Construmart, la nueva cruzada de Alberto Eguiguren, y el nexo de su estudio con el caso Sartor

Si partimos por el presente, las similitudes entre la batalla legal por la venta de Australis y la de Construmart no son pocas. Hay dos empresarios millonarios: Isidoro Quiroga y Gabriel Ruiz-Tagle. Los dos vendieron una empresa a firmas de capitales chinos: Quiroga la salmonera Australis a Joyvio y Ruiz-Tagle Construmart a Oriental Yuhong. Con una diferencia: el que acusa en el caso de la salmonera es el comprador y en el de la compañía de materiales de construcción es un vendedor, el aportante del FIP Hammer Julio Campos Arceu.

Otro elemento común son los estudios de abogados. Cariola y Cía. fue el asesor de los compradores chinos en ambos casos. Jorge Bofill (Bofill y Ramos) vuelve a ser el querellante: acusó de administración desleal a Isidoro Quiroga representando a Australis, y de estafa a todos los que resulten responsables a nombre de Campos Arceu, pero apunta a las decisiones del empresario Gabriel Ruiz-Tagle y su principal ejecutivo, Felipe Baraona Undurraga, al excluir a su cliente de la oportunidad de vender su participación en el FIP Hammer, que era dueño del 99,9% de Construmart, a Oriental Yuhong, privándolo de obtener un mayor valor.

También se repite Alberto Eguiguren, estratega legal de Joyvio, que ahora tiene como nuevo cliente a Campos Arceu y cuyo estudio Russi & Eguiguren invitó a Bofill y Ramos. Eguiguren firmó la querella por estafa junto a su socio José Miguel Sanhueza; a Jorge Bofill, César Ramos y Bárbara Yévenes (socios y asociada de Bofill y Ramos).

En las dos operaciones el conflicto legal estalló bastante tiempo después de la venta. En la de la salmonera pasaron cuatro años; en la de Campos un año y ocho meses. Y en ambas, los querellantes afirman que sus clientes fueron engañados y sufrieron un perjuicio económico: al ocultar Quiroga la sobreproducción de Australis a Joyvio, y Felipe Baraona y Gabriel Ruiz-Tagle por contar con información que Campos Arceu desconocía.

Un denominador común es el efecto de las querellas. “No tiene las redes de los Luksic, los Matte, los Angelini, y va a ceder rápido”, le dijo Alberto Eguiguren, refiriéndose a Quiroga, al entonces fiscal de Australis, Rubén Henríquez, según su declaración como testigo en la Fiscalía Oriente. Ceder era llegar a un acuerdo económico, pero Quiroga no cedió y a las dos querellas –una de Australis y otra de Joyvio, interpuesta por Gabriel Zaliasnik (en las que la Fiscalía Oriente decidió no perseverar)– se sumó un arbitraje, cuya sentencia fue anulada por la Corte de Apelaciones y un nuevo tribunal arbitral deberá dictar otro fallo.

Hay quienes opinan que, de existir un perjuicio económico, lo que correspondía en el caso de Julio Campos era una acción civil de indemnización de perjuicios. Muchas veces, sostienen tres abogados consultados, las querellas sirven como instrumento para causar temor, presionar y sentar a la contraparte a negociar. Más cuando Gabriel Ruiz-Tagle fue condenado el año pasado por la venta de acciones de Blanco y Negro, el 29 de mayo de 2018, haciendo uso de información privilegiada, porque como presidente del directorio conoció los estados financieros de la sociedad antes de que se hicieran públicos.

A Felipe Baraona lo representa en la parte civil el litigante Jorge Baraona González, y en lo penal Felipe de la Fuente y Lisandro Godoy. A Gabriel Ruiz-Tagle, el penalista Miguel Chaves (Chaves Abogadas y Abogados) y a su sociedad RTB, Jorge Gálvez (Gálvez y Cía.).

La querella por la venta de Construmart se erige como un nuevo capítulo para Alberto Eguiguren. Algunos más conocidos que otros. Fue abogado de Laboratorio Chile y de Paula Kraushaar, la viuda del controlador, a quien demandó reclamando un pago por gestionar la venta del laboratorio a Ivax Corp. Fue el brazo derecho legal de Nicolás Ibáñez, a quien asesoró en la venta de sus acciones de D&S a Walmart y le prodigó un triunfo en la Corte Suprema en el proyecto Parque Pümpin en Valparaíso. Y del excontrolador de Recalcine, Alejandro Weinstein, a quien hoy representa en el directorio del laboratorio colombiano Procaps.

Desconocidos, hasta ahora, son los servicios prestados por su estudio a sociedades vinculadas al caso Sartor, que ya tiene 11 formalizados por cinco delitos.

Nexo con factoring clave

El estudio Russi & Eguiguren, cuyos socios principales son Eguiguren, Carlos Russi y José Miguel Sanhueza, prestó servicios al factoring Emprender Capital (ECapital) y a su fundador y presidente Sergio Yáñez Astete (en prisión preventiva), contra quienes se querelló Toesca AGF, así como al Grupo Araucana y a la matriz de Sartor AGF. También realizó labores de cobranza, a través de una sociedad creada para tal efecto.

ECapital, a juicio del fiscal Juan Pablo Araya, que investiga el Caso Sartor, juega un rol clave, ya que provocó un “hoyo financiero” de $50 mil millones a los fondos administrados por Sartor AGF. En lugar de castigar la cartera morosa cedida por el factoring a los fondos de Sartor AGF, se emitieron nuevos pagarés haciéndola figurar como vigente y como un buen negocio para los fondos y no uno desastroso.

Como ocurre muchas veces, el vínculo nació por casualidad. O mejor dicho, por un cliente: en 2007 el estudio Honorato Russi & Eguiguren –de los socios Alberto Eguiguren, Carlos Russi y José Luis Honorato (quien, en 2013, se retiró y fundó HD Legal)– asesoró a la Inmobiliaria Fourcade en la venta a Aconcagua.

Yáñez era el gerente general de Fourcade e hizo buenas migas con la oficina de abogados. Cuando decidió emprender y junto a sus sobrinos en segundo grado Sergio y Francisco Gómez Yáñez creó en 2011 el factoring ECapital, recurrió a los servicios de Honorato Russi & Eguiguren, que designó a José Miguel Sanhueza para encargarse del nuevo cliente.

Sanhueza partió como asesor y fue tomando roles cada vez más importantes. En 2014 asumió como director de ECapital, lo que aparecía en su cuenta de LinkedIn hasta que el cargo fue borrado después de la revocación de existencia dictada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a Sartor AGF en diciembre de 2024.

Cuando Yáñez compró en 2015 la corredora de Bolsa de Productos de Sartor designó nuevamente en el directorio a Sanhueza. También fue el representante con poder de firma de Inversión y Gestión de Negocios (Inverges), la matriz y dueña del factoring ECapital, controlada por Yáñez Astete (60%) y sus sobrinos (40%). Así consta en el registro de representantes legales del Servicio de Impuestos Internos (SII), fechado 10 de abril de 2019.

De los directorios de ECapital y de la corredora de Bolsa de Productos Sanhueza habría salido a fines de 2020, porque Sergio Yáñez dejó de ser el controlador de ambas empresas y las dio en parte de pago al grupo Sartor.

A su papel de asesor sumó el de socio minoritario de Yáñez: el 27 de julio de 2017, abogado y cliente comparecieron en la notaría Andrés Rieutord para constituir la Sociedad de Inversiones Plaza Mayor SpA, vehículo que participa en distintas empresas del Grupo Araucana. La propiedad quedó repartida entre Yáñez con el 68,5% (vía Inversiones FyG SpA), Sanhueza con el 3% a través de Asesorías e Inversiones San Sebastián Ltda., y el 28,5% lo tenía el gerente general de ECapital (Manuel Lara, quien al año siguiente dejó el cargo y vendió su parte a Yáñez). Al 15 de noviembre del año pasado, Sergio Yáñez figura como socio con un 97% y Sanhueza con el 3% mediante las mismas sociedades, según el registro de composición de sociedades del SII.

Creada para invertir en el negocio inmobiliario, Plaza Mayor SpA posee un 7,48% de la Sociedad de Inversiones Araucana, matriz de varias empresas del grupo del mismo nombre, de acuerdo con el mismo registro del SII a noviembre de 2025.

Cuando Inversiones Río Serrano SpA fue constituida el 17 de agosto de 2016, ante el notario Iván Torrealba, sus socios eran Sergio Yáñez (33,3%), José Miguel Sanhueza (33,3% a través de Asesorías e Inversiones San Sebastián) y Lara (33,3%, quien cedió su parte a Yáñez dos años después).

En marzo de 2021, se produjo un cambio: Inversiones y Asesorias Sartor, la matriz de Sartor AGF, le inyectó $1.050 millones a Río Serrano SpA, tomando el 75% de la propiedad y Asesorías Financieras y Contables Santa Teresa SpA (de Sergio Yáñez, su mujer e hijas) el 25%. No se sabe para qué fue ese aumento de capital, Sanhueza y su sociedad dejaron de participar, pero no definitivamente: en noviembre de 2025 según el registro de sociedades del SII, en Río Serrano figuran como accionistas Yáñez con Santa Teresa (85,97%), Hugo Baranda, a través de Santa Beatriz (8,25%), Beit Lahm de Juan Carlos Jorquera (3,08%) e Inversiones San Cristóbal (2,7%), cuyos socios en partes iguales son Alberto Eguiguren (Asesorías e Inversiones Imahue), Carlos Russi (Russi y Costabal) y Sanhueza (San Sebastián).

Múltiples pagos a Russi & Eguiguren

Al rol de Sanhueza como abogado de cabecera, socio minoritario y director de las empresas de Sergio Yáñez, se sumaron los servicios prestados por Russi & Eguiguren a distintas sociedades bajo la lupa del Ministerio Público.

Asesorías e Inversiones Sartor, la matriz de Sartor AGF y cuyo accionista principal es Pedro Pablo Larraín Mery (en prisión preventiva), desembolsó $21,5 millones en 2018 a Asesorías Profesionales Russi & Eguiguren –sociedad bajo la cual opera la oficina de abogados–, de acuerdo con facturas a las que accedió El Mostrador en el SII.

ECapital, por su parte, pagó entre 2016 y 2021 un total de $236,4 millones a Russi & Eguiguren, según documentos tributarios del SII. El monto mayor fue en 2019 ($156,5 millones), lo que coincide con la reestructuración que realizó el factoring y que permitió transformar la cartera deteriorada que tenían los fondos de Sartor AGF en pagarés vigentes. Estos fueron suscritos por Inverges, la sociedad controlada por Yáñez, como deudor en favor de los fondos y llevan su firma y la de Sanhueza; ambos como representantes de la compañía.

Asesorías Financieras y Contables Santa Teresa SpA, la matriz de los negocios de Yáñez, pagó facturas por un total de $10,9 millones (entre 2016 y 2019) a Russi & Eguiguren, según datos del SII.

Dedicado al negocio inmobiliario, el Grupo Araucana, conformado por las familias de Samuel Levy, de Roberto de Mizrahi, de Alfredo Ergas y de Sergio Yáñez, también contó con los servicios de Russi & Eguiguren, gracias a la recomendación de Yáñez. El pago más grande corresponde a Asesorías Araucana (perteneciente en un 100% a la Sociedad de Inversiones Araucana SpA, matriz de varias empresas del grupo): $100.146.280 en 26 facturas entre 2017 y 2019, siendo el monto mayor en 2018 ($87 millones).

Mientras la Sociedad de Inversiones Araucana SpA desembolsó $24,3 millones en 13 facturas entre 2016 y 2020. Inmobiliaria Altos de Lonco SpA, propiedad en un 50% de Sociedad de Inversiones Araucana SpA, pagó $11,6 millones entre 2016 y 2019. Altos de Lonco II, $3,7 millones en 2018. Inmobiliaria Walker Martínez, que es 100% de Inversiones Araucana, una factura por un monto menor ($216.350) en 2016. Inmobiliaria Valle Azul S.A, $16,1 millones entre 2019 y 2020. Araucana Desarrollo Inmobiliario SpA una factura menor ($239.194) en 2019. Parque Logístico Coronel otra factura chica ($810.15o) en 2019. Y la sociedad Senior Assist, empresa de la Sociedad Inversiones Araucana y propietaria de seis residencias para adultos mayores que opera Acalis, tiene solo una factura por $1 millón en 2017.

Fue una relación amplia que abarcó desde la matriz a proyectos inmobiliarios.

Otra fuente de ingresos fueron las labores de cobranza que realizó la sociedad Mount Zion SpA, conformada el 9 de febrero de 2022 por los abogados Eguiguren, Russi, Sanhueza y Phillipe Soumastre, quien ese año entró al estudio Russi & Eguiguren. ¿De dónde venía Soumastre? Del factoring ECapital, donde trabajó cinco años como oficial de cumplimiento, lo que exige la CMF a empresas financieras para reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), prevenir el lavado de activos, tomar medidas en caso de haber personas políticamente expuestas. Al entrar Soumastre al estudio, crearon la sociedad para hacer gestiones de cobranza.

Mount Zion registra pagos de Asesorías e Inversiones Sartor, la matriz de la AGF, por $20,6 millones entre 2022 y 2024; de Asesorías e Inversiones Cerro El Plomo SpA por $85 millones entre 2022 y 2024; de los fondos Sartor Proyección, $66 millones entre 2022 y 2024; Sartor Táctico, $12,7 millones entre 2024 y 2025; y del FIP Deuda Privada $4,5 millones en 2023 y 2024. Del factoring ECapital, $64 millones entre 2022 y 2025, y de Emprender Leasing, montos menores.

Un detalle: en 2024 Asesorías Profesionales Russi & Eguiguren y Mount Zion incorporaron a los abogados Carlos Vergara Wistuba, Jaime Salas Vergara y Gonzalo Rivera Zaldívar, quienes entraron como socios al estudio en 2021 y 2022.

Las dos ofertas por Construmart

El interés de Oriental Yuhong por Construmart partió con una oferta no vinculante en mayo de 2024, que valorizó el 100% de la empresa en aproximadamente $105.300 millones, según la querella. El FIP Hammer, dueño del 99,9% de Construmart, condicionó la negociación a que comprara el 100% de las acciones, fijando un valor de $140 mil millones que luego rebajó a un mínimo de $130 mil millones, afirma la acción penal.

El 4 de noviembre de 2024, la firma china hizo llegar una oferta formal al FIP Hammer que consistía en la compra inmediata del 51% y el 49% restante a marzo de 2028 con una fórmula variable. La querella no detalla los montos. Solo menciona a pie de página “Final Offer Oriental Yuhong 4 de noviembre de 2024”.

El comité de inversiones del FIP Hammer, compuesto por tres miembros, era el mandatado por los aportantes para aprobar una venta. Por reglamento dos debían ser dueños de cuotas de la serie B y solo había dos sociedades que cumplían ese requisito: Inversiones Andalucía Ltda. y LarrainVial Servicios Profesionales Ltda.

Por esa razón, Julio Campos, socio de Andalucía, y José Miguel Barros, presidente de LarrainVial Activos AGF, integraban el comité de inversiones. El tercero era Felipe Baraona, representante de RTB, la sociedad de Gabriel Ruiz-Tagle y mayor aportante del FIP Hammer con un 48,4% de la serie A. No tenía nada de la B que, en caso de una venta, recibía un premio al que no accedía la serie A.

LarrainVial Servicios Profesionales –aportante y a la vez asesor financiero del FIP Hammer para llevar adelante una venta– estudió la oferta china. Campos y Barros mostraron una posición favorable en el comité de inversiones. Baraona no estuvo de acuerdo y comunicó que Ruiz-Tagle solo aceptaría una oferta por el 100% de Construmart. Bastaba con mayoría simple, o sea, dos de los tres miembros del comité, pero no se adoptó una decisión.

El 29 de noviembre de 2024, un día antes de que expirara la oferta de Oriental Yuhong, Inversiones RTB SpA de Ruiz-Tagle hizo una contraoferta: $84 mil millones pagaderos al contado por el 100% de las acciones de Construmart que tenía el FIP Hammer.

Hubo pocas horas para decidir: estando las dos ofertas sobre la mesa, Campos y Barros aprobaron la de Ruiz-Tagle y Baraona se abstuvo por existir un conflicto de intereses, ya que representaba al potencial comprador. Aunque no estaba en el reglamento del FIP, Baraona propuso que fuera ratificada en una asamblea extraordinaria de aportantes. Y casi un mes después, el 30 de diciembre de 2024, por unanimidad la asamblea ratificó la venta a RTB, detalla la querella.

Premio para Campos y LV por cuotas de la serie B

Al día siguiente, prosigue la acción penal, “el FIP Hammer y LarrainVial celebraron con RTB un contrato de promesa de compraventa. El escaso tiempo que separa ambos hechos demuestra que el instrumento estaba preparado y sustancialmente acordado al momento de someterse la operación a los aportantes”.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) debía aprobar la operación, como lo acordó la asamblea de aportantes, lo que ocurrió el 28 abril de 2025. Y al día siguiente, el 29 de abril, se hizo el traspaso de las acciones del FIP Hammer, cuyo único activo era Construmart, a Inversiones RTB.

Julio Campos recibió $13.192 millones, consigna la querella, por las cuotas de sus cuatro sociedades, de los cuales $3.625 millones correspondieron a Inversiones Andalucia, dueña de 650 cuotas de la serie B que se llevaron un premio. También lo recibió LarrainVial Servicios Profesionales, propietaria de 350 cuotas B.

Otros aportantes eran ICC, la sociedad de Guillermo Harding, el segundo más grande con un 17%; Chacabuco S.A. de la familia Larraín Cruzat (controladora de LarrainVial) con el 10,7%; Rentas de Capitales Mobiliarios de José Yuraszeck, con 3,53%. Más atrás, Inversiones Atacama (2,35%) de Beatriz García, la mujer de Felipe Baraona, Inversiones Doña Tati de Baraona (0,24%), Nicolás Noguera (0,19%). Y los ejecutivos o directores de filiales de LarrainVial, José Miguel Barros (1,35%), Juan Luis Correa (0,5%), Felipe Porzio (0,35%), Manuel Bulnes (0,34%). Todos de la serie A.

Ruiz-Tagle y Baraona encargan informes en derecho

El 17 de julio de 2025, apenas 79 días después del traspaso de las acciones de Construmart a RTB, se hizo público que Oriental Yuhong compraría el 100% de Construmart a Ruiz-Tagle “en aproximadamente US$123 millones, una cifra sustancialmente superior al precio pagado por RTB”, sostiene la querella.

“La rapidez de una operación internacional de esa magnitud constituye un indicio manifiesto de que las conversaciones se habían iniciado antes del cierre de abril”. Y plantea que Ruiz-Tagle y Baraona, en su calidad de director el primero y presidente de Construmart el segundo, tenían el deber de informar al FIP Hammer si siguió habiendo interés de los chinos por comprar después de la oferta que no llegó a puerto.

Baraona y Ruiz-Tagle –según pudo confirmar El Mostrador– encargaron informes en derecho a conocidos abogados para demostrar que no tenían deber de informar como directores de Construmart durante el período comprendido entre el 29/11/24, cuando el comité de inversiones del FIP Hammer aprobó la venta a RTB, y el 29/4/25, fecha del traspaso de las acciones a RTB.

Será una linda discusión jurídica determinar cuándo la compañía se considera vendida: si fue cuando el comité de inversiones dio el visto bueno a la oferta de RTB o el 29/4/25 con el traspaso de las acciones de Construmart.

“Baraona conoció, debido a su cargo (representante de RTB), el interés de Oriental Yuhong por adquirir Construmart. En lugar de comunicar esa oportunidad al accionista (FIP Hammer) y conducirla en beneficio de la compañía (Construmart), representó al vehículo comprador (RTB) que, posteriormente, la aprovechó y terminó participando en la venta final mediante una sociedad de su propiedad”, sostiene la querella.

Inversiones Doña Tati de propiedad de Felipe Baraona e Inversiones Atacama Ltda, de su mujer, vendieron acciones a Oriental Yuhong en circunstancias de que ya las habían vendido a RTB. “Ello solo puede explicarse porque RTB le transfirió acciones, o se obligó a transferirlas, precisamente para que las sociedades vinculadas a Baraona participaran de la venta a Oriental Yuhong y no se privaran del mayor valor del que, en cambio, sí quedaron privados nuestras representadas (…). La investigación deberá determinar la fecha, precio y título de los traspasos previos a esas sociedades y el beneficio obtenido por cada una”.

Dardos contra LV y el cambio de los chinos

Hay varios dardos en contra de LarrainVial por la superposición de funciones: era aportante, asesor financiero en la venta y varios de sus ejecutivos o socios tenían cuotas del FIP Hammer. “Su intervención exigía la mayor transparencia posible. Quienes asesoraban al vendedor y controlaban la información financiera serían también vendedores y beneficiarios de la operación”. Pero LarrainVial vendió sus cuotas a RTB, al igual que Campos y el resto de los aportantes. Y se llevó una comisión por éxito, como asesor del proceso, emitiendo una factura por $557.836.30024, detalla la querella.

“La breve vigencia de la oferta de RTB, la ausencia de competencia y el precio fijo e inferior a la oferta de Oriental Yuhong, son indicios graves de que LarrainVial no cumplió con ese deber fiduciario con el Fondo y sus aportantes, en tanto asesor financiero, aun sin considerar la reventa posterior al mismo Oriental Yuhong en un cortísimo plazo, por parte de Gabriel Ruiz-Tagle y Felipe Baraona”, señala la acción penal.

Una pregunta obvia es por qué Oriental Yuhong no compró el 100% de Construmart desde el comienzo y lo hizo meses después. La llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025 y el anuncio de altos aranceles a las importaciones chinas en abril pudieron haber provocado un cambio de estrategia a nivel global. Construmart es una cadena de distribución donde los chinos pueden vender sus productos y no pagan arancel alguno.

La fórmula pactada por Oriental Yuhong con Ruiz-Tagle fue la misma ofrecida al FIP Hammer: 8,4 veces el Ebitda, según publicó La Tercera citando a exaportantes del FIP en su edición del 17 de julio de 2025. Y si el precio final resultó mayor, pese a ser la misma fórmula, fue porque los resultados y el Ebitda de Construmart, según esta misma versión, mejoraron en más de 30% entre fines de 2024 y el primer semestre de 2025 cuando los chinos compraron el 100% de Construmart.