Uno y Dos, obviamente apuntados a conflictos y no a la realidad más inmediata del país.

Perfectamente la Presidenta Bachelet puede alegar, y con justa razón, que los temas y los instrumentos estaban así cuando ella llegó, y decir que en materia de planificación estratégica sobre catástrofes no tiene más responsabilidad que la que tiene el gobierno de Ricardo Lagos o el resto de los gobiernos de la Concertación. Sin contar la que tiene la dictadura militar y los dos gobiernos democráticos anteriores, de Salvador Allende y Eduardo Frei. En la historia espasmódica del yo no fui nacional, el último presidente en tomar decisiones estratégicas sobre catástrofes fue Jorge Alessandri luego del terremoto de 1960, creando a través de la Corfo un Comité de Telecomunicaciones que dio vida a ENTEL, finalmente privatizada por la dictadura militar en 1986. Y todo hace pensar que si hoy se volviera a repetir el hecho, con la incompetencia mostrada por el actual gobierno en materia de regiones, volvería a ocurrir algo muy similar.

Es discutible si en una situación como la vivida la ineptitud o incompetencia da lugar a responsabilidades penales. Pero sí es evidente que da lugar a responsabilidades administrativas y políticas, aplicables incluso a aquellos funcionarios que se omitieron o sólo aparecieron horas más tarde (con cara de yo no fui) como el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma. Eso en lo civil.

¿Y los militares?

Lo militar del tema requiere la misma rigurosidad y, tal vez más, por el papel que les cabe a las FF.AA. en materia de crisis. Por ello causan escozor las declaraciones del general (R) Izurieta al hablar del Plan Torrente, diciendo que este era un plan “… exclusivamente entre unidades militares…Y si la Onemi no tenía capacidades para comunicarse, era un problema de ese organismo”.

Es decir, para el Comandante en Jefe del Ejército y actual subsecretario de Defensa, un desastre de magnitud catastrófica en el “núcleo vital del país” como el ocurrido el 27/F, para hablar en terminología militar, no involucra el interés institucional. Es más, el militar ni siquiera recuerda si habló con la Presidenta de la República del plan, pese a que el país estaba conmocionado por la incomunicación y el nivel de la tragedia; y como gran conclusión saca que si hoy hubiese un terremoto igual “aconsejaría decretar inmediatamente el estado de excepción constitucional”.

Las declaraciones del general (R) Izurieta son muy parecidas al “me relajé” del Comandante en Jefe de la Armada. Son livianas, ya que no saca ninguna conclusión sobre los errores institucionales propios.

Las declaraciones del general (R) Izurieta son muy parecidas al “me relajé” del Comandante en Jefe de la Armada. Son livianas, ya que no saca ninguna conclusión sobre los errores institucionales propios, no explica que el diseño de Torrente, tercer sistema de comunicaciones del ejército, es básico sobre vínculos de radio, que obligan a consideraciones territoriales de entorno, y se diseñó también para servir de soporte a las comunicaciones con organismos civiles, entre ellos la Onemi, y no sólo para cuestiones administrativas del ejército. Acostumbrado a una cierta manera de ver la inversión sectorial, no percibe la paradoja de tener tres sistemas de comunicación y que no funcione ninguno.

Algo muy similar hace el general Le Dantec, en ese momento Jefe del Estado Mayor Conjunto, quien critica el mando civil basado en que desde hace 20 años los militares no se mandan solos en Chile. El general encargado de situaciones de crisis, aunque sólo llevaba cuatro días en el cargo, no sabía qué hacer, aunque sí sabía donde quería vivir, hecho que finalmente le costó el puesto.

Los errores del mundo civil para enfrentar la formación profesional que nuestra Constitución exige de sus Fuerzas Armadas, han estado inducidos de manera permanente por una doctrina del “diálogo civil militar”, rezago de la transición a la democracia, y no por un desarrollo profesional de civiles capaces de conducir los asuntos de la defensa y de trabajar conjuntamente con los militares, ordenando las prioridades estratégicas de la defensa.

El famoso “ejercicio de enlace” realizado por Augusto Pinochet por el caso “pinocheques” a comienzos de los ‘90 fue argumentado por el ejército en su época como un “ejercicio normal para medir el grado en enlistamiento de la fuerza militar” respecto de sus mandos y vínculos con sus unidades. Jamás como una medida de fuerza en contra de la democracia, que fue lo que realmente aconteció. Los civiles aceptaron la explicación, y como en muchos casos, también en éste, jamás pensaron en el desarrollo de una agenda profesional como elemento de relación, sino en tener “un buen ambiente”.

Lo que el 27/F dejó en evidencia es que nuestras fuerzas armadas, completas, no reaccionaron profesionalmente ante un hecho grave de la naturaleza, que requería un nivel de coordinación y comunicación efectivos en momentos de crisis y en tiempo real. Fallaron en su “capacidad de enlace” y de eso se dio cuenta todo el mundo, de manera que argumentar sobre la legalidad de lo que se puede o no hacer en tal o cual escenario, es no sólo secundario, sino un mal precedente de la política del yo no fuí.

El mando político, por errores propios, entre ellos nombrar a tales jefes militares y ministros, no tuvo información clave en un momento crítico. El Estado chileno ha sido lento en reaccionar sobre los instrumentos que le permitirían manejar un territorio difícil en una época de complejidad técnica y velocidad política. Bien harían los militares asumir sus propias responsabilidades para cumplir de manera adecuada el rol que les compete, y no escudarse en la incompetencia de los civiles. Así evitaríamos que en la próxima tragedia vuelva a ocurrir lo mismo.

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